Por Ricardo Sevilla
Emilio Zebadúa compró por 69 mdp el despacho “Zebadúa, Murguía y Luna Ramos Abogados”, desde donde gestionó los desvíos de “La Estafa Maestra”. Actualmente opera una extensa red de tráfico de influencias que ha beneficiado en distintos momentos a sus clientes, entre ellos Arturo Millet, el “mafioso de Yucatán”, y José Manuel Suárez Díaz, “el junior del caucho”.
Emilio Zebadúa González no sólo fue el protagonista impune del entramado de corrupción al que la prensa nacional nombró “La Estafa Maestra”, sino que también es el operador detrás de despachos que, a través del amiguismo, favores y moches, dirigen una red de tráfico de influencias dedicada al despojo, el enriquecimiento y la impunidad.
A través de bufetes como Zebadúa, Murguía y Luna Ramos Abogados, Emilio y su hijo, Nicolás, así como su equipo legal, han usado artimañas legales para despojar y, en su caso, “defender”, a empresarios como Arturo Millet, “uno de los grandes mafiosos de Yucatán”, o José Manuel Suárez Díaz, un “junior” señalado como artífice de empresas fantasma ideadas para defraudar a sus socios.
En contubernio con las autoridades, José Manuel Suárez Díaz, utilizando toda la artillería de influencias con las que cuenta el despacho de Emilio Zebadúa, logró despojar a uno de sus socios, quien recién pasó 15 días en prisión preventiva. De igual manera despojó a un científico que había firmado un jugoso contrato con Pemex por el desarrollo de una tecnología que impedía el huachicol.
El ascenso de un gánster financiero
Heredero de un imperio multimillonario, producto del comercio y la explotación del caucho, José Manuel Suárez también es fundador o empleado de al menos 21 empresas a través de las cuales ha defraudado y blanqueado dinero.
Sin constancia de estudios universitarios, y con apenas 35 años, José Manuel Suárez Díaz ha amasado una increíble fortuna que ascendió, entre 2022 y 2024, a la nada despreciable cantidad de 88 millones 662 mil 152 pesos, según consta en sus declaraciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda.
Durante los tres años declarados, el junior del caucho reportó ingresos por 53 millones 863 mil 663 pesos bajo el régimen “Otros ingresos”; 5 millones por concepto de “Salarios”; 2 millones 46 mil pesos procedentes de “Intereses nominales” y otros 27 millones 551 mil 260 pesos por “Sueldos y Salarios”, procedentes de tres empresas.
Tal como sus ingresos lo revelan, Suárez Díaz ha incursionado en sectores del ramo inmobiliario, la seguridad privada, la asesoría financiera e incluso la industria petrolera.
Sus empresas no sólo han servido para maquinar proyectos de negocios en cuales los socios misteriosamente cambian o desaparecen, sino que han sido utilizados como presuntas fachadas para el lavado de dinero de organizaciones como “La Trilladora”, principal brazo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Tal es el caso de Vither Tech SA de CV, una empresa constituida por Marisela Monreal Pérez, en la que José Manuel prestó sus servicios como asesor administrativo en 2020.
Vither fue fundada por Marisela, una exempleada de Sanborns que, engañada por Mario Nino Ferrari, fungió como prestanombres de cuatro empresas vinculadas al lavado de 900 millones de pesos en una red dirigida por Manuel Rodolfo Trillo, cerebro financiero del “Chapo” Guzmán.
Vither Tech comenzó operaciones en 2017 bajo los conceptos de “consultoría en materia legal” y “marketing” en un edificio discreto, ubicado en Hipólito Taine 244, colonia Polanco, a solo 10 calles de la calle Tennyson. Cabe recordar que en esta última se encuentra la sede de los despachos donde se presume que Emilio recibía y otorgaba millonarios sobornos a las autoridades de la Ciudad de México para conseguir sentencias favorables.
En plataformas de información pública se puede constatar que Vither Tech también recibió contratos y licitaciones del Congreso de la CDMX, la Auditoría Superior de Puebla, los gobiernos de Hidalgo, Coahuila, Aguascalientes y la Alcaldía de Coyoacán, misma en la que Suárez Díaz y los litigantes de Emilio Zebadúa lograron conseguir una dudosa orden de aprehensión para despojar al socio de José Manuel.
Además de Vither, el “junior del caucho” se asoció con las siguientes empresas:
- Oilmex Innovations S.A de C.V.
- Tofax S.A de C.V.
- Thunder Soluciones para ti S.A de C.V.
