El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó al juez Brian Cogan que Genaro García Luna, después de 2012, tras retirarse del servicio público en el gobierno federal mexicano, continuó colaborando con el Cártel de Sinaloa y llenándose los bolsillos de dinero proveniente del narco.
El argumento del grupo de fiscales federales estadunidenses, liderado por Breon Peace, se dio en oposición a la defensa de García Luna, que solicitó a Cogan prohibir como evidencia “la riqueza y los lujos” que su defendido acumuló después de 2012.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP)– reporta que García Luna se robó 250 millones de dólares siendo secretario de Seguridad Pública”, citan los fiscales en la carta entregada a Cogan.
En la demanda civil interpuesta en Miami, Florida por el gobierno de México contra García Luna y sus socios de una firma de asesoría en materia de seguridad, se indica que el robo supera los 250 millones de dólares.
“A lo largo de su carrera como servidor público en el gobierno federal García Luna robó 600 millones de dólares”, dice la investigación.
No obstante, la mano derecha y secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, García Luna fue también director de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigaciones en la presidencia del también panista Vicente Fox.
Peace expuso al juez Cogan, cómo el acusado, Genaro García Luna, siguió recibiendo dinero del Cártel de Sinaloa por el tráfico de drogas de 2012 a 2019.
La maraña financiera de García Luna, como funcionario mexicano del año 2000 hasta el 1 de diciembre de 2012, arrastra transacciones misteriosas que los fiscales estadunidenses prometen explicar y probar en relación con el trasiego internacional de narcóticos.
Por su parte, la UIF da cuenta que, cuando García Luna fue secretario de Seguridad Pública, desde cuentas gubernamentales a su cargo o bajo su supervisión se hicieron transferencias a cuentas bancarias asentadas en instituciones financieras de Panamá, países caribeños e Israel.
Documentos sobre los depósitos y pagos millonarios que sumarían los 600 millones de dólares saqueados al erario mexicano son parte de las evidencias que presuntamente tiene en su poder el gobierno de Estados Unidos gracias a la colaboración con la SHCP.
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