Exprocurador Murillo Karam es presentado ante un juez en el Reclusorio Norte

Durante la audiencia que se sigue en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam, dos padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa comparecen en calidad de testigos en la sala contigua al exfuncionario.

Ante la sala los padres fueron presentados con las iniciales MCGC y HHR, padres del estudiante CMGH, quienes no contaban con asesoría legal directa en la sala en la que estaban, razón por la cual el abogado ordenó brindarles acompañamiento.

Sin embargo, debido a que la defensa del exprocurador no ha recibido la carpeta de investigación, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia decretó un receso de una hora para que puedan revisar los documentos.

En la sala también está la abogada Daniela Aguirre Luna, quien representa a seis víctimas de tortura de identidad reservada que acusan directamente al exprocurador por este delito cometido en la llamada “verdad histórica”.

Murillo Karam llega al Reclusorio Norte

El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, llegó al Reclusorio Norte la mañana de este sábado para comparecer ante un juez por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia que se le imputan en el caso Ayotzinapa.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, y desde las instalaciones de la fiscalía general de la República en Tacubaya, donde pasó la noche, el exgobernador de Hidalgo arribó a las 7:15 de la mañana.

Tres camionetas de la Marina Armada de México y motocicletas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía fueron los encargados de escoltar al exfuncionario hasta dentro del Centro de Justicia Penal Federal, donde tiene programada su audiencia a las 9 de la mañana.

Debido a que el delito de desaparición forzada amerita prisión preventiva oficiosa o prisión automática, Karam podría ser encarcelado luego de ser presentado ante un juez. De declararlo culpable por los tres delitos, podría recibir de 43 a 82 años de prisión.

Sin embargo, su defensa aún podría argumentar que Karam tiene ya 74 años para intentar cambiar la medida cautelar de prisión preventiva para intentar que afronte su proceso en libertad. También podría pedir la duplicidad de tiempo, lo que le daría hasta 144 horas más a sus abogados para armar la defensa del funcionario.

Hasta el momento, por parte de Murillo Karam, han arribado los abogados defensores Javier y Antonio López, quienes se negaron a dar declaraciones. Por su parte también arribó Santiago Aguirre, abogado de algunos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien de igual forma se negó a dar declaraciones.

Se otorgó un receso

El juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien preside la audiencia inicial de Jesús Murillo Karam en la sala número dos, dio una hora a la defensa del extitular de la PGR para que revise la carpeta de investigación que la FGR inició en su contra por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y obstrucción de la justicia.

Por lo que, transcurridos 15 minutos de iniciada la comparecencia en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, el juzgador decretó un receso para que los abogados defensores de Murillo Karam, Antonio López Ramírez, Elba Marina Vázquez Mendoza y José Xavier López García conozcan el expediente bajo la causa penal 307/2022 del que, acusaron, apenas esta mañana el Ministerio Público Federal les corrió traslado.

Como parte de su estrategia de acusación, los fiscales de la FGR, Lidia Bustamante y Sergio Navarro, presentarán testimonios de padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En tanto, que la abogada de oficio, Daniela, Aguirre, coadyuvante de los fiscales, presentará a víctimas sobrevivientes de tortura con la que supuestamente se construyó la llamada “verdad histórica“.

En los primeros minutos de la audiencia, el juez Fuerte Tapia pidió a los fiscales conducirse con claridad y les impuso una medida de apremio consistente en una sanción económica equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización, ya que las víctimas indirectas, es decir un grupo de padres de los normalistas, no contaban con asesoría jurídica.

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