La periodista Adela Micha reveló que la jueza Nancy Juárez, conocida por su oposición a la Reforma Judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha decidido no participar en las elecciones del Poder Judicial en 2025. Así, la jueza parece anticipar una derrota contundente en su candidatura, dado el fuerte respaldo popular que la Reforma Judicial ha recibido, con más de 36 millones de mexicanos a favor de la medida. Esta decisión marca un giro en la carrera de Juárez, quien previamente había buscado posicionarse como defensora de los privilegios excesivos del Poder Judicial, aunque sus recientes acciones han generado polémica en torno a su imparcialidad.
Amenazas de Nancy Juárez contra Claudia Sheinbaum
En octubre, después de emitir una orden irrecular para eliminar la Reforma Judicial del DOF, la jueza Nancy Juárez intensificó sus críticas y amenazas legales contra la presidenta Sheinbaum, advirtiendo que la mandataria podría enfrentar sanciones de entre tres y nueve años de prisión si no acataba su orden de frenar la Reforma Judicial. La jueza argumentó que el desacato de Sheinbaum a su fallo violaba la Ley de Amparo, postura que ha sido ampliamente cuestionada por expertos que señalan la improcedencia de suspender una reforma constitucional. Este intento de interferencia ha sido interpretado como una extralimitación de funciones de Juárez y una posible intromisión en el ámbito legislativo.
A pesar de que se probó la inconstitucionalidad del fallo, Juárez amenazó con remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) si la presidenta continuaba sin cumplir la orden judicial. La jueza detalló que las consecuencias para Sheinbaum podrían incluir una pena de prisión, una multa, e incluso la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que la FGR decidiera actuar. Estas declaraciones, realizadas en entrevista para Latinus, han despertado suspicacias sobre la intención de Juárez de utilizar su cargo para afectar el proceso constitucional.
Juárez también afirmó que la actitud de Sheinbaum “da un pésimo ejemplo”, aludiendo a que la presidenta estaría promoviendo un cumplimiento selectivo de la ley. Sin embargo, su orden carece de fundamento y forma parte de una estrategia para ejercer presión en temas que exceden su jurisdicción y que, en última instancia, deberían resolverse en el ámbito legislativo.
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