Cinco exfuncionarios del INE se dedican ahora al negocio del litigio electoral

Cinco ex funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), incluido el exsecretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, fundaron una empresa de consultoría que brinda una variedad de servicios, incluido el litigio de asuntos electorales.

Durante la administración de Lorenzo Córdova (2014-2023), los impulsores de la empresa, que lleva el nombre de Pénte Soluciones, formaban parte del más alto y especializado nivel del INE. En esa calidad, participaron, entre otras cosas, de la reciente reforma electoral (Plan B).

Uno de los socios de la empresa confirmó que no existen conflictos de interés ni restricciones legales para realizar esta actividad.

Pénte Soluciones fue fundada por Jacobo Molina, Gabriel Mendoza Elvira, Carlos Ferrer Silva, Emilio Buendía Dáz y Javier Naranjo Silva.

El primero supervisó los asuntos administrativos y legales de la organización como secretario ejecutivo del INE durante casi 15 años.

Mendoza Elvira se desempeñó como director legal del INE durante ocho años, desde enero de 2015 hasta abril de 2023. Era subalterno de Jacobo Molina, y antes de ser despedido como primer resultado del plan B, estuvo a cargo de los abogados que argumentaron los casos de los opositores a la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos casos incluyeron la disputa constitucional.

El director jurídico está encargado de actuar en calidad de representante legal del instituto para defender sus intereses de acuerdo con las normas internas del INE.

Una situación similar ocurre con Ferrer Silva, otro socio consultor que hasta el 3 de abril estuvo al frente de la Unidad Técnica de Contencioso Electoral (UTCE) del INE, cuyos hallazgos se entregan a los concejales y magistrados para que emitan sus resoluciones.

Por ejemplo, si un partido político presenta una denuncia contra otro, corresponde a la UTCE conocer el asunto y emitir un dictamen, que luego se eleva a los tres regidores que integran la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para su consideración, determinar la concesión o no de medidas cautelares (como la retirada de publicidad) en el marco de un procedimiento sancionador.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación utilizará el mismo documento, elaborado por la referida unidad, para decidir si el imputado infringió la ley.

La Secretaría Ejecutiva, la Gerencia Jurídica y la UTCE cuentan actualmente con gerentes que, hasta hace poco tiempo, trabajaban para tres de los cinco socios de la consultora.

Emilio Buendía Dáz estuvo a cargo del despacho de la presidencia del Consejo General del INE y Naranjo Silva se desempeñó como secretario privado de Córdova.

Buendía, quien antes de incorporarse al INE fue Subsecretario General de Convenios de la Sala Superior del TEPJF, respondió en entrevista cuando se le preguntó sobre la constitución de Pénte Soluciones diciendo que la empresa es una fuente de empleo y una opción diferente en el entrega de servicios profesionales.

Además de que siempre han actuado conforme a la norma a lo largo de su carrera, aseguró que por ser abogados tienen un conocimiento completo del derecho y confían en que son libres para ejercer como asesores.

Insistió en que no hay ningún obstáculo que les impida realizar esta actividad, e incluso apuntó que, si alguna vez se produjera alguna circunstancia que pudiera generar una duda en nuestras mentes, por supuesto que podríamos negarse a participar.

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