Autoridades estatales retiraron cientos de cámaras colocadas en espacios públicos y advierten que estos sistemas representan un riesgo para la seguridad y la privacidad de la población.
Como parte de operativos de seguridad coordinados, el gobierno de Tamaulipas retiró 490 cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal por grupos delictivos en la vía pública, durante 2025 y lo que va de 2026. Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en conjunto con corporaciones policiacas y Fuerzas Federales.
El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, informó que los dispositivos fueron localizados mediante recorridos preventivos y labores de supervisión en colonias, zonas comerciales y puntos estratégicos, donde se detectó equipo ajeno a la infraestructura oficial de seguridad.
El funcionario destacó que una parte clave de estos aseguramientos fue posible gracias a la participación ciudadana, a través de denuncias anónimas realizadas al 911 y 089, lo que permitió ubicar con mayor rapidez las cámaras y reforzar las tareas de prevención del delito. “La colaboración entre instituciones y ciudadanía ha sido fundamental para detectar estos sistemas irregulares”, subrayó.
Zúñiga Castillo precisó que ninguna de las cámaras retiradas estaba conectada a los sistemas oficiales de videovigilancia, lo que representa un riesgo para la seguridad pública y la privacidad, al desconocerse el uso, control y destino de la información captada por los grupos criminales.
En paralelo, el gobierno estatal trabaja en la elaboración de una Ley de Vigilancia, con el objetivo de regular la instalación, operación y supervisión de cámaras en espacios públicos y privados. La iniciativa busca establecer lineamientos claros, definir responsabilidades y evitar el uso discrecional de esta tecnología, cuyo crecimiento ha ocurrido sin un marco legal específico.
Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán en distintas regiones del estado, mientras avanza la construcción de un marco jurídico que permita ordenar y supervisar el uso de sistemas de videovigilancia en Tamaulipas.
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