La fiscal general acordó revisar protocolos y coordinación con fiscalías estatales ante el alarmante nivel de violencia e impunidad en México.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión de alto nivel con el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Humberto Henderson, para abordar el fortalecimiento de los protocolos de investigación en casos de agresiones contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, desapariciones y feminicidios.
El encuentro se realizó en un contexto marcado por la persistente violencia contra quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos, problemática que la ONU-DH documentó recientemente en el informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, presentado en Guanajuato.
De acuerdo con dicho informe, 376 periodistas, trabajadores de medios y personas defensoras fueron asesinados, desaparecidos o sufrieron atentados en México durante la última década. El oficial de la ONU-DH, Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, detalló que entre enero de 2016 y diciembre de 2025 fueron asesinados 89 periodistas, ocho trabajadores de medios y 181 defensores, además de 29 intentos de homicidio y 69 desapariciones.
El diagnóstico revela fallas estructurales en los mecanismos de protección, ya que 72 víctimas contaban con medidas preventivas al momento de ser asesinadas o desaparecer. Asimismo, 80 víctimas fueron mujeres y al menos 105 defendían causas ambientales, sectores particularmente vulnerables.
Durante la reunión, se subrayó la importancia de una investigación penal eficaz como garantía del derecho a la verdad y la justicia, así como la necesidad de reforzar la coordinación entre la FGR y las fiscalías estatales, eje central del trabajo que impulsa Ernestina Godoy al frente de la institución.
La ONU-DH advirtió que no fortalecer las capacidades del Estado perpetúa la impunidad y mantiene el riesgo para la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en el país.
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