La candidata de Morena, Berenice Hernández Calderón, se mantiene como favorita en las encuestas de intención de voto para la alcaldía de Tláhuac, según los resultados revelados por Polls.mx, de cara a las elecciones del próximo dos de junio.
Hernández Calderón, quien actualmente ostenta la alcaldía con licencia, encabeza las preferencias con una ventaja de 25 puntos porcentuales sobre su competidora de la coalición “Vamos por la Ciudad de México”.
Con un 58% de preferencia en la intención de voto, Berenice Hernández supera ampliamente a Ana Karen Yáñez, abanderada del PAN-PRI-PRD, quien obtiene un 33%, mientras que Lesbia Gómez cuenta con un 6%.
Según los datos de la llamada Encuesta de Encuestas, la participación ciudadana en las últimas elecciones para la alcaldía fue del 44.71% del padrón electoral.
Con una población de 392,313 habitantes en Tláhuac y una lista nominal de 318,900 a febrero de 2024, la alcaldía representa el 4.02% de la Ciudad de México.
Bajo la dirección de su equipo y guiados por los valores de honestidad, esperanza y amor, han logrado convertir la alcaldía en un lugar lleno de oportunidades y bienestar para sus ciudadanos.
Se han destacado los progresos en áreas cruciales como la salud, la educación, la seguridad, el deporte y los servicios públicos.
Según la candidata, gracias a la implementación de políticas basadas en la Cuarta Transformación, Tláhuac ha experimentado una mejora notable en la calidad de vida de sus habitantes.
La candidata resaltó su compromiso con el servicio público y su determinación para continuar trabajando en beneficio de todos los residentes de la alcaldía, promoviendo una gestión transparente y enfocada en las necesidades genuinas de la comunidad.
Tláhuac creció con Bernice Hernández
En Tláhuac, la presencia de programas sociales locales y federales se hizo sentir con fuerza, como parte de las acciones emprendidas durante la gestión de Berenice Hernández Calderón como alcaldesa. En un esfuerzo por atender las necesidades de los ciudadanos, se instaló un módulo del INAPAM y se entregaron tarjetas para el Bienestar de las personas adultas mayores de 65 años.
Además, en un impulso a la economía familiar, llegó el Gas Bienestar, con el cambio de 29,729 cilindros viejos por nuevos, sumando un total de 25,164 de 20 litros y 4,565 de 30 litros.
Desde que asumió el cargo, Berenice Hernández ha centrado su gestión en la preservación del medio ambiente, el impulso al turismo y el fortalecimiento del campo como parte fundamental de la identidad y motor económico de Tláhuac. Se llevaron a cabo ferias de empleo y la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Fomento Turístico de la Alcaldía Tláhuac 2021.
Durante la conferencia matutina de hoy, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que el Programa IMSS Bienestar se convertirá en la única institución en el mundo que atenderá de manera gratuita a “personas que no tienen seguridad social, es decir, que no hacen contribuciones”.
Robledo explicó que en gobiernos anteriores, los sistemas de salud se fragmentaron y se crearon diversos modelos, entre ellos el Seguro Popular, que convirtió a la Federación solo en un pagador a estados y prestadores privados de servicios médicos con un número limitado de intervenciones.
El programa IMSS-Bienestar está destinado a ser la institución médica para personas sin seguridad social más grande del planeta. De los 65 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social, IMSS Bienestar atenderá a 53.2 millones, es decir, el 80 por ciento.
En este nuevo modelo de atención, se han transferido 707 hospitales y 13,966 centros de salud. Además, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y el Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, firmó con 23 estados el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar. Este acuerdo tiene como objetivo consolidar la operación de un sistema de atención médica único, universal, público, gratuito y preventivo.
En un contexto marcado por intentos reiterados de limitar la labor periodística en Quintana Roo, el debate sobre la modificación de artículos del Código Penal ha vuelto a encender las alarmas en la comunidad periodística y defensores de derechos humanos.
