El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial imponer un impedimento de salida por 36 meses a la destituida presidenta, mientras avanzan las investigaciones por presunto lavado de dinero vinculado a “Los Dinámicos del Centro”.
La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial imponer un impedimento de salida del país por 36 meses a la destituida expresidenta Dina Boluarte, quien enfrenta una investigación por presunto lavado de activos dentro del caso de corrupción conocido como “Los Dinámicos del Centro”.
El pedido fue presentado por el fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocóndor, quien argumentó la necesidad de restringir los desplazamientos internacionales de Boluarte mientras continúan las diligencias en su contra. En caso de ser aprobado, la exmandataria no podría abandonar territorio peruano durante los próximos tres años.
El requerimiento será evaluado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, adscrito a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que deberá convocar una audiencia para sustentar el pedido. En esa sesión, la defensa de Boluarte podrá oponerse o allanarse a la medida.
De manera paralela, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que presentará un requerimiento similar ante la Corte Suprema, aunque aún no precisó el caso concreto en el que basará su solicitud.
El proceso contra Boluarte avanza luego de que el Congreso peruano la destituyera de forma unánime por “incapacidad moral”. La medida de la Fiscalía busca evitar que la exmandataria abandone el país mientras se esclarecen los presuntos vínculos de su administración con una red de corrupción que habría operado desde su entorno político.
El caso ha generado alta tensión política en Perú, donde sectores de la oposición y del oficialismo exigen que el proceso judicial se lleve a cabo con transparencia y sin interferencias, en medio de la crisis institucional que persiste tras la salida de Boluarte del poder.
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