Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia acusa a Fernández de Kirchner de haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, en un proceso judicial que para muchos refleja una clara persecución política.
La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, resolvió rechazar los recursos presentados por la defensa de la ex presidenta, quienes informaron que llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia, la última instancia disponible. Tanto Fernández de Kirchner como su equipo de defensa siguieron la lectura de la sentencia de manera remota.
Esta resolución ratifica las penas y absoluciones previas que habían sido impuestas por el Tribunal Oral Federal N° 2, con los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, en su fallo del 6 de diciembre de 2022. En dicha sentencia, la ex mandataria fue condenada como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Sin embargo, fue absuelta del delito de asociación ilícita, aunque el juez Hornos insistió en que debió ser condenada también por ese cargo, bajo el argumento de que habría liderado una “red de corrupción estructural en la obra pública vial”.
El Contexto Político y la Acusación de “Lawfare”
Este fallo judicial es claramente una guerra judicial. Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado en reiteradas ocasiones que enfrenta una persecución política organizada, en la que convergen sectores del poder judicial, medios de comunicación y actores políticos con el objetivo de inhabilitarla y desacreditar su figura. Las acusaciones en su contra, en este contexto, son vistas por sus seguidores y aliados como parte de una estrategia más amplia para silenciar a las voces críticas y opositoras al establishment en Argentina.
Las implicaciones de este fallo no son menores. Cristina Kirchner ha sido una de las figuras políticas más relevantes de las últimas décadas en Argentina, y el fallo en su contra tiene el potencial de afectar el panorama político del país. Mientras el oficialismo denuncia una judicialización de la política en su contra, sectores de la oposición celebran la sentencia como una victoria en la lucha contra la corrupción. No obstante, la falta de pruebas concluyentes y la constante mención de actores afines al ex presidente Mauricio Macri en el proceso han generado dudas sobre la imparcialidad de la justicia en este caso.
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