La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acumula señalamientos por despidos injustificados, presunta opacidad en contratos y operativos de “mano dura” contra comerciantes.
A poco más de un año de haber asumido la titularidad de la alcaldía Cuauhtémoc, la gestión de Alessandra Rojo de la Vega se ha consolidado no solo por sus denuncias contra administraciones pasadas, sino por una serie de controversias internas y externas que han marcado su ejercicio.
El estilo de gobierno, caracterizado por represón y operativos sin aviso previo, ha generado un clima de tensión constante con sindicatos, comerciantes y adversarios políticos, quienes acusan a la alcaldesa de autoritarismo y de utilizar el aparato administrativo con fines de revancha o control político.
Conflicto laboral y acusaciones de despidos masivos injustificados
El escándalo más persistente de su administración ha sido el conflicto laboral con el personal de base y sindicalizado de la demarcación.
Bajo la bandera de combatir la corrupción y la figura del “aviador” heredado de gestiones anteriores, Rojo de la Vega implementó una reestructuración de personal que se tradujo, de acuerdo a denuncias sindicales, en la separación o reubicación forzosa de cientos de trabajadores.
Los empleados afectados han acusado a la alcaldesa de realizar despidos injustificados por motivos políticos, argumentando que las bajas se concentraron en personal con afiliación o simpatía hacia el partido opositor que gobernó la demarcación previamente.
Estas decisiones han derivado en múltiples manifestaciones, paros laborales y la interrupción de servicios, lo que ha puesto en evidencia la inestabilidad interna en el funcionamiento operativo de la alcaldía.
Uso de recursos y señalamientos por presunta opacidad
Su administración ha enfrentado críticas por el manejo discrecional de recursos. Un foco de controversia ha sido la contratación y adjudicación de servicios de seguridad privada y vigilancia.
Se ha señalado una presunta falta de transparencia en la selección de proveedores para estos servicios, sugiriendo que los montos contratados no siempre se justifican con la mejora real de la seguridad en la demarcación.
Una investigación realizada por Los Reporteros Mx reveló graves contradicciones, omisiones y una evidente manipulación de cifras. La alcaldesa presumió los “logros” que beneficiarían, según ella, a los más de 545 mil habitantes de esa demarcación. Entre estos estaban la instalación de 51 mil luminarias, adquisición de 53 patrullas nuevas y recuperación de 20 mil metros cuadrados de vía pública.
Pero la alcaldesa de oposición olvidó mencionar un detalle fundamental: las patrullas no son propiedad de la alcaldía; son arrendadas. Por si fuera poco, documentos oficiales de la propia alcaldía se contradicen sobre el número exacto de unidades y su costo real.
Choques por el reordenamiento urbano y abuso de autoridad
La política de “mano dura” en el reordenamiento del espacio público ha sido otra fuente constante de escándalos.
Los operativos de desalojo de comerciantes informales, especialmente en las colonias Juárez, Centro, y Tepito, han sido frecuentes y polémicos. Comerciantes ambulantes y organizaciones vecinales han denunciado que estos operativos se llevan a cabo con exceso de fuerza, intimidación y sin agotar las vías de diálogo o de reubicación formal.
En varios incidentes documentados, se han reportado confiscaciones de mercancía y enfrentamientos directos entre el personal de la alcaldía y los vendedores, lo que ha escalado las tensiones sociales.
Y como si todo lo anterior no bastara para el expediente de escándalos, recientemente la alcaldesa “invitó amablemente” a comerciantes de La Lagunilla a formar parte de la famosa marcha de la supuesta Generación Z, ese evento que buscó venderse como espontáneo pero que tuvo más producción que un espectáculo del Ajusco.
Incluso se señaló que la movilización habría sido financiada para quedar bien con su conocido aliado, Ricardo Salinas Pliego. Un cierre digno para una administración que, en vez de gobernar, parece empeñada en competir por el premio a la mejor telenovela política del año.
Al final, Alessandra Rojo de la Vega parece empeñada en demostrar que, si no puede gobernar con resultados, al menos puede gobernar con escándalos. Su administración avanza como sus operativos: sin aviso, sin consenso y con más ruido que claridad. Rojo de la Vega domina el espectáculo, lástima que la alcaldía no necesita una influencer, sino una administradora.
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