La propuesta de modificación de los artículos 194 Bis y 194 Ter del Código Penal de Quintana Roo plantea una serie de cambios que podrían criminalizar la actividad periodística, especialmente en lo relacionado con la difusión de información sobre servidores públicos. Bajo la premisa del derecho a la intimidad de los funcionarios, se busca penalizar la publicación de documentos, conversaciones, fotografías o videos sin su consentimiento, con penas que podrían llegar hasta los ocho años de prisión.
Esta iniciativa ha despertado una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos humanos y periodistas en Quintana Roo.Fabiola Cortés Miranda, Presidenta de la Asociación Civil ‘Somos tus Ojos’, ha señalado que estas modificaciones representan una grave amenaza para la libertad de expresión y el derecho a la información. En un intento por justificar la propuesta, la Diputada Mora Vallejo ha argumentado la necesidad de proteger la integridad familiar, personal y laboral de los servidores públicos. Sin embargo, esta justificación es cuestionada por su potencial impacto en la labor periodística y la transparencia gubernamental.
Los periodistas de Quintana Roo han levantado su voz en contra de estas reformas, advirtiendo que dificultarán aún más el ejercicio del periodismo en un estado marcado por la violencia criminal. Alertan sobre el riesgo de encarcelamiento para aquellos que divulguen información de interés público relacionada con funcionarios públicos y sus familias. Señalan que estas medidas podrían servir para proteger a malos funcionarios y obstaculizar la labor de denuncia de posibles actos de corrupción o abuso de poder.
Además, la aprobación de reformas para suprimir tratamientos mediáticos sexistas y humillantes de la violencia de género es un paso positivo, pero no debe opacar la grave amenaza que representan las modificaciones propuestas al Código Penal en cuanto a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el estado.
Este intento de criminalizar el periodismo no es un caso aislado en México. A lo largo de los años, hemos sido testigos de numerosos casos de periodistas que han sido perseguidos, criminalizados e incluso asesinados por ejercer su derecho a informar. La instrumentalización del marco legal para silenciar voces críticas y disidentes es una práctica recurrente que atenta contra los principios democráticos y los derechos humanos.
Casos emblemáticos como el de Lydia Cacho, Leonardo Garnier y Esther Beatriz May Vera son ejemplos claros de cómo el derecho penal se ha utilizado para intimidar y castigar a aquellos que revelan información de interés público. La historia de periodistas detenidos, amenazados y asesinados en México es un recordatorio contundente de los peligros que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar el statu quo y denunciar la corrupción y la impunidad.
Periodistas de Quintana Roo Levantan su Voz contra la Criminalización del Periodismo
La comunidad periodística en el estado de Quintana Roo ha alzado su voz en rechazo a las reformas legislativas que amenazan con dificultar aún más el ejercicio del periodismo en la región. Conscientes de la situación de violencia criminal que prevalece en el estado, los periodistas advierten sobre las implicaciones negativas de estas reformas, las cuales podrían poner en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
La iniciativa de ley, presentada por la diputada plurinominal Iris Mora, busca penalizar la difusión de información que los funcionarios públicos consideren confidencial, lo cual podría llevar a la cárcel a los periodistas que publiquen contenido de interés público, como investigaciones sobre corrupción o conflictos de interés. Esta medida, según los comunicadores, constituye una verdadera “ley mordaza” que coarta la labor periodística y limita la rendición de cuentas.
Además, los periodistas recuerdan la existencia de una ley local de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocida como “Ley Borge”, la cual fue abrogada pese a la solicitud de más de 100 periodistas y defensores de derechos humanos. Esta ley, considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional, no garantizaba la seguridad de los comunicadores, ya que estaba principalmente bajo el control de autoridades locales, quienes en ocasiones son responsables de agresiones contra periodistas.
A estas preocupaciones se suma la reciente modificación a la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada por la XVII Legislatura del Estado, que busca combatir los tratamientos mediáticos sexistas y humillantes de la violencia de género y el feminicidio. Si bien esta medida es un paso importante para visibilizar la violencia de género, los periodistas señalan que las ambigüedades en el marco legal estatal podrían permitir la criminalización del ejercicio periodístico.
