El gobierno capitalino propone hasta 11 años de prisión y multas millonarias para notarios que participen en fraudes inmobiliarios, además de endurecer penas por asociación delictuosa, amenazas y delitos con agravantes de género.
El gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso local un paquete de reformas al Código Penal y al Código Civil para castigar a notarios públicos implicados en el delito de despojo de inmuebles. La iniciativa busca frenar el abuso del principio de “buena fe”, que actualmente favorece la posesión de propiedades aun cuando los títulos sean resultado de fraude, falsificación o manipulación registral, mientras la carga probatoria recae en la víctima.
Entre las modificaciones destacadas está la definición de “mala fe” en actos notariales y registrales con indicios de falsificación, así como sanciones de hasta 11 años de prisión a quien simule actos jurídicos, suplante identidades o impida el disfrute de un inmueble ajeno. Además, se contemplan agravantes especiales con penas mayores y multas superiores a 450 mil pesos cuando los delitos afecten a adultos mayores o involucren a notarios en ejercicio.
La reforma también endurece las penas por asociación delictuosa, con prisión de hasta 10 años y multas de 226 mil pesos para quienes integren bandas de tres o más personas; los líderes enfrentarían penas incrementadas a la mitad adicional. Asimismo, se actualizan agravantes existentes, incluyendo 15 años de prisión y multas de más de 790 mil pesos en ciertos casos.
En materia de amenazas, la iniciativa califica como graves aquellas que puedan poner en riesgo la vida, con sanciones de hasta 2 años de prisión, y establece que diversas circunstancias pueden triplicar la pena. También propone incrementar en dos terceras partes las penas por lesiones cometidas por razones de género o dirigidas a personas con orientaciones sexuales, identidades de género o características sexuales diversas.
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