- DXN Express S.A de C.V. (en asociación con Gonzálo Azcárraga Rivera, director de relaciones corporativas de Grupo Radio Fórmula)
- FRI Seguridad Privada S.A de C.V.
- Resguardo de Seguridad Corporativo Sagitario SAPI de C.V:
- MF Capital
- Mobile Homes Capital
- MHC Pleasanton Inc (donde fungió como socio de Gerardo Ponce de León Ollivier, director general de la Fundación Dondé)
- ABC Capital
- SUA Tenedora de Acciones
Entre otra decena de empresas tanto en México como en Estados Unidos.
El encuentro con el maestro de la impunidad
Los destinos de José Manuel Suárez Díaz y Emilio Zebadúa se cruzaron a lo lejos, pero se unieron por un gusto en común: el dinero y las influencias. Algo que, hasta el momento, ha sido vital para que Zebadúa siga libre pese a que, en sus propias palabras, dirigió una red para desviar cerca de 7 mil 600 millones de pesos de recursos públicos destinados a la extinta Sedesol y Sedatu.
Dependencias donde el chiapaneco Zebadúa fungía como Oficial Mayor de Rosario Robles
Los colaboradores de la experredista Rosario Robles no toleraban a Zebadúa, argumentaban que no le faltaba experiencia ni inteligencia, pero “tenía un estilo que pocos toleraban”. Su carrera en el servicio público empezó en 1990 y fue gracias a la estrecha amistad que logró trabar con Ana Paula Gerard, quien pocos años después se convirtió en la segunda esposa del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari, llegando así a los más altos niveles del servicio público.
De hecho, fue Ana Paula quien consiguió un puesto para Zebadúa en la Oficina de Presidencia durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y ella misma fue quien lo acercó al polémico exregente del Distrito Federal, José María Córdova Montoya. En aquel tiempo, Zebadúa comprobó que las relaciones lo eran todo, porque años más tarde gozaría los beneficios del dinero y el amiguismo.
Pero sus triquiñuelas no tardaron en ser descubiertas
Hace algunos años, en 2017, se desatapó una red de corrupción que inundó los medios de comunicación y fue denominada como “La Estafa Maestra”, de la cual Zebadúa fue el director.
Él habría sido el encargado de elaborar contratos falsos, convenios simulados con universidades, licitaciones y obras que nunca llegaron; todo a través de un meticuloso sistema que servía para desviar la mayor cantidad posible de dinero público.
De esta manera, los recursos iban a parar a las carreras de Zebadúa y Rosario y, por si fuera poco, también llenarían los bolsillos de agentes de Ministerios Público de la CDMX, especialmente en las manos de fiscales como Juan Manuel Ramos, quien curiosamente comparte apellido con la exmagistrada de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Luna Ramos y Alejandro Luna Ramos, socio del bufete de abogados Zebadúa, Murguía y Luna Ramos Abogados.
No era coincidencia, aseguran nuestras fuentes, que el Poder Judicial estuviese inundado de familiares de Emilio Zebadúa.
Las relaciones e influencia que Emilio construyó desde 1990 hasta 2020, momento de su salida de escena del servicio público, lo ayudaron a recuperar la fortuna ilegal que amasó con La Estafa Maestra y que su propio hermano le arrebató.
Durante las pesquisas por el caso, Emilio repartió dinero a diestra y siniestra para evadir una orden de aprehensión y un subsecuente encarcelamiento. Pasó de ser un prófugo en Canadá a un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras su regreso a México, Zebadúa compró por 69 millones de pesos en efectivo un despacho jurídico ubicado en Eugenio Sue 98, en la colonia Polanco, una zona de alta plusvalía en la CDMX, donde le gustaba vivir y operar, puesto que, detrás del despacho, y conectado a éste, estaba el domicilio particular de Emilio, cuya entrada principal estaba oficiada en el #125 de la calle Tennyson.
El bufete resultó ser: Zebadúa, Murguía y Luna Ramos Abogados, el cual colaboró en su propia defensa y en el que actualmente, su hijo, Nicolás Zebadúa, aparece como socio principal junto a un equipo de jóvenes abogados especializados en danza, arte y cultura.
Desde estas locaciones Emilio gestionó el desvío de recursos de Sedatu, Sedesol, resolvió moches y ahora desde ahí prepara las artimañas legales para beneficio de clientes como José Manuel o, el ahora prófugo, Arturo Millet.
Es también desde estas oficinas donde Emilio, impune en todo cargo, continúa amasando una cuantiosa fortuna producto del fraude, el tráfico de influencias y el miedo.
