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  • ¿Qué fue la huelga de Cananea?

    ¿Qué fue la huelga de Cananea?

    Por Nathael Pérez

    ¿Qué fue la huelga de Cananea?

    La huelga de Cananea fue un prolongado conflicto laboral que terminó el 17 de diciembre de 2025 tras más de 18 años de lucha de los trabajadores de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, contra la empresa Grupo México.

    Encabezado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), liderado por Napoleón Gómez Urrutia, este movimiento se convirtió en uno de los conflictos laborales más largos de la historia moderna de México y un símbolo de la lucha por los derechos laborales frente a intereses empresariales y decisiones políticas de distintos gobiernos.

    ¿Cómo comenzó?

    La huelga estalló el 30 de julio de 2007, cuando los trabajadores decidieron suspender labores en la mina al denunciar violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo, condiciones de inseguridad y falta de respuesta por parte de la empresa.

    Desde el inicio, el movimiento se politizó, pues hubo intervención tanto de autoridades federales como de actores políticos, lo que hizo que el conflicto trascendiera de lo estrictamente laboral y se transformara en una confrontación entre los trabajadores organizados y el poder corporativo y estatal.

    Factores detonantes

    Las causas principales incluyeron:

    • Incumplimiento del contrato colectivo: desacuerdos persistentes sobre salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.
    • Condiciones inseguras: denuncias continuas sobre la falta de medidas adecuadas de seguridad e higiene en la mina.
    • Presión política y legal: el enfrentamiento entre el sindicato y el Estado contribuyó a cargar políticamente el conflicto.
    • Falta de acción empresarial y estatal: los intentos por parte de Grupo México y gobiernos anteriores por resolver la huelga fueron insuficientes, lo que prolongó el paro por años.

    ¿Cuánto tiempo duró?

    La huelga se prolongó desde el 30 de julio de 2007 hasta el 17 de diciembre de 2025, es decir, más de 18 años de paralización, resistencia y negociación.

    La noche del 17 de diciembre de 2025, en asamblea general, los trabajadores aprobaron por unanimidad los términos de un acuerdo definitivo como parte de un “Plan de Solución Integral” negociado con autoridades federales y del estado de Sonora, marcando así el fin oficial del conflicto. 

    Sucesos más importantes que marcaron la huelga

    Represión del PAN

    • Durante la administración del panista Felipe Calderón, en 2010 la Policía Federal ingresó a la mina para retomar control y reanudar operaciones, lo que fue visto por los trabajadores como una forma de represión y alineación con intereses empresariales sobre los derechos sindicales.
    • Este hecho se convirtió en uno de los momentos más recordados del conflicto, pues reflejó la participación directa del gobierno federal del PAN en la estrategia para contener y debilitar a los huelguistas.

    Además, la prolongación de la huelga a lo largo de los sexenios del PAN —incluyendo figuras como Guillermo Padrés Elías, entonces gobernador de Sonora— contribuyó a que el conflicto adquiriera una dimensión política regional y nacional. 

    Acciones y participación de políticos vinculados al PRI

    • Aunque el PRI no fue actor directo en las negociaciones generales, miembros priistas y representantes legislativos de Sonora jugaron un papel en foros legislativos y políticos al abordar el tema desde instancias de gobierno y propuestas para darle seguimiento a la situación de los trabajadores, la mina y su impacto económico y social.
    • El caso de Cananea fue usado por algunos priistas en espacios públicos y legislativos para cuestionar políticas laborales y de negociación de los gobiernos federales, así como para promover soluciones legislativas sobre derechos laborales.

     Acuerdo final y cierre del conflicto

    • El fin de la huelga se formalizó con la aprobación de un Plan de Solución Integral, el cual incluye beneficios económicos, acceso al IMSS, pensiones y otras compensaciones para los trabajadores y familias afectadas, negociado con la participación del gobierno federal (encabezado por Claudia Sheinbaum) y el gobierno estatal de Sonora.
    • Los trabajadores expresaron agradecimiento a las autoridades por su intervención en esta etapa y subrayaron el significado histórico del acuerdo, poniendo fin a una lucha que duró casi dos décadas.

