Después de tres años de permanecer fuera del país y de evadir a la justicia mexicana, Ricardo Anaya, excandidato presidencial en 2018 y exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), ha regresado a México. Este sábado, Anaya se registró como senador plurinominal, mostrando un desafiante regreso a la política a pesar de las graves acusaciones que pesan en su contra.
En una breve entrevista para el periódico Reforma, Anaya declaró estar “muy contento y con ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado”. Sin embargo, para muchos, sus palabras suenan vacías y sin sinceridad, considerando que abandonó México en 2021 justo cuando la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación por presuntos sobornos.
La denuncia de la FGR alega que Anaya recibió 6.8 millones de pesos en sobornos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para votar a favor de la polémica Reforma Energética, beneficiando a empresas extranjeras como Odebrecht. Este acto de corrupción no es más que otra mancha en el historial de un político que ha preferido huir del país en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Tras su breve declaración, Anaya se retiró rápidamente en una camioneta blanca, evadiendo más preguntas de los medios. Su regreso al país y su nueva posición como senador del PAN parecen ser un intento desesperado por recuperar relevancia política y, quizás, protección legal ante las acusaciones de corrupción.
Ricardo Anaya prometió en su momento recorrer todo México, pero en lugar de eso, se escondió durante años en Atlanta. Hoy regresa no para servir a la ciudadanía, sino para seguir su agenda personal y proteger sus intereses, mostrándose como un ejemplo más de la impunidad que afecta a la política mexicana.
Este retorno al Senado es una señal alarmante de que la corrupción sigue encontrando refugio en los más altos niveles del gobierno. Anaya, un político que ha demostrado ser más leal a sus intereses personales que al país, no merece ocupar una posición de poder.
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