Categoría: Pablo Quintero

  • Vasos reguladores: infraestructura clave para garantizar el derecho al agua en la Ciudad de México

    Vasos reguladores: infraestructura clave para garantizar el derecho al agua en la Ciudad de México

    La Ciudad de México enfrenta una paradoja hídrica: mientras millones de personas padecen escasez y cortes en el suministro, cada temporada de lluvias grandes cantidades de agua se pierden o generan inundaciones. En este contexto, los vasos reguladores se han convertido en un eje central para el manejo del recurso, al captar y almacenar temporalmente agua pluvial, reduciendo riesgos y aportando a la recarga de acuíferos.

    Más allá de su dimensión técnica, estas infraestructuras tienen hoy un respaldo jurídico sólido. Con la reforma de 2023 a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), los vasos reguladores fueron reconocidos como de utilidad pública y vinculados de manera directa al derecho humano al agua. Esto significa que su construcción y operación ya no dependen de decisiones administrativas aisladas, sino que constituyen un mandato legal para los tres niveles de gobierno.

    El marco jurídico parte del artículo 27 constitucional, que reconoce el agua como bien de la Nación, y del artículo 4, que consagra el acceso al agua como derecho humano. La LAN reformada refuerza estos principios con tres innovaciones: prioridad al uso humano y doméstico, declaratoria de utilidad pública para la conservación de cuencas y vasos, y reconocimiento del uso ambiental del agua, es decir, la obligación de garantizar caudales mínimos para ecosistemas.

    En la práctica, la capital ha desarrollado un sistema de vasos reguladores con ejemplos notables. El Vaso de Santa Catarina, en Iztapalapa, puede almacenar 400 mil metros cúbicos, mitigando riesgos en zonas vulnerables y funcionando también como espacio recreativo. En Magdalena Contreras y Álvaro Obregón se han construido microvasos que combinan control pluvial con áreas verdes, mientras que en Tlalpan se aprovechan suelos de conservación para captar lluvia y recargar acuíferos.

    Sin embargo, los retos no son menores. Muchos terrenos con potencial para albergar vasos reguladores son ejidales o de conservación, lo que exige respetar la Ley Agraria y garantizar consulta previa, libre e informada a las comunidades. Además, la participación social en la gestión hídrica sigue siendo un desafío.

    Las implicaciones de la reforma son profundas. Por un lado, fortalecen la potestad estatal para adquirir terrenos y destinar recursos; por otro, ofrecen seguridad jurídica al regular el destino del agua captada y obligan a considerar impactos ambientales más estrictos. También impulsan un modelo de gobernanza participativa que reconoce a las comunidades como actores centrales.

    En conclusión, los vasos reguladores representan más que una obra de ingeniería: son un símbolo de justicia socioambiental. Su adecuada implementación puede reducir desigualdades en el acceso al agua, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y consolidar el compromiso del Estado mexicano con la sostenibilidad urbana. El futuro del agua en la Ciudad de México dependerá de que estas infraestructuras se integren en una política hídrica de largo plazo, transparente, participativa y ambientalmente responsable.

  • La importancia de la movilidad sustentable e integrada en la Ciudad de México

    La importancia de la movilidad sustentable e integrada en la Ciudad de México

    La movilidad urbana es un elemento clave para la calidad de vida en las ciudades. En la Ciudad de México, donde convergen más de 9 millones de habitantes y millones más de la zona metropolitana, garantizar un sistema de transporte eficiente y equitativo es un desafío urgente. El tiempo que las personas invierten en trasladarse —hasta tres horas diarias en algunos casos— no solo reduce productividad, sino que impacta directamente en la salud y en la cohesión social.

    El uso intensivo del automóvil privado acentúa este problema: aunque solo una minoría lo utiliza, ocupa la mayor parte del espacio vial y genera congestión, contaminación y desigualdad en el acceso al espacio público. En contraste, peatones, ciclistas y usuarios de transporte público —la mayoría de la población— dependen de sistemas fragmentados y en condiciones desiguales.

    La movilidad sustentable e integrada no se reduce a contar con más autobuses o ciclovías. Su esencia radica en articular los distintos modos de transporte en una red interconectada que facilite traslados rápidos, seguros y accesibles. La intermodalidad, entendida como la posibilidad de combinar bicicleta, metro, autobús o trolebús en un mismo viaje, constituye una herramienta central para reducir tiempos y costos. La expansión de ciclovías, el Metrobús, el Cablebús y el fortalecimiento del Trolebús representan avances importantes, pero aún falta una verdadera integración tarifaria y tecnológica que simplifique la experiencia del usuario.

    Los beneficios de un sistema de movilidad sustentable son amplios. En el plano ambiental, la transición hacia transporte eléctrico y modos no motorizados contribuye a disminuir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. En términos sociales, se amplía el derecho a la ciudad, ya que los sectores de menores ingresos pueden acceder a oportunidades laborales y educativas con menos tiempo y gasto. Desde la perspectiva económica, una movilidad eficiente incrementa la productividad y reduce las pérdidas derivadas del congestionamiento.