    Importancia histórica

    La huelga de Cananea del siglo XXI fue un conflicto laboral excepcional por su duración, resistencia y dimensión política, ya que puso en evidencia:

    • La fragilidad de los derechos laborales frente a intereses económicos poderosos
    • La intervención de gobiernos federales y estatales, particularmente bajo administraciones del PAN y al involucrar a políticos priistas en ámbitos legislativos
    • La necesidad de repensar condiciones laborales, seguridad social y justicia para trabajadores mineros
    • El firme papel del sindicalismo organizado en México desde una perspectiva histórica y contemporánea
  • TV Azteca y El Universal se alían

    TV Azteca y El Universal se alían

    Por Ricardo Sevilla

    El Eje Ealy Ortiz – Salinas Pliego

    En el epicentro del periodismo corporativo, Juan Francisco Ealy Ortiz (dueño y presidente de El Universal) se ha encargado de construir un pernicioso imperio de influencia.

    Ealy Ortiz se jacta de formar parte de diferentes organizaciones periodísticas.

    Una de ellas es la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

    Sin embargo, su pertenencia a la SIP revela una agenda que trasciende lo informativo.

    De hecho, detrás de esta relación existe un patrón de “solidaridad corporativa”.

    ¿A qué me refiero? Le explico:

    La SIP no solo defiende la libertad de prensa, sino que actúa como un escudo diplomático para empresarios bajo fuego estatal, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego.

    Con sede en Estados Unidos, específicamente en Miami, la SIP ha emitido comunicados donde dice estar “preocupada” por las críticas gubernamentales hacia Grupo Salinas. Lo que el organismo omite decir es que estas descalificaciones han derivado de un conflicto fiscal histórico: una deuda que supera los 63 mil millones de pesos al fisco mexicano.

    Y aquí es importante decir que la “libertad de expresión” se utiliza como un eufemismo para proteger el patrimonio de un deudor sistémico.

    El “Networking” del horror

    Hay algo curioso: para atraer socios, la SIP ofrece una moneda de cambio invaluable: el acceso a redes y contactos. No obstante, sus archivos de “casos de éxito” incluyen a figuras que representan las antípodas de los valores democráticos.

    Y es que esta organización dice a sus socios, para engatusarlos, que sus afiliados han tenido acceso a la opinión directa de líderes políticos como Augusto Pinochet, Bill Clinton, Oscar Arias, etcétera.

    Pero le digo quienes han sido estos flamantes consejeros que tanto presume el SIP. Ahí le van:

    El expresidente estadounidense Bill Clinton, quien tuvo una relación extramatrimonial con la becaria Monica Lewinsky, lo cual llevó a Clinton a un juicio político (impeachment) por perjurio y obstrucción de la justicia.

    El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien, en 2019, fue denunciado por varias mujeres, quienes lo denunciaron por abuso sexual y violación. Arias, cabe recordarlo, fue criticado por impulsar una reforma constitucional que le permitió volver a la presidencia en 2006, rompiendo la tradición de no reelección en su país.

    Augusto Pinochet, responsable de una dictadura marcada por torturas, ejecuciones y desapariciones.

    Y aquí observamos una amalgama de intereses donde los dueños de los medios (Ealy Ortiz), los magnates financieros (Salinas Pliego) y los organismos internacionales (SIP) forman una casta cerrada. El objetivo no es informar, sino mantener el statu quo que les permite operar por encima de la ley.

    Lamentablemente, el discurso de la “libertad de prensa” se convierte en una herramienta ideológica. Cuando el Estado intenta cobrar impuestos, la élite lo traduce como “persecución política”. Es un uso instrumental del lenguaje para proteger intereses privados.

    Tristemente, nos damos cuenta de que la SIP es el club secreto donde los dictadores cenan con los periodistas.

  • ESPECIAL | ¡Llorones internacionales! El PAN no aguanta la democracia y pide auxilio a Estados Unidos

    ESPECIAL | ¡Llorones internacionales! El PAN no aguanta la democracia y pide auxilio a Estados Unidos

    Por Ricardo Sevilla

    El PAN ha recurrido a instancias internacionales en Estados Unidos (especialmente en Washington D.C.) desde hace décadas. Con ánimo injerencista, este partido político de derecha ha ido a acusar a México con Estados Unidos.

    Sin embargo, en los últimos años —y particularmente en 2024 y 2025— esta estrategia se ha intensificado significativamente.

    Lo que comenzó en los años 80 como una búsqueda de legitimidad democrática frente al sistema de partido único, se ha transformado en 2024 y 2025 en una estructura institucionalizada de presión transnacional. El PAN y el PRI ya no ven a Washington solo como una sede diplomática, sino como un tribunal de apelación política.

