“… La Suprema Corte de Justicia de la Nación inventó el concepto ¨democracia deliberativa¨ para invalidar leyes y reformas constitucionales que se votan por mayoría simple y calificada en el Congreso de la Unión, con lo que se ha dado licencia para invadir facultades del Poder Legislativo”.
Ministra Lenia Batres Guadarrama en entrevista con Nancy Flores. Revista Contralínea 31 de marzo de 2024.
El poder judicial sigue mostrando no solo su identificación con la derecha del país, sino que se ha convertido en el defensor de los intereses de la minoría oligarca. Sin embargo, en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha empezado a escuchar la voz de la ministra Lenia Batres Guadarrama, incorporada a fines del 2023, y conocida ya como la ministra del pueblo por su clara identificación con intereses opuestos a los representados, por lo menos por otros ocho ministros.
Desde su llegada, la ministra Batres marcó claramente distancia con los representantes de la SCJN. Empezó con lo relacionado a sus remuneraciones y prestaciones. En un oficio dirigido el 29 de diciembre a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández le solicitó: se le inscribiera en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), le fuese asignado su salario con fundamento en lo dispuesto tanto en la Constitución como en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y, se le otorgaran las prestaciones sin derecho a seguro de separación individualizado, ni cajas de ahorro especiales, conforme al articulado correspondiente de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Aunque la difusión de sus peticiones trascendió el ámbito de la Corte la respuesta negativa de Norma Piña demostró, en este caso en cuestiones administrativas, las barreras infranqueables a las que Lenia Batres será sometida en asuntos de mayor trascendencia. Con respecto a su salario le señaló que sería entregado en su totalidad, es decir el mismo monto de los otros ministros y que ella podría optar por devolver a la Tesorería de la Federación la cantidad que considere excedente. En cuanto a ser inscrita en el ISSSTE no es posible debido a que los ministros se encuentran inscritos como “patrones” lo cual les impide tener la categoría de trabajadores del estado.
La congruencia y honestidad de la maestra en derecho penal y doctorante en estudios de la Ciudad fue subrayada por el presidente López Obrador cuando, en la mañanera del 5 de enero del 2024, celebró su incorporación a la Corte … pues es una mujer con principios, con ideales, de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia… https://youtu.be/pQocWaJ6uQo
Asimismo, el presidente comentó un video difundido por la oposición con el fin de desacreditar a la ministra Batres en el que se observa un pleito de uno de sus hijos en una vecindad … y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia: es una mamá, una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias. No es de la élite, ya con eso vamos de gane, porque hay algunos que toda su carrera la hacen arriba, por las nubes, en la élite, en el pináculo, arriba, ni voltean a ver al pueblo, ni a sus trabajadoras o trabajadores domésticos los tratan bien, no se comunican con ellos, ellos son jefes superiores y se relacionan con los de arriba.
En esa misma conferencia López Obrador comentó la violación a la Constitución en la que incurren los ministros de la Corte al ganar más que él utilizando amparos para mantener sus privilegios, así como para impedir que los recursos de los fideicomisos existentes en la SCJN, los cuales la ministra Piña estuvo de acuerdo con el jefe del Ejecutivo de que fueran destinados a los damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez. Sin embargo, la intervención de un juez ha impedido que se concrete el destino final de los recursos millonarios indebidamente disponibles en la Corte.
Pero las resoluciones de los ministros han llegado incluso a anular decisiones de otro de los poderes de la Unión. Es decir, la violación de la Constitución por parte de quienes debieran ser un ejemplo en la impartición de justicia en el país se ha expresado cuando los ministros son juez y parte. Alguno de los ministros, como lo ha hecho Javier Laynez Potisek, ha resuelto la improcedencia de algún dictamen aprobado en el Poder Legislativo, pasando por encima de su independencia y de su exclusiva facultad para la aprobación de las leyes, dejando sin efecto la decisión tomada por mayoría en el legislativo. Esto ha roto el equilibrio y la división de poderes.
Al respecto en la entrevista publicada el 31 de marzo a la ministra Lenia Batres, la periodista Nancy Flores de la revista Contralínea enfatiza precisamente lo dicho por la jurista cuando afirma: … contraviniendo principios constitucionales la mayoría de los ministros integrantes de la SCJN están recurriendo con frecuencia a conceptos como “democracia deliberativa” o “democracia constitucional”, de los cuales no existe referencia alguna en nuestra Carta Magna, con el claro propósito de echar abajo decisiones legislativas.
