Muchos recordarán que el mes de abril está marcado en la historia de México por llevarse a cabo el primer ejercicio de revocación de mandato en el país. A nivel federal, miles de ciudadanos participaron en este mecanismo de democracia participativa para decidir si el ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, seguía como mandatario o perdía la confianza ciudadana.
Otros, sin embargo, manifestaban su descontento y no acudieron a las urnas a expresar lo que suelen decir en redes, como: que la revocación de mandato era una pérdida de recursos importante para el INE; que era un capricho; que solo era para refrendar la popularidad del mandatario federal; que iba a ser un circo; e incluso que era una medida para justificar, de algún modo, una futura reelección en 2024, pues «así se hizo» en Venezuela —ya se sabe, el mismo discurso de siempre.
Pero bien, lo realmente importante, en donde cobra importancia abril, era precisamente en crear un precedente, y, con ello, llevarlo a escena en alguno de los treinta y dos estados de la república. Jurídicamente hablando, esto se conoce como un argumento a fortiori, lo cual quiere decir que: si a nivel federal se ha sometido al ejecutivo a una revocación de mandato, «con mayor razón» es posible hacer lo mismo con un gobernador de alguna entidad federativa. Tal es el caso ahora de Nuevo León.
Apenas la semana pasada, verbigracia, diputados del PAN, del Congreso de Nuevo León, promovían una modificación a la constitución local, en materia de revocación de mandato, con la finalidad de llevar este mecanismo de democracia directa a la actual administración de Samuel García.
Y sí, justamente, utilizan el argumento a fortiori ya señalado; de ahí que haya sido muy importante lo que aconteció en abril, incluso a pesar de la participación moderada, o de las burlas generalizadas y soberbia de algunos señalando que, de acuerdo a estadística del INEGI, los estados que tuvieron mayor participación, son aquellos que tienen mayor índice de analfabetismo.
Argumento que, por cierto, se utilizó para denostar a quienes se animaron a ir a las urnas. Por tanto, quienes no participaron se alzaban como personas con mayor estatus o con mayor cultura, aunque, en realidad, eso fue una mala interpretación, pues el valor cívico y la cultura política se demuestran en relación con la participación que se tiene en la vida pública del país; qué mejor que yendo a votar en una revocación de mandato. No ir a votar es, pues, carecer de cultura política.
Fuera de eso, en Nuevo León las burlas ya no parecen calar. De hecho, muchos empiezan por comerse sus palabras y están a favor de que la revocación de mandato se vuelva una realidad en el estado, ya que la administración de Samuel García se ha caracterizado por ser un desastre en todos los sentidos: un gobierno en negación de la realidad.
Un rechazo que se ha incrementado a partir de los problemas con el suministro de agua, y la constante actitud de no dar la cara ante las diversas problemáticas que aquejan a los neoloneses. Un gobernador que ha dado penosas declaraciones como que él solamente es el gobernador: a él no le corresponde el abasto del agua o de la luz. Además, ha pedido a los ciudadanos que no se manifiesten, es decir, que renuncien a sus derechos constitucionales.
Y esto no solo aplica para los neoloneses; aquellos que presumían no haber ido a votar el pasado mes de abril, sino también para personajes políticos de la oposición, quienes decían haber «ganado» sin ir a votar. Hoy, por el contrario, los ciudadanos exigen evaluar a sus gobernantes, y los diputados, les interesa reconocer ese derecho.
Por lo mismo, este pasado lunes 27 de junio, se avalaban en comisiones del Congreso de Nuevo León, los cambios al primer transitorio del decreto 84, por el cual se establecía que la revocación de mandato se prolongaría hasta 2025; así como algunas modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana.
Ante estos antecedentes, todo parece indicar que la revocación de mandato tendrá lugar en Nuevo León, y no será necesario esperar hasta el 2025 para hacerlo realidad y muy probablemente Samuel García pase a la historia como el primer gobernador que termine sus funciones anticipadamente por un mecanismo de democracia directa como la revocación de mandato.
No obstante, no hay que cantar victoria tan anticipadamente: hay que leer la «letra pequeña» de estas modificaciones, ya que el Congreso del estado, en su conflicto directo con el gobernador, quizá busque un ejecutivo a modo, pues, conforme a las adecuaciones que se pretende hacer a la ley, se contempla que será el Congreso el que decida quién ocupará el puesto de gobernador por los tres años restantes.
En fin, así como empieza a cobrar importancia abril en Nuevo León, por el hito de la revocación de mandato, y el hecho que pueda llegar a ser una realidad no tan lejana, incentivaría aún más a que sea posible llevarlo a cabo en otros estados y, por ende, que empezara, en el país, una transición al siguiente nivel de la democracia y la participación ciudadana.
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