    Cabe recordar que, en noviembre de 2025, una comitiva encabezada por el vocero Jorge Triana y legisladores como Noemí Luna y Roberto Gil Zuarth acudió a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una supuesta “represión” contra la “Generación Z” durante las marchas del 15 de noviembre.

    Pero no fue el único caso.

    En diciembre de 2025, otra diputada local del PAN, Laura Álvarez, acudió a la OEA en Washington para denunciar “violencia política de género” y acoso por parte de legisladores de Morena, alegando que, según ella, las instituciones en México estaban “secuestradas”.

    En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las cosas no fueron distintas.

    En febrero de 2024, por ejemplo, Santiago Taboada (entonces candidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX) acudió a la OEA y la CIDH en Washington para denunciar “persecución política” que, según él, era encabezada por la Fiscalía de la CDMX. El integrante del PAN le fue a decir al gobierno estadounidense que había en curso una “elección de Estado”.

    Tampoco fue el único caso.

    Entre 2022 y 2023, diversas comitivas de legisladores panistas (como Mariana Gómez del Campo) acudieron de manera recurrente a foros en EU y ante la OEA para denunciar una supuesta “erosión democrática” en contra, alegaban en ese momento, de organismos autónomos como el INE.

    Un año antes, en agosto de 2021, la coalición “Va por México” (PAN, PRI y PRD) viajó a Washington para presentar una denuncia formal ante la OEA y la CIDH por la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones intermedias de ese año.

    Desde la sociología política, este comportamiento se define como el “Efecto Boomerang”, y ocurre cuando los canales internos de comunicación entre oposición y gobierno se rompen; en ese caso, los actores locales, como el PAN, buscan aliados internacionales para que estos presionen al Estado desde fuera.

    Los panistas, lamentablemente, viven en una burbuja. Y es que la soberanía no se defiende en una ventanilla de Washington, se construye en las calles de México. Estos conservadores deberían entender que ir a acusar al gobierno con Estados Unidos es admitir la propia incapacidad de convencer al pueblo.

  • PAN quema 30 mil pesos en Facebook para anuncio de viaje a Washington en el que denunció “represión”

    PAN quema 30 mil pesos en Facebook para anuncio de viaje a Washington en el que denunció “represión”

    El PAN gastó en un mes cerca de un millón de pesos para promocionar su imagen en redes sociales; tan sólo por una publicación de tres días, en la que presumió el viaje a Washington de una comitiva para denunciar la “represión” de la marcha de la Gen Z, desembolsó 30 mil pesos

    Por Martha Rojas

    El Partido Acción Nacional no ha escatimado recursos del erario para remontar su campaña publicitaria de relanzamiento y, de paso, lanzar uno que otro golpe al Gobierno federal.

    Muestra de ello, es la millonaria suma que el partido blanquiazul ha invertido en sus campañas de redes sociales. Desde videos promocionales de relanzamiento, donde Jorge Romero o Ricardo Anaya aparecen como héroes nacionales que “no se rinden” o clips para promocionar el valor de la familia y el de la Generación Z costaron más de 1 millón de pesos en el último mes.

    Llama la atención que el partido, que hoy en día dirige Jorge Romero Herrera, también destinó unos 30 mil pesos a la promoción de un viaje a Washington en el que una comitiva panista denunció la “presunta represión a la marcha de la Gen Z”.

    El 25 de noviembre, Jorge Triana, Roberto Gil, Annia Gómez, Fernando Torres y Noemí Luna viajaron a la capital estadounidense para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presunta represión a la marcha del 15-N.

    Sin embargo, el partido puso en circulación tres días después un clip que confirmaría que el viaje es parte de una campaña mediática del PAN a propósito de su relanzamiento.

    Pues, de acuerdo con las publicaciones pautadas en la Biblioteca de Anuncios de Meta, el video del viaje se pagó para circular entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025.

    Desde su renovación de imagen hecha pública en octubre pasado, el partido ha desembolsado más de 5 millones de pesos en estudios de mercado, branding y campañas publicitarias. Mientras que el dirigente nacional, Jorge Romero, ha invertido cerca de 4 millones en su imagen personal, también en anuncios de Facebook.

    Tan sólo en el último mes, el blanquiazul ha pagado anuncios de días de entre 3 mil y 250 mil pesos.