    No obstante, alcanzar este modelo implica superar diversos retos. En primer lugar, se requiere inversión sostenida para mantener y modernizar infraestructura, como el Metro y las redes de transporte eléctrico. En segundo lugar, es necesario transformar la cultura de la movilidad: mientras el automóvil continúe asociado al estatus y la comodidad, será difícil consolidar alternativas sustentables. Políticas como el cobro por congestión, la limitación de estacionamientos o la promoción de ciclovías deben acompañarse de educación vial y campañas de concientización. Finalmente, la movilidad debe planearse desde una visión metropolitana, pues millones de viajes diarios provienen del Estado de México y otras entidades; sin coordinación regional, las estrategias resultan incompletas.

    La movilidad sustentable e integrada no es solo un asunto técnico, sino un derecho ciudadano y una apuesta por la equidad. Garantizar traslados accesibles, seguros y ambientalmente responsables implica transformar la vida cotidiana, reducir desigualdades y proyectar una ciudad más resiliente frente a los retos del cambio climático. La Ciudad de México tiene la oportunidad de consolidarse como referente latinoamericano si impulsa políticas públicas de largo plazo, basadas en inversión, innovación y participación social.

    En última instancia, la movilidad no debe entenderse únicamente como transporte, sino como un componente central del futuro urbano: un espacio donde convergen justicia social, sustentabilidad y competitividad.

  • Aprender a reutilizar: la nueva lección que el planeta exige

    Aprender a reutilizar: la nueva lección que el planeta exige

    En medio de una crisis ambiental global, la economía circular surge como una alternativa necesaria frente al modelo lineal de producción y consumo basado en “usar y desechar”. Esta propuesta busca alargar la vida útil de los materiales, reducir residuos y fomentar la innovación. Sin embargo, para que esta transformación ocurra, es indispensable un elemento clave: la educación.

    México: transformar la cultura del desecho

    En México se generan más de 120 mil toneladas de basura cada día, pero menos del 10% se recicla formalmente. La falta de infraestructura es un problema, pero el mayor desafío está en la cultura ciudadana. Incluir contenidos de economía circular en la educación básica y superior permitiría crear generaciones más conscientes, capaces de diseñar proyectos sostenibles y participar activamente en la transición ecológica.

    Universidades como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey ya han comenzado a impulsar programas y proyectos de innovación circular, aunque aún de manera limitada.

    América Latina: una región con oportunidades

    La riqueza natural de América Latina contrasta con la vulnerabilidad ambiental y la desigualdad social. Países como Chile, Brasil y Colombia han dado pasos en políticas de economía circular, pero los resultados dependen de que las comunidades reciban formación y acompañamiento.

    La educación en este campo no solo enseña técnicas de reciclaje, sino también valores de justicia ambiental, cooperación comunitaria y responsabilidad social. Jóvenes preparados en este modelo pueden convertirse en emprendedores verdes y en líderes comunitarios capaces de generar soluciones locales frente a los retos globales.

    El mundo: cerrar la brecha educativa

    En Europa, la economía circular ya forma parte de la agenda industrial, mientras que en Asia se apuesta por tecnologías de reciclaje y rediseño de procesos. Sin embargo, en gran parte del Sur Global los programas educativos siguen siendo incipientes.
    Esta brecha amenaza con profundizar desigualdades: los países que formen talento circular tendrán ventajas competitivas, mientras que los que no lo hagan quedarán rezagados. De ahí la urgencia de democratizar la educación en sostenibilidad como un derecho universal.

    Del aula a la vida diaria

    La enseñanza de la economía circular no debe limitarse a lo académico. Su verdadero impacto está en la vida diaria: aprender a consumir con responsabilidad, diseñar productos duraderos, aprovechar recursos locales y crear empleos verdes. Según la CEPAL, se trata de un cambio cultural de largo plazo, que exige tanto políticas públicas como la participación activa de la ciudadanía.

    Conclusión: la educación como motor del cambio

    México, América Latina y el mundo comparten un reto: cambiar la manera en que entendemos el desarrollo y el consumo. La economía circular no es solo un modelo económico, sino una nueva forma de pensar y vivir.

    En definitiva, aprender a reutilizar no es una opción, sino la lección más urgente que el planeta nos exige para garantizar un futuro sostenible.

  • Derechos en llamas

    Derechos en llamas

    La crisis climática ya no es una amenaza del futuro, sino una realidad que golpea con fuerza a nuestro continente. Sequías prolongadas, huracanes devastadores, olas de calor letales e incendios que consumen selvas y bosques son parte de un escenario que amenaza no solo a la naturaleza, sino también a los derechos humanos más básicos.