En este contexto, diversas organizaciones no gubernamentales han manifestado su preocupación por la situación de los periodistas en Quintana Roo, instando a las autoridades a respetar y proteger la libertad de prensa como un derecho fundamental en una sociedad democrática.
#Alerta 1/3 El @CongresoQRoo pretende modificar su constitución para limitar la libertad de expresión y de prensa. Resulta que si alguien publica una foto y no le gusto al político en turno serías un criminal. ¡Imagínate! Hacemos un llamado urgente para detener esta aberración pic.twitter.com/5XVgBXsAcE
— Periodistas Desplazados México (@PDesplazadosMX) April 9, 2024
La Instrumentalización del Marco Legal: Un Atentado contra la Libertad de Prensa
La criminalización del ejercicio periodístico a través de la manipulación del marco legal es una realidad alarmante que amenaza los cimientos de la democracia en nuestro país. Casos emblemáticos como el de Lydia Cacho en Quintana Roo y Puebla han puesto de manifiesto cómo el derecho penal se ha utilizado como una herramienta para silenciar y castigar a aquellos que desvelan información de interés público.
Lydia Cacho, al exponer una red de trata de personas y pederastia, fue víctima de una falsa acusación de difamación, seguida de tortura por parte del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. De manera similar, Leonardo Garnier evidenció conflictos de intereses entre una constructora y el gobierno estatal de Hidalgo, dirigido por Francisco Olvera en aquel entonces. Más recientemente, Esther Beatriz May Vera fue vinculada a proceso por difamación en noviembre de 2021, como represalia a sus denuncias sobre agresiones e intimidaciones por parte de integrantes del Ayuntamiento de Motul.
Estos casos, junto con otros ejemplos de activistas y defensores del medio ambiente y el territorio, como el de David Hernández en Oaxaca y Kenia Hernández en el Estado de México, evidencian la persistencia de viejas y nuevas formas de persecución contra aquellos que revelan información de interés público.
La adopción de delitos como el “halconeo“, que criminaliza la búsqueda de información sobre seguridad pública, así como el uso abusivo de delitos electorales, como la violencia política en razón de género, para inhibir el escrutinio sobre mujeres políticas, son prácticas que minan la libertad de prensa y la rendición de cuentas.
A pesar de los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar inconstitucionales tales delitos, muchos casos no llegan a su revisión, lo que deja a periodistas y defensores de derechos humanos a merced de autoridades locales sometidas a lógicas políticas que convalidan la criminalización de la protesta y la defensa de derechos fundamentales.
La lucha contra la instrumentalización del marco legal para perseguir y silenciar voces críticas es una batalla que debe ser librada con determinación y unidad. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de defender la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia, y exigir a las autoridades el respeto irrestricto de la libertad de expresión y el derecho a la información.
En este contexto, es fundamental que las autoridades en Quintana Roo y en todo México respeten y protejan el derecho a la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Las reformas propuestas al Código Penal de Quintana Roo representan un retroceso en materia de derechos humanos y deben ser rechazadas de manera contundente. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de defender la libertad de prensa y el derecho a la información como pilares fundamentales de una sociedad democrática y transparente.
Estudiantes de la Universidad Iberoamericana manifestaron su descontento durante la visita de Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, y los partidos que la respaldan. La protesta tuvo lugar durante el encuentro al que asistió la candidata en el recinto universitario.
Poco después del inicio de la presentación de Gálvez, estudiantes desplegaron una manta con la leyenda “IBERO NO OLVIDA”, donde criticaron a los gobiernos del PRI y el PAN, señalando su presunta implicación en tragedias como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en 2016 o el incendio de la Guardería ABC en 2009.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | "#Ibero tiene memoria": estudiantes de la universidad privada se manifiestan contra @XochitlGalvez y le recuerdan los casos de la #GuarderiaABC y #Ayotzinapa, mientras unos pocos tratan de vitorear sin éxito a la panista.