    Siendo los más costosos aquellos en los que promete al “pueblo” caminar juntos para que las medicinas vuelvan a los hospitales.

    Cabe señalar que, Romero, quien percibe alrededor de 187 mil 500 pesos mensuales del partido, ha capitalizado buena parte de sus recursos en promocionar su imagen personal. Esto, con miras a posicionar el partido de cara a las elecciones intermedias de 2027, donde se elegirán 16 gobernadores y 500 legisladores.

    Con una agresiva campaña en redes sociales, el PAN no sólo busca penetrar en la opinión pública como un “nuevo partido”, sino hacer que el repudio al aborto, las necesidades médicas y la inconformidad de la denominada Gen Z sean tema de controversia. Imponiendo una agenda ultraderechista.

    Respecto al pago por el anuncio del viaje a Washington, el monto equivale a lo que un profesionista en México gana al mes.
    Y deja claro que la prioridad del PAN no es atacar los problemas que aquejan a México sino la promoción partidista y personal.

  • Juan Francisco Ealy Ortiz: el “periodismo” mexicano cuestionable

    Juan Francisco Ealy Ortiz: el “periodismo” mexicano cuestionable

    La figura de Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de El Universal, no solo destaca por su influencia en el periodismo mexicano, sino también por una serie de controversias que han marcado su trayectoria pública. A continuación se presentan cinco episodios relevantes que han generado debate en torno a su figura y al papel del diario bajo su liderazgo.

    La primera gran polémica ocurrió en 1996, cuando Ealy Ortiz fue detenido tras ser acusado de evasión fiscal por más de 5 millones de dólares, en un caso que provocó tensiones entre el gobierno y el periódico. El arresto, del que salió rápidamente bajo fianza, fue interpretado tanto como un posible acto de represalia política como una muestra de privilegio hacia un empresario mediático influyente, de acuerdo con información de El País.

    A lo largo de los años, diversas organizaciones y analistas han señalado que El Universal mantuvo relaciones estrechas con gobiernos y élites políticas, en especial durante la hegemonía del PRI. Este señalamiento incluye la recepción de importantes contratos de publicidad oficial, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la independencia editorial del diario. 

    En tiempos recientes, Ealy Ortiz se vio envuelto en confrontaciones públicas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente tras publicaciones críticas hacia su administración y su familia. AMLO acusó al diario de “calumniar” y señaló al empresario por supuestos privilegios del pasado, intensificando el debate sobre el papel del periódico en la política nacional. 

    Otro punto de controversia surgió cuando reportes periodísticos señalaron que Ealy Ortiz estaba bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos viajes al extranjero con grandes cantidades de efectivo no declaradas. Aunque no se han presentado resoluciones finales claras, el tema generó atención mediática y especulación política, de acuerdo a Polemón.

    Finalmente, la gestión editorial de Ealy Ortiz también ha sido cuestionada desde dentro del propio gremio periodístico. Un caso destacado ocurrió en 2012, cuando un columnista acusó al diario de modificar el título de su texto para suavizar críticas hacia Enrique Peña Nieto, lo que abrió un debate sobre posibles prácticas de censura interna en el medio.

  • El Universal: el precio del aplauso

    El Universal: el precio del aplauso

    Por Ricardo Sevilla

    Bajo la administración del panista Mauricio Kuri, el erario queretano se ha convertido en un auténtico botín para uno de los periódicos más antiguos de México: El Universal.

    Y es que, a través de un entramado de adjudicaciones directas, el flujo de dinero público ha condicionado la línea editorial y ha transformando el periodismo de investigación hasta convertirlo en una extensión de la oficina de comunicación social de ese estado gobernado por el PAN.

    A través de un reportaje de investigación, Los Reporteros Mx ha documentado un gasto que supera los 10.5 millones de pesos repartidos en contratos directos para evitar, tramposamente, las licitaciones públicas.

    De hecho, la jugosa relación económica entre el gobierno de Querétaro y El Universal ha tenido como norma esencial las adjudicaciones directas. Tan solo este 2025, se concedieron 8 contratos directos, eliminando la competencia y la transparencia en la asignación de recursos.

    Pero déjeme darle más detalles:

    El flujo de efectivo no solo proviene del Poder Ejecutivo, sino que proviene de la UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro) y de los Servicios de Salud, sectores donde el presupuesto, en teoría, debería ser destinado íntegramente para la operación y mejora de esas áreas, y no para maquillarle la imagen al panismo.