    El deterioro ambiental ha roto los equilibrios que sostienen la vida en el planeta. Los sistemas biofísicos —como el clima y la biodiversidad— han superado límites seguros, poniendo en riesgo la salud de los ecosistemas y, con ello, el bienestar y la dignidad de las personas. Si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en aumento, la temperatura global podría superar los 2°C, exponiendo a millones de personas a inseguridad alimentaria, enfermedades, desplazamientos forzados y muertes evitables.

    Los impactos de la crisis climática no son iguales para todos. Los sectores más golpeados son precisamente los más vulnerables: mujeres, niños, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, migrantes y quienes viven en asentamientos precarios. A pesar de haber contribuido muy poco a las emisiones contaminantes, son ellos quienes cargan con la peor parte de esta crisis. Ejemplos recientes, como los incendios en la Amazonía y el Chaco, mostraron cómo comunidades enteras sufrieron pérdidas irreparables en sus territorios, medios de vida y cultura.

    Frente a este panorama, los gobiernos tienen la responsabilidad de actuar con decisión: reducir las emisiones con la mayor ambición posible, garantizar la participación de la sociedad en las políticas ambientales y proteger a quienes defienden la tierra y la naturaleza, muchas veces perseguidos o incluso asesinados por su labor. El derecho a un ambiente sano debe ser entendido como un derecho humano fundamental, indivisible de otros como la salud, la vida y la integridad.

    El sector privado también tiene un papel crucial. Las empresas, en especial aquellas vinculadas a los combustibles fósiles y la ganadería industrial, deben transformar sus operaciones, reducir sus emisiones, transparentar sus impactos y reparar los daños ocasionados. La sostenibilidad no puede quedarse en discursos: requiere compromisos reales y verificables.

    Además, resulta urgente replantear la economía hacia una transición justa: reducir subsidios a los combustibles fósiles, invertir en energías renovables, generar empleos verdes que respeten los derechos laborales y crear programas sociales que protejan a quienes se vean más afectados por los cambios productivos.

    La conclusión es clara: defender los derechos humanos y enfrentar la crisis climática son luchas inseparables. Sin un entorno sano no existe posibilidad de vida digna. El futuro depende de que gobiernos, empresas y ciudadanía actúen con solidaridad y responsabilidad, poniendo en el centro la justicia ambiental y la dignidad humana.

    El mensaje es simple y profundo: cuidar del planeta es cuidar de nosotros mismos. El mañana de nuestras sociedades dependerá de lo que decidamos hacer hoy.

  • AGIR: La Nueva Era del Manejo de Basura en la CDMX

    AGIR: La Nueva Era del Manejo de Basura en la CDMX

    La Ciudad de México enfrenta uno de sus mayores retos: gestionar las más de 12,000 toneladas de basura que genera cada día. Durante años, las responsabilidades estuvieron divididas entre distintas dependencias, dificultando la eficiencia. Para revertir esta situación, en noviembre de 2024 se creó la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), un organismo público descentralizado que busca transformar la forma en que la capital maneja sus desechos.

    La AGIR nace con el objetivo de reducir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios, aprovechar materiales reciclables, modernizar la infraestructura y promover la economía circular. Para lograrlo, concentra funciones que antes estaban dispersas, integrando la planeación, recolección, separación y valorización de residuos.

    Entre sus principales metas destacan:

    • Renovar el 50 % de la flota de camiones recolectores para mejorar tiempos y reducir emisiones.
    • Lograr que al menos la mitad de los residuos orgánicos se separen correctamente.
    • Impulsar plantas de reciclaje y valorización para producir composta, biogás y materiales de construcción.
    • Implementar campañas de educación ambiental que fomenten la separación desde los hogares.

    El desafío es también cultural: hoy, solo 2 de cada 10 capitalinos separan su basura. Por ello, la AGIR busca involucrar a la ciudadanía y reconocer el papel de los recolectores y pepenadores, quienes son clave en la cadena de reciclaje.

    Más que un proyecto ambiental, la AGIR representa una apuesta social y económica: busca reducir emisiones, mejorar la salud pública, generar empleos verdes y colocar a la CDMX como referente regional en gestión de residuos. Sin embargo, su éxito dependerá tanto de la infraestructura como de la participación ciudadana.

    Si sociedad y gobierno avanzan juntos, la meta de una Ciudad de México más limpia, sustentable y consciente puede convertirse en realidad.

  • Bosque de Agua

    Bosque de Agua

    El Bosque de Agua, localizado en la zona sur de la Zona Metropolitana del Valle de México, constituye uno de los ecosistemas más estratégicos para la seguridad hídrica, climática y ecológica del país. Sin embargo, enfrenta crecientes amenazas derivadas de la expansión urbana, la tala ilegal y la presión sobre sus recursos. Protegerlo no solo es una cuestión ambiental: es una necesidad vital para millones de habitantes.