Ante la protesta, Xóchitl Gálvez detuvo su presentación para observar la pancarta y, al percatarse de la protesta, aseguró estar dispuesta a escuchar las demandas de los estudiantes. Posteriormente, retomó su discurso.
En medio del contexto electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó los logros económicos de su administración, asegurando que la pobreza y la desigualdad en México se han reducido a pesar de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Durante su discurso en las instalaciones del Octavo Batallón de Infantería, el jefe del Ejecutivo federal resaltó que la economía mexicana está experimentando un crecimiento sostenido. Además, destacó que el peso mexicano se ha fortalecido significativamente en comparación con otras monedas a nivel mundial, especialmente en relación con el dólar.
“Tenemos mejores ingresos en México, han mejorado los ingresos, México es de los pocos países en el mundo con empleos casi pleno, no hay prácticamente desempleo, nuestra economía está creciendo, nuestro peso se ha fortalecido más que ninguna otra moneda en el mundo con relación al dólar, pero sobre todo que decía Rubén (Rocha, gobernador de Sinaloa) con lo que me siento más orgulloso hemos logrado a pesar de la pandemia, reducir la pobreza, y la desigualad”
López Obrador subrayó que AMLO destaca reducción de pobreza y fortalecimiento del peso mexicano Además, señaló que su gobierno ha sido capaz de reducir la pobreza y la desigualdad, a pesar de los desafíos derivados de la pandemia.
El presidente también hizo hincapié en el compromiso de su administración en el combate a la delincuencia, asegurando que se ha delimitado claramente la frontera entre la delincuencia y la autoridad, en contraste con la situación previa, donde predominaba la impunidad.
Las declaraciones de López Obrador reflejan su visión optimista sobre la situación económica y social del país, en un contexto marcado por la contienda electoral y los desafíos derivados de la pandemia de Covid-19.
Los Ángeles, miembros de la comunidad mexicana celebrarán hoy una protesta frente al Consulado de Ecuador en Los Ángeles para protestar por la invasión violeta de anoche ala Embajada de México por parte de miembros de la policía y el ejército de la nación sudamericana.
Como resultado de esta acción militar/policial ilegal y sin precedentes ordenada por el Gobierno del Presidente Daniel Noboa, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador.
📹 #Vídeo | Ciudadanos mexicanos y progresistas del sur de California, Estados Unidos, protestan frente al consulado de Ecuador para denunciar la invasión militar/policiaca a la Embajada de México en Quito. pic.twitter.com/MnNgc7XjX0
“Lo ocurrido anoche constituye una flagrante violación del derecho internacional, y una agresión violenta contra la soberanía de México”, afirmó Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos Para Los Inmigrantes. “La invasión a la Embajada de México y la violencia desplegada por la policía y miembros del ejército de Ecuador resultaron en lesiones a miembros del cuerpo diplomático y el arresto del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien se había refugiado en la embajada el año pasado. No podemos y no permitiremos que esta acción fascista, y antidemocrática, quede impune”, concluyó el Sr. Gutiérrez.
En la Ciudad de México, un nutrido grupo de manifestantes igualmente se congregó en la Embajada de Ecuador en la capital mexicana para entonar el himno y realizar una jornada de protestas pacíficas
📹 #Vídeo | Cientos de personas se reúnen afuera de la embajada de Ecuador en México para protestar de manera pacífica.
Los manifestantes entonaron el Himno Nacional en protesta por la irrupción de elementos policiales de la nación sudamérica en la sede diplomática mexicana.… pic.twitter.com/vVvGSYMpM0
El ex director de comunicación social del Ayuntamiento de Puebla en la segunda etapa del panista Eduardo Rivera Pérez, ahora candidato al gobierno de Puebla por el PAN, fue denunciado por abuso sexual por una joven de 22 años.
Las denuncias ya fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se puedan iniciar las investigaciones contra Fernando Cortés y así poder proceder en contra del funcionario conservador, que hasta el momento solo ha sido separado de su cargo pero no ha recibido ninguna sanción.
