FUDEMAH en defensa del agua contra Coca Cola

Qué curioso, el municipio de Soyaniquilpan (Estado de México) debe su nombre al nahuatl: Tzatzayani, que significa se rompe, quilit, que significa Yerba, atl o agua y pan que quiere decir en; Como conclusión el significado etimológico reza: “lugar de agua donde la hierba se rompe” solo que, en la actualidad y como consecuencia de las políticas privatizadoras desde Peña Nieto, en esa región Otomí lo que está a nada de quebrarse es el agua que pronto solo existirá en el nombre del Municipio si no se toman acciones inmediatas para acabar con el saqueo del recurso natural más importante de los seres vivos.

Como antecedente de la alarmante situación y las graves consecuencias, baste revisar los diez decretos de “reserva” de agua firmados hace casi 7 años por el último presidente priísta en el marco del día mundial del medio ambiente: La eliminación de vedas de alrededor de 300 cuencas hidrológicas, nada más y nada menos del 55 por ciento de los lagos y ríos de la nación que cambiaban la figura prohibitiva por una figura de “reserva” para uso doméstico, público, urbano y ambiental. Y lo más absurdo: para conservación ecológica de las propias cuencas hidrológicas.

Desde la publicación del decreto en junio de 2018, diversos colectivos, entre ellos la CODUC, denunciamos que la política privatizadora del agua pretendía transitar de un origen ilegítimo hacía lo legal, avanzar hacia la legitimidad por un tercero, para terminar (intencionalmente) en la completa ilegalidad. Explico aquí las razones de éste tránsito: Lo ilegítimo se da en razón de qué las principales beneficiarias de aquella disposición serían las transnacionales, además de la opacidad en la que se otorgaban dichas concesiones; lo legal, en tanto que el decreto cambiaba el régimen jurídico de veda a “reserva” permitiendo al gobierno otorgar las concesiones; lo legítimo consistía en utilizar la asesoría del organismo internacional WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) que les permitía matar dos pájaros de un tiro: Desprestigiar a quiénes denunciábamos la privatización por un lado, comprando la legitimidad internacional por otro. Y, finalmente, la ilegalidad que es la que hoy como FUDEMAH denunciamos. Agrego un dato curioso hablando de WWF (los del famoso logo del panda): con desdoro para la causa que dicen defender, señalaron ante la publicación de los decretos, que estos protegerían a “la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar”. Algo así como la OCDE cuando señala que las políticas neoliberales combaten la pobreza.

En esta ocasión cito el caso de PROPIMEX como beneficiaria de aquel decreto: Si se revisa la información del portal de internet del Registro Público de Derechos de Agua (RPDA), se demuestra que PROPIMEX es concesionaria del título de un título de concesión y está vinculada a las marcas comerciales “Ciel” y “Coca-Cola”. De acuerdo a la información del RPDA, este título de concesión ampara un volumen alarmante de extracción de 2 millones de metros cúbicos anuales para uso industrial, sin embargo, dicha empresa embotella aguas nacionales para su venta al público. Es decir, viola disposiciones de nuestra Constitución Política y de la Ley de aguas nacionales en virtud de que el embotellado de aguas nacionales para su venta al público en general es una actividad prohibida.

Como se puede observar, siete años después, el tiempo nos ha dado la razón a los colectivos que iniciamos una jornada de lucha frente a esos decretos, aunque, como está la situación actual, francamente nos quedamos cortos en los señalamientos que realizamos en su momento. A parte de las afectaciones de Niagara Bottling, ya de por sí graves, sumemos que PROPIMEX no cuenta con uno, sino con dos “aprovechamientos” en la región hidrológica Lerma-Santiago del acuífero Valle de Toluca, lo que nos hace sostener que la sobre explotación terminará por colapsar el derecho humano al agua.

La batalla comenzó en defensa de los derechos humanos a la salud, al medio ambiente, y de acceso al agua de los núcleos agrarios y de comunidades indígenas que ha sido nuestra principal bandera de lucha, las autoridades competentes deben de manera inmediata clausurar temporalmente los aprovechamientos de aguas nacionales a fin de que se impida la continuación del embotellado para su venta al público, o aplicar cualquier otra medida firme y ejemplar basada en la ley que salvaguarde el destino de los recursos hídricos, tan solo por ser bienes inalienables propiedad de la Nación, incluso como asunto de seguridad nacional. Batalla que, por cierto, bien merece un pronunciamiento categórico de Efraín Morales como titular de CONAGUA y de la presidencia de la república, dadas las coincidencias con el plan hídrico que puede representar para las comunidades, la reivindicación definitiva de sus derechos y la protección de su entorno.

Por último, las empresas, como todas las transnacionales que se benefician de la rapacidad, pueden cuestionar de manera soberbia qué, ¿de cuando a acá, una fundación puede venir a trastocar nuestro cuantioso negocio de explotación de aguas nacionales? A ellos les respondemos dos cosas contundentes: ni como país estamos en la era privatizadora, ni como Fundación para la defensa del medio ambiente violamos principios éticos como la WWF, todo lo contrario, estamos convencidos que la lucha organizada y la denuncia popular desde la sociedad civil pronto alcanzará la justicia ambiental y social para todas y todos. Como diría el gran Heberto Castillo: “no luchamos por tener asegurada la victoria, sino porque tenemos la razón”