    Importancia ecológica e hídrica

    El Bosque de Agua se extiende entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, conformando un corredor biológico de alrededor de 250 mil hectáreas. Su papel central es la captación y filtración del agua de lluvia hacia los mantos acuíferos, proceso que abastece hasta al 70% del consumo de agua subterránea de la Zona Metropolitana del Valle de México.

    La capacidad de infiltración de sus suelos volcánicos y la cobertura forestal permiten mantener el equilibrio hídrico de una región que ya enfrenta problemas severos de sobreexplotación de acuíferos y hundimientos del suelo. La degradación del bosque comprometería directamente el acceso al agua potable, intensificando una crisis que ya es tangible.

    Biodiversidad y patrimonio natural

    El Bosque de Agua es también un refugio de biodiversidad única. Aloja especies de flora como el oyamel, el pino y el encino, además de fauna característica como el venado cola blanca, el coyote, el lince y el conejo de los volcanes, especie endémica en peligro de extinción.

    Su importancia trasciende la escala local: funciona como un corredor biológico que conecta los ecosistemas de los volcanes Iztaccíhuatl-Popocatépetl con la Sierra del Ajusco-Chichinautzin. Esta conectividad garantiza la movilidad genética de las especies y la resiliencia ecológica frente a perturbaciones externas.

    Regulación climática y protección ambiental

    Además de su rol hídrico y biológico, el Bosque de Agua actúa como regulador climático y escudo natural para la ciudad. Su vegetación contribuye a la captura de carbono, la mitigación de contaminantes atmosféricos y la regulación de la temperatura.

    Asimismo, reduce la vulnerabilidad de la metrópoli ante fenómenos extremos: amortigua inundaciones, previene deslaves y mitiga las olas de calor que, debido al cambio climático, son cada vez más frecuentes. La pérdida del bosque significaría una disminución crítica en la capacidad de adaptación de la ciudad frente a estos riesgos.

    Amenazas actuales

    La presión sobre este ecosistema es múltiple. La expansión urbana, con asentamientos irregulares en zonas de conservación, genera fragmentación y pérdida de cobertura forestal. La tala ilegal y los incendios forestales, algunos de ellos provocados, agravan la deforestación. A ello se suman prácticas agrícolas y ganaderas que no siempre son compatibles con la sustentabilidad del territorio.

    En la medida en que el bosque se reduce, los servicios ambientales que provee se ven comprometidos. Es importante subrayar que la recuperación de estos ecosistemas es un proceso de largo plazo, mientras que su destrucción ocurre con gran rapidez.

    Justificación para su protección

    La protección del Bosque de Agua debe plantearse como una prioridad estratégica de política pública por varias razones:

    – Seguridad hídrica: sin este bosque, la recarga natural de los acuíferos sería insuficiente para sostener a la población metropolitana.
    – Salud pública: al regular el aire y la temperatura, reduce riesgos sanitarios asociados a la contaminación y el calor extremo.
    – Resiliencia climática: fortalece la capacidad de adaptación de la ciudad frente al cambio climático.
    – Valor ecológico y cultural: es un patrimonio natural irremplazable para la región central del país.
    – Desarrollo sustentable: su conservación favorece actividades económicas como el ecoturismo y la agricultura de bajo impacto.

    Lineamientos de acción

    La conservación del Bosque de Agua requiere un enfoque integral que involucre a los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y las comunidades locales. Entre los mecanismos más relevantes destacan:

    – Implementar una vigilancia estricta contra la tala ilegal y los cambios de uso de suelo.
    – Promover programas de restauración ecológica con especies nativas.
    – Establecer incentivos económicos como los pagos por servicios ambientales.
    – Reconocer el papel de las comunidades campesinas y ejidales como actores clave en la conservación.
    – Impulsar la educación ambiental para sensibilizar a la ciudadanía sobre su valor estratégico.

    Conclusiones

    El Bosque de Agua es un elemento esencial para la sostenibilidad del Valle de México. Su función en la captación de agua, la regulación climática y la conservación de la biodiversidad lo convierten en un activo natural de primer orden.

    Protegerlo no es solo una cuestión ambiental, sino una estrategia de seguridad y supervivencia para una de las metrópolis más grandes del mundo. La omisión en su cuidado podría acarrear consecuencias irreversibles, desde la agudización de la crisis hídrica hasta la pérdida de especies y el aumento de riesgos climáticos.

    En suma, el Bosque de Agua representa un ejemplo claro de cómo la conservación ambiental está directamente vinculada al bienestar humano. Asegurar su preservación equivale a garantizar condiciones mínimas de habitabilidad para las generaciones presentes y futuras.

  • Vasos reguladores: el agua como justicia social en la Ciudad de México

    Vasos reguladores: el agua como justicia social en la Ciudad de México

    Introducción

    La Ciudad de México enfrenta una paradoja hídrica que se ha convertido en uno de los mayores desafíos urbanos del siglo XXI: mientras millones de habitantes sufren desabasto de agua potable, cada temporada de lluvias la metrópoli vive episodios de inundaciones que paralizan colonias enteras. Esta contradicción es producto de una historia de desecamiento de lagos, urbanización acelerada y desigualdades sociales que han profundizado la vulnerabilidad de las zonas populares.