    Si observamos los contratos, nos daremos cuenta de que el servicio contratado se limita a la difusión de “logros” y “boletines” previamente palomeados por el gobierno panista. Esto quiere decir, en la práctica, que el gobierno de Acción Nacional está comprando silencio frente a los escándalos que está enfrentando la administración de Kuri.

    De hecho, es importante subrayar que, durante el transcurso de 2025, la administración del gobernador Mauricio Kuri González y el PAN en Querétaro han enfrentado diversos señalamientos y tensiones políticas que han marcado la agenda estatal.

    Uno de los temas más controvertidos, por ejemplo, ha sido la revelación de un contrato por casi 4 mil millones de pesos otorgado a la empresa Seguritech Privada.

    Otro incidente que dio la vuelta al país ocurrió apenas en julio, durante la renovación de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura. En medio de una sesión caótica con gritos y empujones entre diputados del PAN y MORENA, un legislador panista fue captado en video llevándose la urna con los votos.

    Pero El Universal se negó a abundar en estos temas. Ahora sabemos por qué: la empresa “periodística” de Juan Francisco Ealy Ortiz recibía “chayote”.

    Infelizmente, mediante este tipo de deleznables omisiones queda exhibido el clientelismo mediático entre un gobierno y un medio de comunicación. Y es que, en este caso, se establece una relación de dependencia donde el medio (que funciona como agente cultural) intercambia su capital simbólico (credibilidad) por capital económico del Estado.

    Pero hay más.

    Y es que al asignar a publicidad oficial presupuestos que rivalizan con el gasto educativo (188.9 millones de pesos), el estado prioriza la “percepción de bienestar” sobre el “bienestar real”.

    Y no solo eso. Además, el uso de adjudicaciones directas crea una barrera de entrada para medios independientes o críticos, asfixiándolos financieramente mientras se engorda a los consorcios alineados al poder.

    El hecho de que columnistas de “renombre” como Carlos Loret de Mola, Leon Krauze, Lorenzo Córdova, Luis Cárdenas o Azucena Uresti convivan en las mismas páginas de un medio que solo se dedica a la difusión de boletines pagados, otorga una falsa pátina de objetividad a la propaganda gubernamental.

    Esto, en palabras más claras y enfáticas, quiere decir que El Universal se vende, gustoso, al panismo queretano. Y el precio del silencio, como queda evidenciado en todos estos contratos por adjudicación directa, es de 10 millones de pesos.

  • El padre, el hijo, y el espíritu nazi: Michael Kast, padre del presidente chileno, peleó en ejército de Hitler

    El padre, el hijo, y el espíritu nazi: Michael Kast, padre del presidente chileno, peleó en ejército de Hitler

    Por Nathael Pérez

    Porque el amor por las dictaduras viene de familia. José Antonio Kast no solo es un ferviente defensor de Pinochet, pues su padre, Michael Kast, no solo se afilió al partido, fue miembro del ejército nazi y peleó en defensa de la dictadura de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Después de eso emigró a Chile, donde su hijo acaba de ganar las elecciones presidenciales.

    Michael Kast Schindele nació en Alemania en 1914, durante la Segunda Guerra Mundial formó parte del ejército alemán (Wehrmacht) y combatió en el frente oriental. Este dato ha sido reconocido por el propio José Antonio Kast, aunque siempre ha subrayado que su padre no fue miembro del Partido Nazi, una distinción que ha sido objeto de debate público, aunque su inscripción al partido ya ha sido confirmada y hay documentos que lo comprueban.

    Tras el fin de la guerra, Michael Kast fue hecho prisionero por fuerzas aliadas y posteriormente emigró a Chile en la década de 1950, como lo hicieron miles de europeos en ese periodo. En el país sudamericano se estableció como empresario, formó una familia numerosa y llevó una vida alejada de la política pública.

    La polémica surge porque Michael Kast combatió defendiendo a un régimen responsable del Holocausto y de crímenes masivos, un hecho histórico incontrovertible. Diversos sectores han señalado que, más allá de su afiliación partidista, haber servido en el aparato militar del Tercer Reich implica una responsabilidad moral, especialmente cuando su hijo es un ferviente vocero de un discurso político que relativiza violaciones a derechos humanos.