Igualmente se acusa que la contraloría tampoco ha tomado cartas en el asunto, pese a que ya fue informada de este grave caso, y es que el mencionado órgano está a cargo de Santiago Martínez Sánchez, señalado de ser parte del grupo más conservador que tiene Acción Nacional.
Por su parte, la afectada exige justicia y que el agresor pise la cárcel por lo ocurrido, pues después de que ella salió del Ayuntamiento de Puebla, ha tenido que tomar terapia.
La joven narró que fue una “pesadilla” trabajar con Fernando Cortés, ya que además del acoso laboral, el bajo sueldo y las largas jornadas laborales, el sujeto abusó de ella.
Según sus declaraciones, esto último ocurrió cuando entró a laborar como community manager para el señalado, el día 4 de mayo de 2023 y que terminó el 31 de agosto del mismo año.
“Me empezaba a decir piropos fuera de contexto, también cada vez que me saludaba me ponía la mano en la cintura de forma morbosa, además siempre mandaba miradas lascivas hacia mis piernas”.
Menciona que el 31 de agosto de 2023 Cortés la mandó llamar a su oficina, donde a solas la besó en la mejilla y luego usó la fuerza para evitar que se fuera y retenerla en el lugar.
“Me pegó a él de tal forma que frotó su pene sobre mi pierna y me empezó a tocar las piernas, mi cintura y también me empezó a besar el cuello y comenzó a decirme que era mi culpa por ser tan guapa, me besó la boca y comenzó pasarme la lengua sobre la boca, al reaccionar yo estiré mi brazo y abrí la puerta”.
Tras su renuncia, el ayuntamiento panista de Puebla continuó con el acoso para la afectada, llegando a envíar gente a su domicilio particular para preguntar qué intenciones en contra tenía contra el funcionario municipal.
La mujer agregó que Cortés sigue trabajando, ahora con el candidato a gobernador: “no es justo porque contraloría no han hecho nada y en fiscalía hay algo raro. Yo sí quiero que se vaya a la cárcel. Me dijeron que repararía el daño moral. En fiscalía me dijeron que era abuso sexual, no acoso como me dijeron en contraloría. No se me hace justo que siga como sin nada”.
Hannah de Lamadrid, dio a conocer que como alcaldesa creará la primera dirección de atención a unidades habitacionales en Coyoacán con la intención de atender las problemáticas de manera focalizada y de implementar políticas públicas centradas en las necesidades de cada colonia de la Alcaldía. “Es primordial tener un trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía, basado en el diálogo y el respeto, todo impulsado por el amor que le tenemos al lugar donde vivimos”.
“Normalmente la alcaldía te dice, -no me toca, es privado, yo no tengo tiempo, yo no tengo lana, yo no tengo gente-. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarnos el chip y ser verdaderos servidores públicos porque como alcaldía hay muchos temas que claro que nos tocan. Asi viva un solo coyoacanense en una unidad habitacional, su alcaldía y su gobierno tiene que trabajar para resolverle lo que necesite”.
señaló en su recorrido por la zona de Culhuacán.
📹 #Vídeo | Hannah de Lamadrid (@hdelamadrid), candidata de la #4T por la alcaldía #Coyoacán, se comprometió a crear la primera dirección de atención a unidades habitacionales de la demarcación; participarán habitantes y gobierno. pic.twitter.com/cx06VTahTi
En este sentido, la candidata morenista apuntó que la coordinación de acciones y la participación de todos -habitantes y gobierno- permitirá generar mayores resultados en menor tiempo sobre todo en lo relacionado con el desgaste de espacios comunes y áreas verdes, requerimientos de bacheo, banquetas y recolección de basura así como en materia de inseguridad y de venta ilegal de alcohol. Lo que, a su vez, dijo, se traducirá en mayor confianza a la Alcaldía y en un mejor ambiente para vivir.
