Varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han presentado su renuncia, decisión que ha sido ampliamente criticada, según una investigación de SinLínea Mx que revela los elevados beneficios que recibirán tras abandonar sus cargos. Estas renuncias responden al rechazo de los ministros hacia la reforma judicial impulsada por la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cual introduce el histórico proceso de elección de jueces y magistrados por voto popular, programado para 2025.
El plazo para manifestar su intención de competir por los puestos concluyó el 30 de octubre, y algunos ministros, entre ellos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, optaron por declinar la posibilidad de participar en el proceso democrático. La investigación de SinLínea Mx expone que esta “retirada” les asegura beneficios de por vida que, para muchos ciudadanos, resultan inaceptables en tiempos de transformación del sistema judicial.
Entre los privilegios que acompañan estas renuncias, destacan un salario completo durante los primeros dos años, seguido de una pensión vitalicia del 80%. Además, los exministros disfrutarán de un aguinaldo anual de 580 mil pesos, seguro de vida hasta por 12 millones de pesos, pago por defunción para familiares de 1.18 millones de pesos y otros apoyos, como 22 mil pesos mensuales para transporte, dos camionetas blindadas y un equipo de personal de seguridad y asistencia.
Ante este contexto, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, criticó la decisión de los ministros y calificó los privilegios de “excesivos e injustificados”. Noroña subrayó que el Legislativo no debería aceptar estas renuncias sin antes someter a revisión la abultada lista de beneficios que acompañan a quienes se retiran de la SCJN. Además, hizo un llamado a los ministros a “cumplir con su responsabilidad ante el pueblo de México” y les recordó que el servicio público debe anteponer el interés colectivo sobre los intereses personales.
Norma Piña Hernández, quien declaró que su renuncia no implica dejar el cargo hasta el término de su mandato en 2030, justificó su decisión como un “acto de congruencia” con sus principios. Sin embargo, es claro que estos retiros representan una negativa a modernizar el sistema judicial y un intento de preservar sus privilegios a expensas de las reformas que promueven mayor transparencia y rendición de cuentas.
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