    En este contexto, la construcción de nuevos vasos reguladores hídricos aparece como una estrategia fundamental para reducir riesgos y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de repensar la relación entre agua, ciudad y justicia social.

    Los vasos reguladores: más que infraestructura hidráulica

    Los vasos reguladores son espacios naturales o artificiales que permiten almacenar temporalmente grandes volúmenes de agua pluvial y escurrimientos, reduciendo la presión sobre ríos, canales y drenajes. Su objetivo central es evitar inundaciones, pero su potencial trasciende lo técnico.

    En la Ciudad de México, los vasos reguladores han sido históricamente una forma de contener el agua en un valle cerrado, donde los ecosistemas lacustres fueron transformados en concreto. La apuesta por su expansión implica también reconocer que el agua debe dejar de entenderse como amenaza y comenzar a concebirse como recurso común y bien público.

    Proyectos en marcha

    El Gobierno de la Ciudad de México, a través de SEGIAGUA y la Secretaría de Obras y Servicios, ha proyectado la construcción y rehabilitación de al menos seis nuevos vasos reguladores. Estos estarán ubicados principalmente en alcaldías con alta vulnerabilidad hidrológica: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

    Uno de los más relevantes se localizará en Santa Catarina, Iztapalapa, con capacidad de retener 400 mil metros cúbicos de agua. Esta obra busca reducir el riesgo de inundaciones en colonias como Ejército de Oriente, pero también funcionará como un espacio de recarga del acuífero.

    En Tlalpan, un vaso en la zona del Ajusco Medio permitirá captar escurrimientos de zonas boscosas y aliviar la presión sobre áreas urbanas. En Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, se proyectan microvasos en barrancas que, además de controlar el agua, tendrán un componente ambiental y comunitario.

    En total, la ciudad espera aumentar su capacidad de regulación pluvial en más de 2 millones de metros cúbicos, lo que representa un paso significativo hacia la prevención de desastres y la adaptación climática.

    Un enfoque social y medioambiental

    Desde una perspectiva de izquierda ambientalista, los vasos reguladores no deben concebirse únicamente como grandes obras hidráulicas, sino como infraestructura social y ecológica. Esto implica diseñarlos como espacios que integren áreas verdes, corredores ecológicos y zonas de convivencia comunitaria.

    El agua, lejos de ser vista solo como un problema a contener, puede convertirse en el eje de proyectos de regeneración urbana y en un derecho garantizado colectivamente. Además, en zonas históricamente marginadas como Iztapalapa, estos proyectos tienen un fuerte componente de justicia ambiental, pues reducen la desigualdad en la exposición a riesgos de inundación.

    Retos y tensiones

    La viabilidad de estos proyectos enfrenta tres desafíos principales:

    1. Financiamiento: cada vaso de gran escala puede costar entre 500 y 900 millones de pesos. La inversión requiere coordinación entre gobierno local, federación y, en algunos casos, alianzas con organismos internacionales.
    2. Uso de suelo: varios de los predios previstos son terrenos ejidales o de conservación ecológica, lo que puede generar tensiones con comunidades locales y riesgos de desplazamiento si no se respetan los derechos de propiedad social.
    3. Carácter paliativo: aunque necesarios, los vasos reguladores no solucionan la crisis hídrica de fondo. La reducción de fugas en la red, la captación pluvial domiciliaria, la reforestación de áreas de recarga y la gestión equitativa del recurso son medidas indispensables para un cambio estructural.

    Hacia un modelo de ciudad resiliente

    Los nuevos vasos reguladores deben entenderse como parte de una estrategia de resiliencia climática y social. En una metrópoli marcada por la desigualdad, garantizar que las comunidades más vulnerables cuenten con protección frente a inundaciones es un acto profundamente político.

    Estos proyectos representan también la oportunidad de reconciliar a la ciudad con su memoria lacustre: reconocer que el agua fue, y sigue siendo, el pulso vital del Valle de México. Construir vasos reguladores es, en cierta forma, recuperar un fragmento de esa relación perdida.

    Conclusión

    La creación de nuevos vasos reguladores en la Ciudad de México constituye una apuesta urgente para enfrentar las lluvias intensas, el cambio climático y la desigualdad en la gestión del agua. Sin embargo, su verdadero valor radicará en que no sean solo obras de ingeniería, sino espacios de comunidad, naturaleza y justicia ambiental.

    El desafío es enorme: no basta con construir depósitos de agua, se requiere construir un proyecto de ciudad donde el agua sea un derecho y no un privilegio. En ese horizonte, los vasos reguladores son un paso hacia la dignidad urbana y la resiliencia popular.