“Para eso nos contratan con su voto, para que nos pongamos a chambear. Para atender su necesidades y permanecer cercanos a nuestros vecinos ¿Cuántos años tenemos escuchando, es que eso no lo ve la alcaldía? -Muchos-. Es que mientras sigan los mismos de siempre, que no les gusta trabajar, esto no va a cambiar. Por eso Morena es la esperanza de la gente, nuestros vecinos nos necesitan trabajando”.
comentó
Finalmente, Hannah de Lamadrid apuntó que “por este tipo de cosas: el no se puede, el no hay, el no me toca”, Morena va a arrasar el próximo 2 de junio y va a encabezar el gobierno de Coyoacán.
Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue acusada por la magistrada Celia Maya García de buscar el control total del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En una entrevista concedida a La Jornada, Maya García explicó que Piña presentó una reforma que reduce las facultades de la Comisión de Adscripciones del CJF, encargada de la adscripción de jueces y magistrados en todo el país.
Según relató la magistrada, expresó su preocupación por cómo la reforma estaba superando las atribuciones de la Comisión de Adscripciones. Sin embargo, la presidenta de la SCJN se mantuvo firme en su posición, justificando la acción argumentando que el pleno tiene el poder de tomar decisiones.
“Ese día le dije: ‘ministra, esto no lo puede concentrar usted’, y respondió: ‘¡claro que sí, porque somos el pleno!’ Le contesté que no. Nosotros no le negamos su función al pleno, el pleno va a seguir haciendo lo que ha hecho: resolviendo, pero la Constitución y el consejo mismo aceptó, desde que hizo su normativa, que funcionara en pleno y en comisiones. Entonces así tiene que ser”
Celia Maya García
La reforma implica que, independientemente de la opinión de la Comisión de Adscripciones, los proyectos serán remitidos al pleno para que la ministra Piña tome las decisiones finales.
La reforma se realizó sin el debido análisis y votación, y sin cumplir con las formalidades establecidas por la normativa y Norma Piña dio por aprobadas las modificaciones a lo establecido en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica del PJF, y sentenció a los ahí presentes: “Les comunico que ya en adscripciones no habrá los nombramientos de jueces y magistrados, nada más los de secretarios”.
“Pedí al secretario que me enseñara el acta y me mostró el punto a discusión. Le espeté: ‘¡Esto no pasó aquí!’ Es que en el documento, al final, en un punto general se puso como si se hubiera sometido a consideración que se reformaba la ley, y que ya el consejo así lo acordaba. Pero no todos los consejeros pudieron decir que sí había ocurrido y hubieran votado.”
El caso será discutido en el pleno del CJF el 3 de abril, y Maya García teme que Piña pueda obtener el respaldo de tres consejeros designados por la actual Corte, siendo estos Sergio Javier Molina, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo, lo que le permitiría consolidar su control sobre el CJF.
“Siguen en querer concentrar el poder en el pleno, la presidenta puede ganar con los consejeros que tienen un espíritu corporativo, porque todo mundo sabe que hay tres consejeros que fueron designados por la actual Corte”.
Este martes, el General Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó ante el Presidente López Obrador, sobre el incidente que sufrió un vagón del Tren Maya el pasado 25 de marzo en la estación de Tixkokob en Yucatán y que se debió a la mala fijación de un tornillo.
“Hay un aparato de vía que es el sistema donde va distribuyendo hacia dónde tiene que irse el tren. Se coloca para que siga el tren, sin detenerse o hacer un movimiento para que pueda entrar a la estación. Este sistema es automatizado, pero no tenemos completo el sistema y se hace de manera manual. Se llaman clamp”.
Detalló
“La sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera hacer su operación normal y pasaron tres trenes, y el último es el que toma de manera incorrecta este aparato de vía y provoca que salga de las vías”.
Dijo
El funcionario federal agregó que ya se presentó una denuncia de los hechos ante el Ministerio Público además de la integración de una comisión dictaminadora para atender lo ocurrido en Yucatán.
Por su parte las empresas Alstom y Azvindi se encuentran determinado el costo del incidente al Tren Maya y a las vías afectadas tras el desacoplamiento del vagón.