    José Antonio Kast ha respondido a estas críticas afirmando que su padre fue un soldado conscripto, que luchó por sobrevivir y que incluso habría rechazado la ideología nazi. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado cerrar el debate, sobre todo por la coherencia ideológica entre la defensa que Kast hace del régimen de Augusto Pinochet y su tendencia a justificar o atenuar crímenes de Estado.

    Organizaciones de derechos humanos, historiadores y analistas políticos han remarcado que el problema no es el pasado personal de Michael Kast en sí, sino la manera en que José Antonio Kast aborda la memoria histórica, tanto en el caso del nazismo como en el de la dictadura chilena: minimizando responsabilidades y desplazando el foco hacia el “orden” y la “lucha contra el comunismo”.

    Este antecedente familiar se ha convertido, así, en un símbolo incómodo dentro del debate público chileno, especialmente porque refuerza la imagen de Kast como un político partidario de proyectos autoritarios, tanto del pasado europeo como del pasado reciente de Chile.

  • ¿Quién es José Antonio Kast? El presidente chileno ultraderechista fanático de Pinochet

    ¿Quién es José Antonio Kast? El presidente chileno ultraderechista fanático de Pinochet

    Por Nathael Pérez


    José Antonio Kast está estrechamente vinculada a la ultraderecha internacional y a una defensa persistente del legado de Augusto Pinochet. Su discurso, alianzas y declaraciones han generado fuertes polémicas, especialmente por relativizar violaciones a derechos humanos, reivindicar la dictadura chilena y alinearse con movimientos reaccionarios.

    Kast y la reivindicación del pinochetismo

    Desde el inicio de su carrera pública, José Antonio Kast ha defendido abiertamente a Augusto Pinochet, marcando una diferencia clara incluso con sectores tradicionales de la derecha chilena que, a diferencia, han optado por tomar distancia del dictador.

    Kast ha afirmado en diversas ocasiones que Pinochet “salvó a Chile del comunismo”, y ha minimizado el carácter represivo de la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1990. En entrevistas y debates presidenciales, ha evitado condenar las ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, además de cuestionar informes oficiales sobre violaciones a derechos humanos.

    Una de sus declaraciones más controvertidas fue asegurar que no existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, frase que provocó un amplio rechazo social y político, especialmente entre familiares de víctimas de la dictadura.

    Además, Kast ha defendido el modelo institucional heredado del régimen militar, incluyendo la Constitución de 1980 y el rol de las fuerzas armadas como garantes del “orden”, una visión directamente pinochetista.

    Vínculos ideológicos con la ultraderecha internacional

    El proyecto político de Kast pertenece a una red transnacional de ultraderecha, con vínculos ideológicos y políticos con figuras y movimientos que comparten un discurso antiglobalista, ultraconservador y autoritario.

    Ha expresado afinidad con Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, celebrando su enfoque de “mano dura” y su discurso contra el feminismo y los derechos LGBT+. También mantiene cercanía con Vox, partido español de ultraderecha, cuyos dirigentes han participado en encuentros organizados por el Partido Republicano en Chile.

    En América Latina, Kast ha sido un actor activo del Foro de Madrid, espacio impulsado por Vox que agrupa a líderes de ultraderecha bajo la bandera de combatir al “socialismo” en la región. Esta plataforma ha sido criticada por promover narrativas que justifican regímenes autoritarios y desacreditan organismos de derechos humanos.

    En EUA, su discurso ha sido comparado con el de Donald Trump: negación del cambio climático, criminalización de la migración, ataques a la prensa crítica y desconfianza hacia organismos multilaterales.

    Antiderechos humanos y discursos de odio

    Las polémicas de Kast no se limitan a declaraciones históricas, ya que durante la campaña presidencial de 2021, propuso cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), institución creada para documentar abusos estatales, lo que fue interpretado como un intento de desmantelar la memoria histórica del país.

    También ha respaldado el uso extendido del estado de excepción, incluso como política permanente en ciertas zonas, y ha defendido la militarización del sur de Chile, restando importancia a denuncias de abusos cometidos por fuerzas de seguridad.

    En el plano social, Kast ha sido señalado por promover discursos que estigmatizan a minorías, especialmente migrantes, comunidades LGBT+ y movimientos feministas, utilizando un lenguaje que normaliza la exclusión bajo la idea de “orden y valores tradicionales”.

    Un liderazgo construido desde la confrontación

    Lejos de moderar su postura, Kast ha capitalizado la polarización, pues su estrategia consiste en presentarse como un “defensor del orden” frente a un supuesto avance del “marxismo cultural”, un marco narrativo típico de la ultraderecha global.