  • Nada que Perder

    Nada que Perder

    Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que ya no hay tierra firme bajo tus pies: la sequía ha consumido tu pozo, las lluvias nunca llegaron y tu comunidad ya no puede sembrar ni cosechar. O cómo el mar, implacable, avanzó lentamente hasta que tu hogar quedó bajo agua. No es una novela; es la realidad diaria que viven millones hoy. La migración climática ya es presente, y sus cifras nos llaman a actuar urgente.

    Crisis en números

    • 216 millones de personas podrían desplazarse dentro de sus países para el año 2050, impulsadas por la degradación ambiental, la escasez de agua, el hambre y el aumento del nivel del mar.
    • En América Latina, se estima que 17 millones estarían en esta situación hacia esa fecha.
    • 60,000 personas huyen cada día de sus hogares por efectos del cambio climático; las cifras se han duplicado en la última década.
    • Solo en 2023, 7.7 millones de personas quedaron desplazadas dentro de sus propios países por desastres climáticos repentinos como tormentas, inundaciones o incendios.
    • El nivel del mar también amenaza: 1.23 mil millones de personas viven actualmente en zonas a menos de 10 m sobre el nivel del mar, lo que las vuelve especialmente vulnerables.
    • En México, se proyecta que entre 1.4 y 6.7 millones de adultos podrían emigrar hacia EE.UU. para 2080 debido al deterioro de la productividad agrícola provocado por el cambio climático.

    ¿Cómo respondemos?

    1. Mitigación del cambio climático
    – Transición rápida hacia energías renovables (solar, eólica, geotérmica).
    – Reforestación y restauración de ecosistemas como manglares y humedales, que actúan como escudos naturales contra tormentas y erosión.
    – Reducción urgente de emisiones conforme a los objetivos del Acuerdo de París.

    2. Adaptación comunitaria
    – Implementar sistemas de riego eficiente, captación de agua de lluvia y cultivos resistentes a la sequía o salinidad.
    – Crear redes de alerta temprana, refugios seguros y programas de seguros agropecuarios ajustados al clima.
    – Apoyo a economías locales: turismo sostenible, producción comunitaria, cooperativas energéticas.

    3. Legislación con mirada humana
    – Reconocer jurídicamente a los migrantes climáticos internos, garantizando acceso a salud, educación, vivienda y empleo.
    – Desarrollar un Plan Nacional de Adaptación Climática que identifique zonas vulnerables, delimite estrategias con participación de comunidades y coordine recursos.
    – Establecer incentivos verdes: subsidios, microcréditos, fondos para tecnologías sostenibles en zonas rurales.
    – Promover un ordenamiento territorial con justicia social, donde la relocalización de poblaciones se realice con dignidad, servicios, empleo y participación comunitaria.
    – Incluir en la educación pública contenidos sobre cambio climático, migración y resiliencia.

    Un último llamado

    Estas cifras no están grabadas en piedra: con políticas decididas y justicia social, se podría reducir la migración climática en hasta un 80%. Pero sin acción, los desplazamientos seguirán en aumento, forzando a comunidades enteras a dejar atrás sus raíces.

    El título “Nada que Perder” resume esta tragedia y nuestra invitación: actuar antes de que no quede ningún hogar que salvar.

  • Greenwashing en México: un reto para la sostenibilidad y la confianza ciudadana

    Greenwashing en México: un reto para la sostenibilidad y la confianza ciudadana

    En los últimos años, la palabra “sustentable” se ha vuelto común en la publicidad, el consumo y hasta en la política. En México, muchas empresas se presentan como “verdes”, “ecoamigables” o “responsables con el planeta”, pero no siempre cumplen lo que prometen. A esta práctica se le conoce como greenwashing, un término que mezcla “verde” (green) y “lavado” (washing), y que hace referencia al intento de limpiar la imagen pública de una empresa a través de mensajes ambientales engañosos o exagerados.

    El problema no es solo semántico. El greenwashing genera desinformación, debilita la confianza de los consumidores y retrasa la transición hacia una verdadera sostenibilidad. En un país como México, donde la conciencia ambiental crece pero la regulación aún enfrenta vacíos, este fenómeno se convierte en un obstáculo que debemos entender y enfrentar.

    ¿Cómo aparece el greenwashing en México?

    Al caminar por un supermercado, es común encontrar etiquetas que prometen ser “100% naturales”, “cuidar el planeta” o “neutrales en carbono”. Sin embargo, muchas veces estas afirmaciones no están respaldadas por estudios técnicos ni por certificaciones confiables. El greenwashing se manifiesta en diferentes formas:

    1. Afirmaciones vagas: expresiones como “producto verde” sin datos que lo sustenten.
    2. Sellos inventados: logos que parecen certificaciones pero que en realidad son creados por la misma empresa.
    3. Énfasis en un aspecto menor: destacar que un empaque es reciclable mientras el producto sigue contaminando en su producción o transporte.
    4. Promesas incompletas: hablar de reducción de plástico sin explicar el impacto en agua, energía o emisiones.
    5. Compensaciones dudosas: declarar “neutralidad de carbono” únicamente a través de la compra de créditos sin planes reales de reducción.

