César Duarte Jáquez promovió un nuevo juicio de amparo con el que busca revertir el auto de vinculación a proceso que se dictó en su contra por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.
El ex gobernador de Chihuahua interpuso la demanda de garantías el pasado 29 de junio para impugnar la resolución del juez de control del Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Humberto Chávez Allende, quien el 8 de junio lo vinculó a proceso dentro de la causa penal 3041/2019.
El juez de distrito admitió a trámite el juicio de amparo, sin tramitar el incidente de suspensión y programó la audiencia constitucional para el 12 de agosto, fecha en la que resolverá si le concede la protección de la justicia federal al político priista, quien permanece internado en el Centro de Readaptación Social, Aquiles Serdán.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Chihuahua, entre los años 2011 a 2014, Duarte Jaquez acordó con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público un reparto de roles y actividades, para desviar recursos del patrimonio estatal por 96 millones 685 mil 253 pesos.
Se trataba de dinero que permanecía depositado en varias cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y estaba destinado para su ejercicio exclusivamente en fines públicos.
En dicho lapso, el gobierno estatal hizo 17 pagos reiterados a dos personas morales con las que había intereses personales y de negocios, al ser el exgobernador presidente del consejo directivo y administrador de una de ellas y accionista mayoritario de la otra.
Según la FGE, estos actos fueron orquestados para la entrega de dichos recursos públicos a ambos organismos, a través de 11 procedimientos administrativos simulados, hechos por los que la fiscalía solicitó imponerle a César Duarte una pena de 27 años de prisión.
Cabe recordar que el pasado 14 de junio, el ex mandatario estatal interpuso un juicio de amparo para impugnar la resolución del juez Humberto Chávez Allende, quien el 5 de junio le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
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