Luego de que un juez federal negó el amparo solicitado por Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), en el caso Axe Ceremonia que provocó las muertes de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, la promotora Eco Live se pronunció a 9 meses de lo ocurrido para asumir responsabilidad.
El recurso de amparo promovido por OCESA el pasado 14 de enero buscaba que un juez federal otorgará protección legal para modificar su situación jurídica, lo que habría impedido que la Fiscalía la señalará formalmente como imputada en la investigación. Sin embargo, la jueza a cargo determinó que no existían elementos para conceder la medida, por lo que la imputación permanece firme y el caso continuará su curso ante un Juez de Control.
Un segundo amparo tramitado por Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., empresa encargada de la seguridad del festival, fue también rechazado por la misma autoridad judicial, reafirmando que ambas compañías están sujetas a la investigación penal en curso.
La resolución judicial se produce nueve meses después de la tragedia, en un proceso marcado por litigios, recursos y una exigencia social y de las familias de las víctimas por avances en la investigación. Abogados de los familiares han denunciado que los recursos legales promovidos por OCESA y Lobo se presentaron incluso antes de que la imputación fuera oficializada por la Fiscalía, lo que ha generado sospechas sobre una posible filtración de información que habría beneficiado a las empresas para intentar blindarse jurídicamente.
Por su parte, la promotora Eco Live, responsable directa de la producción del festival, rompió el silencio antes de la resolución y afirmó en un comunicado su “plena disposición” para colaborar con las autoridades y con las familias de las víctimas, aunque no había hecho público este posicionamiento hasta ahora. Sin embargo, se cuestiona el momento de este pronunciamiento, pues expone una posible estrategia mediática y de relaciones públicas coincidente con los movimientos procesales de las otras empresas involucradas.
Aunque la negación del amparo no equivale a una sentencia condenatoria, sí representa un avance para la Fiscalía en su intención de llevar a cabo audiencias iniciales y sustentar la imputación por homicidio culposo contra las empresas organizadoras. Tras esta determinación, el proceso penal puede continuar con las diligencias previstas para avanzar hacia la judicialización del caso.
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