    Sectores como el de alimentos y bebidas, moda, transporte y bienes raíces son especialmente propensos a este tipo de prácticas en México.

    ¿Por qué ocurre?

    Existen varias razones detrás del greenwashing. En primer lugar, la presión del mercado: los consumidores valoran cada vez más los productos responsables, lo que motiva a las empresas a mostrarse sustentables aunque no lo sean del todo. En segundo lugar, la presión financiera: inversionistas y bancos buscan proyectos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que lleva a algunas compañías a exagerar avances.

    También influye la falta de regulación clara. Aunque en México existen normas de etiquetado y reglas de publicidad, aún no hay criterios unificados para evaluar afirmaciones ambientales. Finalmente, no hay que olvidar la complejidad técnica: medir huellas de carbono, agua o residuos requiere metodologías especializadas que no todas las empresas dominan.

    Los riesgos del greenwashing

    El greenwashing no es un simple error publicitario; implica consecuencias reales:

    • Pérdida de confianza: cuando el consumidor descubre el engaño, la credibilidad de la marca se erosiona de manera casi irreversible.
    • Problemas legales: la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) puede sancionar publicidad engañosa, lo cual expone a las empresas a multas y daños reputacionales.
    • Costos financieros: compañías que no cumplen con estándares internacionales pueden ser excluidas de fondos de inversión sostenibles.
    • Retroceso social y ambiental: las falsas promesas generan la idea de que “ya estamos haciendo suficiente”, cuando en realidad la crisis climática requiere transformaciones profundas.

    ¿Cómo evitarlo?

    Superar el greenwashing implica un compromiso tanto de las empresas como de los consumidores y reguladores. Algunas claves prácticas son:

    1. Claridad en la comunicación: evitar términos absolutos como “cero impacto” y ser precisos. Por ejemplo: “Nuestro empaque contiene 50% de plástico reciclado certificado”.
    2. Evidencia verificable: respaldar afirmaciones con metodologías reconocidas, como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) o certificaciones internacionales.
    3. Reducción antes que compensación: priorizar cambios reales en procesos productivos antes de recurrir a créditos de carbono.
    4. Estándares internacionales: alinear metas con iniciativas como Science Based Targets (SBTi) o Global Reporting Initiative (GRI).
    5. Transparencia con límites: reconocer lo que falta por hacer. Decir “hemos reducido nuestras emisiones en un 30%, pero aún no cubrimos nuestra cadena de proveedores” transmite más confianza que exagerar logros.
    6. Educación al consumidor: usar lenguaje sencillo y ofrecer información útil, como dónde reciclar un producto en México o cómo darle un segundo uso.
    7. Supervisión interna: capacitar a las áreas de marketing y comunicación para que no publiquen mensajes sin verificación técnica.

    El papel de los consumidores

    El consumidor mexicano tiene un rol crucial. Existen señales de alerta para detectar greenwashing:

    • Mensajes con palabras bonitas pero sin números.
    • Imágenes de naturaleza sin datos concretos.
    • Promesas excesivas con letras pequeñas que las contradicen.
    • Empresas que presumen un producto “verde” pero mantienen prácticas contaminantes en el resto de su portafolio.

    Exigir transparencia, preguntar por las certificaciones y apoyar a las empresas que realmente muestran evidencias son formas de contribuir a un mercado más honesto.

    Conclusión

    El greenwashing en México refleja una tensión entre el marketing y la verdadera sostenibilidad. No basta con decir “somos verdes”; se requiere demostrarlo con datos, certificaciones y una visión integral del impacto ambiental.

    Evitarlo no es solo responsabilidad de las empresas: también exige consumidores críticos, autoridades más estrictas y medios de comunicación que investiguen y difundan con rigor. La sostenibilidad auténtica no necesita frases espectaculares, sino coherencia, transparencia y compromiso real.

    Solo así podremos avanzar hacia un país donde las promesas ambientales no se queden en papel, sino que se traduzcan en cambios tangibles para la sociedad y para el planeta.

  • México Digital: El Estado que se Reinventa

    México Digital: El Estado que se Reinventa

    En la última década, la discusión sobre el papel de la tecnología en los gobiernos ha dejado de ser una conversación exclusiva de especialistas para convertirse en una demanda ciudadana. La rapidez de los avances digitales ha transformado la forma en que las personas trabajan, estudian, se comunican y realizan trámites. México no es ajeno a esta tendencia, y en 2024 dio un paso decisivo: la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una institución concebida para articular, acelerar y garantizar la modernización digital del Estado mexicano.

    Anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 24 de junio de 2024 y establecida oficialmente en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de ese mismo año, la ATDT no es solo un nuevo organismo gubernamental. Es, en esencia, un rediseño del andamiaje tecnológico del gobierno federal. Su mandato es ambicioso: unificar la infraestructura digital, garantizar la soberanía tecnológica, simplificar la vida administrativa de la ciudadanía y cerrar las brechas de acceso a internet.

