La Cámara de Diputados aprobó una ley de inteligencia en materia de seguridad pública que regula las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La votación se llevó a cabo en medio de un intenso debate y descalificaciones entre los diferentes grupos parlamentarios.
La ley, que obtuvo 368 votos a favor de Morena, PT, PVEM y MC, amplía las facultades del titular de la SSPC, Omar García Harfuch. La diputada Sandra Anaya, de Morena, enfatizó que el objetivo es proporcionar un marco jurídico para prevenir y combatir delitos, especialmente los de alto impacto.
El dictamen, que incluye un anexo de 116 páginas, permite al titular de la SSPC solicitar información de diversas fuentes, incluidas instituciones de seguridad y entes privados. Esta información abarcará registros vehiculares, datos biométricos y fiscales, así como información sobre armas y detenidos.
La oposición, representada por PRI y PAN, expresó su preocupación por la posibilidad de que la ley formalice el espionaje. Sin embargo, los defensores de la ley argumentaron que se trata de una herramienta para prevenir delitos y no de una violación de la privacidad de los ciudadanos.
Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría legislativa, aseguró que la ley no representa un retroceso en la lucha por los derechos humanos. Rechazó la idea de regresar a prácticas de espionaje del pasado y reafirmó el compromiso de su bancada con la democracia.
A pesar de las controversias, la legislación sigue su curso y el debate continuará en el pleno. La aprobación de esta ley marca un paso significativo en la regulación de la seguridad pública en México.
