El artículo 97 de nuestra Constitución establece que, al igual que cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado en la siguiente forma:
“Presidente: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”
“Ministro: Sí protesto”.
“Presidente: Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”.
Desde que Norma Lucía Piña Hernández asumió la presidencia de la Suprema Corte en enero del 2023, el Poder Judicial de la Federación ha asumido funciones que no le corresponden, para oponerse de forma sistemática a las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluso hasta el grado de convertirse en un supra poder. De acuerdo con un estudio titulado “La tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo Federal 2018-2024: entre el gobierno dividido y la falta de oficio político”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, detalla que la tasa de aprobación de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue del 63.36%, frente a un 79.84% de Enrique Peña Nieto, 79.55% de Felipe Calderón y 74.70 de Vicente Fox Quezada; mientras que de 1917 hasta el año 2000, la tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo fue superior al 98%.
Las iniciativas del presidente López Obrador encaminadas a favorecer a la sociedad mexicana, enfrentaron oposiciones no sólo del Poder Legislativo, sino también las invalidaciones de la Suprema Corte, a partir del concepto “Democracia deliberativa” con el que ha estado invadiendo las facultades de los poderes de la Unión, para así anular 74 leyes por “vicios en el proceso legislativo, entre 2019 y el 2023.
El pasado lunes 26 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la reforma en Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante el cual se permitirá la elección popular de jueces y magistrados, y reducir de 11 a 9 los integrantes de la Suprema Corte, como lo propuso el titular del poder Ejecutivo y los nuevos togados saldrán de una elección extraordinaria, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el primer domingo de junio del 2025 para periodos de ocho, 11 y 14 años. Tras un acalorado debate de más de seis horas, el dictamen fue aprobado con 22 votos a favor de Morena y sus aliados, mientras que la oposición obtuvo 17 votos en contra.
Además, con esta reforma se acota que los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, no tendrán efectos de carácter general, como ocurrió con la controversia contra la reforma en materia eléctrica. Hay que recordar, que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) tenía como finalidad mitigar los efectos causados por la reforma energética de Enrique Peña Nieto, misma que manejó un falso discurso de fortalecimiento para Pemex y la CFE. Avalado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf con ocho votos a favor, fue promulgada el 9 de marzo del 2021. No obstante, fue tumbada por el ministro Alberto Pérez Dayan, quien ha beneficiado a todas las multinacionales y todas trasnacionales para que no se les aplicara las reformas a la Ley Eléctrica.
¿Qué ha pasado a partir de las elecciones del 2 de junio? “Hay quienes piensan que aún pueden parar la Reforma al Poder Judicial, incluida Norma Piña” afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama en una entrevista para SinEmbargo Al Aire. Las Empresas Globales en México y los embajadores Ken Salazar de Estados Unidos y Graeme C. Clark de Canadá expresaron su preocupación por su eventual aprobación. En un comunicado, este organismo que representa los intereses de 63 firmas trasnacionales que operan en el país, expresaron su “preocupación ante el riesgo de perder su certeza jurídica” para los capitales que tienen en México, y que según su propia afirmación equivalen al 40% total de la inversión extranjera directa que llega al país. Al igual que los comentócratas y los trabajadores del Poder Judicial, las elites económicas estadounidenses y canadienses buscan ejercer presión financiera con el fin de tumbar la iniciativa constitucional que va encaminada a favorecer a la sociedad mexicana.
Hoy los jueces, no tienen que justificarse, ni explicar más allá de lo que dicen las sentencias, por lo que se espera que nuestros impartidores de justicia apliquen la ley, habrá la oportunidad de que haya debates sobre lo resuelto y tenga más cercanía con la gente, una vez electos.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.