    Esta postura le ha permitido consolidar una base electoral fiel, pero también lo ha convertido en una de las figuras más rechazadas por organizaciones de derechos humanos, académicos y amplios sectores de la sociedad chilena.

  • ¡La derecha se disfraza de Z para engañar! El PAN viste de “juventud” a sus empleados y militantes

    ¡La derecha se disfraza de Z para engañar! El PAN viste de “juventud” a sus empleados y militantes

    Por Ricardo Sevilla

    Una vez más, volvió a fracasar otra marcha impulsada por la autodenominado “Generación Z”.

    Pero déjeme contarle la historia, con datos duros:

    Este fin de semana, la llamada Marcha Nacional del Silencio por la Paz, congregó a un ínfimo número de participantes.

    De acuerdo con estimaciones de elementos de la policía capitalina, la afluencia en Paseo de la Reforma no sobrepasó las 250 personas.

    Sin embargo, más allá de la escasa convocatoria, una investigación de Los Reporteros Mx reveló que, detrás de la fachada de este movimiento supuestamente juvenil, libre e independiente, asoma el rostro hipócrita del Partido Acción Nacional (PAN).

    Y es que, contrario a la imagen de espontaneidad y autonomía que intentaron proyectar, los principales líderes y promotores de esta movilización, en realidad, están vinculados directamente a la estructura juvenil del PAN.

    Y es que al revisar minuciosamente las redes sociales de estas personas, encontramos que, simple y sencillamente, trabajan y militan en el PAN.

    De hecho, entre los líderes identificados se encuentran seis personajes en específico: Luis Fernando Delgado, Sergio Diego Celis Castillo, Marcia Medina López, Daniela Velázquez, Roberto Carlos Jiménez Martínez y Dilant Pizaña.

    Y, en honor a la honestidad, es importante arrebatarles la máscara y presentar a estos panistas tal como son en realidad.

    Luis Fernando Delgado es un panista activo. Él mismo, en sus redes sociales, se describe como un “panista de corazón”. Y no solo eso. Este personaje, que forma parte de Acción Juvenil del PAN, ha mantenido lazos políticos con figuras controvertidas de ese partido, como Christian von Roehrich, Mauricio Tabe y Jorge Romero.

    Sergio Diego Celis Castillo es funcionario público y, de hecho, se desempeña como Jefe de la Unidad de Espacios Culturales de la Alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por la polémica Alessandra Rojo de la Vega.

    Marcia Medina López, otras de las principales convocantes, también formó parte de la Marcha del 15N. Sus credenciales son netamente panistas. Y es que Marcia ha sido directora y consejera de Acción Juvenil del PAN, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Actualmente, trabaja en la Alcaldía Benito Juárez, tal como se puede observar en este contrato de prestación de servicios que aquí le presentamos:

    Daniela Velázquez, otra de las participantes y convocantes principales, se describe como “Hecha en @accionjuvenil” del PAN. Pero no solo eso. Daniela es asesora y secretaria técnica de concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo, bajo la administración de Mauricio Tabe Echartea. Anteriormente, fue Directora de Vinculación y Acción Social dentro de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil del PAN en la Ciudad de México.

    Otro de los jóvenes “apartidistas” resultó ser Roberto Carlos Jiménez Martínez, quien, en realidad, es consejero nacional de Acción Juvenil. Y desde septiembre de este 2025, ocupa el puesto de Director General Adjunto de Acción Juvenil. De hecho, este personaje señala a Hermes Leonardo como su líder y a Edmundo Guadarrama como su guía, reafirmando su pertenencia a la cúpula juvenil del PAN.

    Otro de los líderes de esta marcha es Dilant Pizaña, quien es asesor en el Senado, vocero nacional del PAN y un participante activo de Acción Juvenil. Tan vinculado está al Partido Acción Nacional que formó parte del equipo de trabajo de Kenia López Rabadán durante su periodo como senadora.

    Esto quiere decir que la autodenominado “Generación Z”, lejos de ser un movimiento de jóvenes libres e independientes, en realidad, es un grupo de militantes y empleados del PAN que convocan a marchas y movilizaciones para apoyar a sus jefes, los conservadores panistas.