Para la ministra una de las mayores arbitrariedades de la Corte es la invasión de facultades del Poder Legislativo a partir de contravenir los términos de la Carta Magna. En un adelanto a la periodista, Batres le informó que, en la próxima discusión en el pleno, se revisará el fondo de esos criterios para evitar la discrecionalidad que ha prevalecido hasta ahora. Asimismo, reflexiona que el Poder Judicial de la Federación debe asumirse como corresponsable de la estabilidad política del país, la soberanía nacional, la armonía social y la salvaguarda del interés público, y que los ministros y ministras, como lo que son: funcionarios de Estado.
Recordemos cuando la Corte, a petición de las minorías partidistas en el congreso, negó la validez de la discusión en el pleno de varios proyectos de resolución aprobados por la mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados. En ese sentido, la ministra afirma que la Corte inventó un segundo criterio a partir del artículo 72 constitucional, que lo único que dice es que “el Congreso de la Unión discutirá en ambas cámaras cada proyecto de iniciativa de ley”.
Batres abunda que a partir de la palabra “discutirá”, el máximo tribunal ha generado normas cada vez con más detalle que impactan directamente en la labor legislativa y, al mismo tiempo, facilitan la intromisión de la SCJN en ese otro Poder de la Unión y en los congresos estatales.
Recordarán amigos lectores la justificación de la derecha ante la impugnación de los proyectos aprobados por la mayoría señalando que no se habían distribuido los proyectos con la debida antelación para que fuesen examinados por todos los legisladores. Al respecto, la ministra Batres Guadarrama señaló a Contralínea que otra regla impuesta “es que para garantizarse la participación equitativa y libre de las fuerzas políticas de ‘equis congreso’, tiene que haberse distribuido con ‘equis’ tiempo de anticipación, según sea una comisión o sea el Pleno, el proyecto o el dictamen a discusión.
Estas decisiones violan la independencia del poder legislativo y están sentando precedentes totalmente antidemocráticos en México. La imposición del poder judicial sobre otro poder es calificada como de gravísima por Batres y agrega traemos un récord de leyes invalidadas por proceso legislativo que no tienen justificación, porque el artículo 17 de esta Constitución dice que los juzgadores estamos obligados a priorizar el fondo sobre el procedimiento, y no lo estamos haciendo. En todas esas leyes invalidadas estamos priorizando el proceso legislativo… ni siquiera planteamos temas de constitucionalidad … nuestro pretexto constitucional es que se viola la democracia deliberativa, que no existe en la Constitución.
La ministra Batres acepta que no tiene la certeza de que la mayoría de las y los ministros de la Corte tenga la voluntad de frenar la actitud de echar abajo reformas y leyes que se aprueben por mayoría en el Congreso de la Unión, aunque reconoció que a partir de su ponencia existe el compromiso de la Corte de revisar los criterios, generar un parámetro con certeza, porque pareciera que un día sí se hace como se le ocurre al ponente: entonces, si no lo analiza oficiosamente, o propone que se invalide toda una ley, o todo un decreto, o un segmento; o sea, es sumamente arbitrario”. Es decir, que se supere la discrecionalidad del ponente. https://contralinea.com.mx/2024/03/31/
Sin duda los criterios aplicados en la SCJN representan un fuerte impedimento para avanzar en las reformas requeridas por el segundo piso de la 4T. Simplemente, si los planteamientos de los ministros tomados a partir de una decisión discrecional o a modo, de acuerdo con la trascendencia de la materia resuelta por el legislativo, podría esperarse que los avances necesarios para la continuidad con cambio serán bloqueados por el poder judicial.
Contamos con la ministra del pueblo en esta confrontación para imponer la legalidad constitucional. ¿Nos alcanzará, para superar la mayoría reaccionaria en la Corte? Por lo pronto Batres Guadarrama está haciendo un gran esfuerzo al evidenciar y poner en la discusión abierta y pública las decisiones facciosas del poder judicial.
¿Vamos en camino a un lawfare? La fuerza del pueblo organizado y participativo salvará al pueblo. Conforme se acerca el 2 de junio más convencidos debemos estar de impulsar con decisión la estrategia electoral del plan C. La promoción del voto en favor del proyecto de nación de la 4T debe ser la prioridad. La izquierda y las fuerzas progresistas deben estar unidas en torno a un solo objetivo seguir con la construcción del segundo piso de la transformación.
Creo necesario que la unidad en torno al proyecto de nación que encabeza Claudia Sheinbaum y miles de candidatos progresistas debe mirar al bosque y olvidar por el momento el árbol. Estemos atentos.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.