La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que impidió la ejecución de la orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, señalado por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero, en relación con la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil.
De acuerdo con la resolución, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal deberá decidir en un plazo de 48 horas si confirma, modifica o revoca la medida que mantiene protegido a Aureoles Conejo. El 22 de abril, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, a través de su secretario en funciones de juez, José Alberto Rodríguez Rivera, concedió la suspensión provisional, con una garantía de 52 mil pesos, la cual ya fue pagada.
Mientras la suspensión esté vigente, la FGR no podrá detener al exmandatario, incluso si llegara a imponerse prisión preventiva justificada. No obstante, Aureoles Conejo debe cumplir aún con el requisito de comparecer ante el juez que lo requiere en un plazo de tres días hábiles; de no hacerlo, la protección judicial quedaría sin efecto.
La Fiscalía sostiene que Silvano Aureoles y cuatro de sus excolaboradores provocaron un daño patrimonial estimado en 3 mil 400 millones de pesos, mediante la adquisición irregular de cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a los cuatro exfuncionarios, quienes fueron imputados también por el presunto desfalco que afectó tanto al erario federal como al estatal, en una operación que se perfila como una de las más graves de los últimos años en Michoacán.
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