  • El uso del poder como arma: Salinas Pliego y TV Azteca contra críticos, periodistas y figuras públicas

    El uso del poder como arma: Salinas Pliego y TV Azteca contra críticos, periodistas y figuras públicas

    Por Nathael Pérez

    A lo largo de los últimos años, Ricardo Salinas Pliego y el conglomerado mediático que encabeza han sido señalados por utilizar su influencia económica, jurídica y televisiva para atacar, desacreditar o intimidar a políticos, periodistas, medios críticos y figuras públicas. Lejos de episodios aislados, los casos dibujan un patrón: quien incomoda al empresario o a sus intereses se convierte en blanco de ataques públicos, campañas mediáticas o litigios con efecto intimidatorio.

    El conflicto más visible se ha dado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta Claudia Sheinbaumm Pardo, a quienes ha convertido en sus principales antagonistas públicos. Desde redes sociales y espacios informativos de TV Azteca, Salinas Pliego ha impulsado una narrativa constante de confrontación, con descalificaciones personales y editoriales críticas que rebasan el análisis político para entrar en el terreno del ataque directo. La disputa, marcada por desacuerdos fiscales y regulatorios, ha sido amplificada por la televisora como un pulso entre “el poder político” y “el empresario rebelde”, ocultando el peso real de un conglomerado que domina pantallas, audiencias y recursos económicos.

    Ese mismo tono ha sido utilizado contra políticos y figuras de Morena, entre ellas Citlalli Hernández, en episodios que trascendieron el debate político para instalarse en la violencia verbal y simbólica. Publicaciones del empresario en X derivaron en resoluciones del INE, que ordenó el retiro de mensajes por considerar que podían constituir violencia política de género. Aun así, Salinas Pliego mantuvo una estrategia de burla y desafío público a las autoridades electorales, reforzando la idea de que su poder económico le permite colocarse por encima de los límites institucionales.

    El caso más grave se produjo cuando Banco Azteca y Grupo Salinas demandaron a siete comunicadores y usuarios de redes sociales, entre ellos Jorge Gómez Naredo, Vicente Serrano, Hans Salazar y otros, bajo el argumento de haber provocado un supuesto “daño financiero” por comentarios críticos. Las demandas incluyeron acciones en tribunales de EUA para intentar revelar la identidad de cuentas anónimas, una maniobra que organizaciones civiles calificaron como demanda estratégica para silenciar la participación pública (SLAPP). El mensaje fue claro: criticar al banco o a su dueño puede salir caro.

    Dentro de ese mismo frente, medios críticos como Polemón y su director Jorge Gómez Naredo se convirtieron en objetivos directos. La cobertura incómoda y las opiniones contra el grupo empresarial fueron respondidas no con argumentos, sino con recursos legales y campañas de deslegitimación, presentando al periodismo crítico como un riesgo para la estabilidad económica. Para defensores de derechos humanos, este tipo de reacciones no busca ganar un juicio, sino generar miedo y autocensura.

    Las periodistas e intelectuales Denisse Dresser, Sabina Berman y Vanessa Romero Rocha también han sido blanco de ataques personales desde las redes sociales del empresario. En estos episodios, el debate público fue sustituido por insultos, burlas y expresiones misóginas, lo que generó condenas desde colectivos feministas, periodistas y académicos. El patrón se repite: cuando la crítica proviene de mujeres con visibilidad pública, la respuesta de Salinas Pliego suele escalar hacia la descalificación personal.

    En el terreno del espectáculo, TV Azteca ha sido señalada por prácticas de cobertura sensacionalista y ataques mediáticos contra celebridades, como ocurrió con Shakira, donde notas y comentarios despectivos fueron difundidos desde espacios de entretenimiento del canal. Aunque estos ataques no siempre parten directamente del empresario, forman parte de una línea editorial que privilegia el escarnio y la burla como herramientas de audiencia, reforzando la cultura del linchamiento mediático desde una televisora con alcance nacional.

    El caso más reciente ha sido el de Gloria Trevi, quien ha interpuesto una demanda a Salinas Pliego y TV Azteca por años de difamación, calumnias, y acoso. Más detalles aquí.

    En conjunto, estos casos revelan un mismo hilo conductor: Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca han utilizado su poder económico, legal y mediático para imponer narrativas, intimidar críticos y castigar la disidencia, ya sea política, periodística o cultural. Lo que está en juego no es un pleito personal, sino la libertad de expresión en un país donde los grandes conglomerados mediáticos aún pueden convertir su voz en arma y su influencia en amenaza.