El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó elevar a rango constitucional la Ley 3 de 3 contra la violencia, con la cual se impedirá que aquellas personas que sean señaladas por actos de violencia contra mujeres, que tengan deudas alimentarias no sean elegibles para ocupar cargos en elecciones populares.
Con 52 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobaron estas modificaciones al Art. 10, apartado C, adicionando una fracción 11 a la Constitución Política de la CDMX, en donde se establece que ningún violentador podrá ejercer un empleo cargo o comisión en el servicio público ni podrá registrarse a cargos de elección popular.
Asimismo, se prohíbe a aquellos con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en todas sus modalidades, emplear un cargo público.
También se aprobó la modificación Artículo 27, apartado B, numeral 7, fracción primera, y se añadió un nuevo párrafo que establece la obligación de los partidos políticos de implementar mecanismos para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos internos.
Tras la aprobación de estas reformas a nivel local, todas las fueras políticas celebraron esto. Por su parte, la diputada Morena, Martha Ávila, destacó el papel de activistas y colectivas en el acompañamiento del proceso legislativo; y recalcó el avance al impedir que agresores sexuales y deudores alimentarios accedan a cargos públicos.
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