    Una misión con siete pilares

    La misión de la ATDT se sostiene sobre siete grandes ejes, que marcan la hoja de ruta de esta transformación:

    • 1. Digitalizar trámites presenciales para que puedan realizarse en línea, reduciendo traslados y tiempos de espera.
    • 2. Simplificar la carga regulatoria tanto para personas como para empresas.
    • 3. Ahorrar recursos públicos y eliminar espacios de corrupción mediante interoperabilidad entre sistemas.
    • 4. Implementar un número único de atención ciudadana —el 079— operativo las 24 horas del día.
    • 5. Usar inteligencia de datos para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones.
    • 6. Fortalecer la autonomía tecnológica y la ciberseguridad nacional.
    • 7. Garantizar el acceso a internet como un derecho humano.
    • Estos ejes no son simples declaraciones de intención: constituyen la columna vertebral de un modelo de gestión digital que busca ser permanente, más allá de un sexenio.

    Llave MX y la identidad digital

    Entre los proyectos más emblemáticos de la agencia se encuentra Llave MX, una identidad digital única que permite a cualquier persona —física o moral— acceder a servicios públicos sin necesidad de acudir físicamente a oficinas. Este sistema centraliza documentos oficiales en un expediente digital, de forma que el ciudadano no tenga que presentarlos repetidamente ante cada institución.  

    El objetivo es que, para 2030, el 100 % de la población cuente con esta identidad digital y que la totalidad de los trámites federales se encuentren simplificados y, en su mayoría, digitalizados. Esto no solo implica eficiencia administrativa, sino también un cambio cultural: la idea de que el tiempo del ciudadano es tan valioso como el del Estado.

    Soberanía tecnológica y nuevos horizontes

    La ATDT no se limita a ofrecer trámites en línea. Uno de sus retos más estratégicos es la soberanía tecnológica. Para ello, planea una fábrica de software público, el desarrollo de “Nube México” y una política nacional de ciberseguridad.  

    Incluso, la agenda contempla el lanzamiento de un satélite entre 2027 y 2028, así como una posible constelación de observación terrestre. Estos proyectos, más cercanos al imaginario de agencias espaciales que al de un ministerio tradicional, revelan la dimensión de la visión que inspira a la ATDT: la tecnología como herramienta para la independencia y la competitividad internacional.

    Resultados iniciales: menos trámites, menos requisitos

    Apenas un año después de anunciar su estrategia, la ATDT reporta avances tangibles. La cantidad de trámites federales se redujo de 342 a 151, lo que representa un recorte del 56 %. Los requisitos promedio pasaron de seis a cuatro, una disminución del 34 %.  

    Pero más allá de la estadística, lo importante es la naturaleza de los cambios: se eliminaron trámites y documentos que resultaban anacrónicos, como la exigencia de testigos para registrar una defunción, la obligación de presentar pruebas de ADN en ciertos procesos o la necesidad de viajar al lugar de nacimiento para corregir actas.

    La consigna que guía esta simplificación es clara: primero eliminar la fricción burocrática, después digitalizar.

    Un reto de inclusión y confianza

    Sin embargo, la transformación digital del gobierno no es solo un desafío técnico: es también un reto social y político. Digitalizar trámites implica garantizar que todas las personas puedan acceder a ellos, lo que requiere inversión en infraestructura y alfabetización digital, especialmente en comunidades rurales y marginadas.  

    Además, la concentración de datos personales en plataformas estatales ha generado debates sobre privacidad y protección de la información, especialmente después de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La ATDT asegura que la seguridad de la información es prioritaria, pero la confianza ciudadana se gana con resultados y transparencia sostenida.

    Un proyecto de Estado, no de sexenio

    La ATDT es, en muchos sentidos, un proyecto de Estado. Su éxito dependerá no solo de la tecnología que implemente, sino de su capacidad para mantenerse como política pública más allá de cambios de administración. El riesgo de que iniciativas de gran calado queden truncas por motivos políticos es real; la oportunidad, en cambio, es que México consolide un modelo de gobierno digital que sirva como referencia en América Latina.

    En la medida en que logre cumplir su promesa de simplificación, accesibilidad y soberanía tecnológica, la ATDT puede convertirse en una de las reformas más significativas de las últimas décadas, transformando no solo el aparato administrativo, sino la relación cotidiana entre el Estado y la ciudadanía.

    En conclusión, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es un recordatorio de que el futuro de los gobiernos no está solo en sus políticas, sino en la infraestructura que las hace posibles. Si la tecnología es la herramienta, la voluntad política y la visión de largo plazo son el verdadero motor. México ha dado un paso ambicioso; el reto ahora es mantener el ritmo y no perder de vista que, en la era digital, el cambio no es una meta: es un proceso constante.