El próximo gobierno de Quintana Roo que encabezará Mara Lezama podría contar con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

El próximo gobierno de Quintana Roo que encabezará Mara Lezama podría contar con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según información dada a conocer por el ex titular de esa dependencia federal, Santiago Nieto Castillo.

De igual forma, Santiago Nieto Castillo, reveló que fue invitado por la gobernadora electa, Mara Lezama, para realizar trabajos de asesoría para la creación de un área especializada que combata los delitos en el ámbito financiero y patrimonial.

Previamente, Santiago Nieto, reconoció que hay una buena relación con Mara Lezama.

“Hay una buena relación con la gobernadora electa, he sido invitado para ver la necesidad de crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en el estado. Es un paso importante que le permitirá a ella tener elementos para la toma de decisiones. Sería muy importante y veo a la gobernadora entusiasmada con la idea de tener herramientas novedosas que le permitan tener mayor recaudación y combatir los casos de corrupción que se hayan presentado”, comentó.

Asimismo, detalló el país avanza de manera positiva en la lucha contra la corrupción, pero, a pesar de eso, aún falta mucho por hacer.

“El gobierno de México disminuyó el número de recomendaciones vinculadas con irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un 75%, es un buena señal pero falta mucho por hacer para alcanzar estándares de países como Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda”, explicó.

Por su parte, Óscar Montes de Oca, Fiscal General del Estado de Quintana Roo, anteriormente explicó que ya está la capacitación e incluso una firma de convenio nacional y sólo esperan que el congreso local apruebe los cambios del código penal para que esta unidad comience a operar en la entidad.

¿Qué es una Unidad de Inteligencia Financiera?

Las principales tareas de una Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer la comisión de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita o el financiamiento al terrorismo. 

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