Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas sin bajar salarios ni prestaciones, en Argentina la administración de Javier Milei promovió cambios que facilitan despidos, amplían jornadas y debilitan el poder sindical. El contraste refleja dos modelos opuestos: uno centrado en el trabajador y otro en la flexibilización empresarial.
En México, la propuesta plantea una reducción gradual de 48 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030, con 2026 como periodo de transición. El ajuste será progresivo —46, 44, 42 y finalmente 40 horas— y sin afectar ingresos. Además, se regulan las horas extra con un tope de 12 horas diarias combinadas, se prohíben horas extraordinarias a menores, se establecen registros electrónicos obligatorios y se eleva el cambio a rango constitucional mediante reforma al Artículo 123 y ajustes a la Ley Federal del Trabajo. La lógica es clara: mejor calidad de vida con protección jurídica plena.
El panorama argentino es distinto. Entre los puntos más cuestionados están la precarización de derechos laborales, la ampliación del periodo de prueba, un esquema que puede reducir indemnizaciones por despido y la creación de fondos alternativos de cese laboral. También se contempla el “banco de horas”, que puede extender jornadas hasta 12 horas sin el pago tradicional de extras, así como mayores restricciones al derecho de huelga y más peso a acuerdos individuales sobre los colectivos. A ello se suman críticas por posibles impactos en el sistema previsional y la opción de pagos en moneda extranjera o en especie.
Así, mientras México avanza hacia estándares internacionales con una reforma que reduce horas y mantiene derechos, Argentina enfrenta señalamientos por ir en sentido contrario, priorizando la desregulación. Dos visiones laborales en el continente: una que apuesta por fortalecer al trabajador y otra que, para sectores sindicales y sociales, representa un retroceso en conquistas históricas.
En las últimas semanas, el debate sobre el nepotismo ha cobrado fuerza como un reclamo social frente a prácticas que recuerdan a esquemas monárquicos, donde familias completas se heredan cargos públicos. En la Ciudad de México, el caso del diputado migrante del PAN, Raúl Torres, vuelve a colocar el tema en el centro de la discusión.
Luego de que Los Reporteros Mx revelara que Torres mintió sobre su residencia en Estados Unidos, una nueva investigación exhibe una red familiar en torno a su suplencia legislativa.
Durante su primera legislatura como diputado migrante en 2021, su suplente fue Nancy Vireidiana Rangel López, hermana de Shirley Vianney Rangel López, esposa del legislador; es decir, su cuñada.
Para la siguiente legislatura, Torres fue aún más lejos: sustituyó a su cuñada y designó como suplente a su propia esposa, Shirley Vianney Rangel López.
El caso no termina ahí. Durante la campaña de 2024, Shirley Vianney aseguró residir en Estados Unidos; sin embargo, registros oficiales indican que en 2023 trabajaba en el INAI, donde percibía un salario neto mensual de 73 mil 456 pesos.
Además, en febrero de ese mismo año, ella y el diputado celebraron en México el baby shower de su hija, evento al que asistieron diversos panistas. Este hecho la ubica físicamente en el país en un periodo clave, pues la legislación establece que para ser diputada migrante debía acreditar al menos dos años de residencia previa en el extranjero, es decir, desde 2022.
Entre los asistentes a la celebración estuvieron los diputados panistas Ricardo Rubio Torres, Luisa Gutiérrez Ureña, Diego Garrido López, Gonzalo Espina Miranda y Aníbal Cañéz Morales, lo que sugiere que el partido tenía conocimiento de la situación.
Así, el caso no solo abre cuestionamientos sobre el uso de cargos públicos en beneficio familiar, sino también sobre el cumplimiento de los requisitos legales para representar a la comunidad migrante.
El PAN, lamentablemente, ya es sinónimo de privatización.
Y eso no es una ocurrencia. Es la terrible realidad. A nadie se le olvida que, durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), de 2000 a 2012, se aceleró y profundizó el proceso de privatización de empresas y concesiones estatales. Y eso lo saben perfectamente Vicente Fox y Felipe Calderón.
Y esa misma escuela, la panista y la privatizadora, la han continuado personajes como Mauricio Tabe, actual alcalde de Miguel Hidalgo en la CDMX.
Y para muestra basta un botón. Desde hace días, vecinos de esa demarcación han denunciado que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pretende privatizar el Parque Lira mediante la instalación del evento privado “Alicia: experiencia inmersiva”, a pesar de que se trata de una zona protegida y de que los permisos no han sido autorizados.
De hecho, el diputado Víctor Romo señaló que, en una reunión reciente con vecinas y vecinos, funcionarios de la propia alcaldía reconocieron que los permisos apenas se encuentran “en trámite”, mientras que el montaje del evento ya está en marcha, lo que evidencia un posible trato preferencial a empresas privadas.
Y sus preguntas son pertinentes: “¿Cómo es posible que un evento de esta magnitud se esté instalando en un parque público sin permisos concluidos? ¿Así gobierna Mauricio Tabe? ¿Con ocurrencias, opacidad y beneficios para unos cuantos?”
Y déjeme decirle que el evento que impulsa Tabe es promovido por la productora Let’s Go Company, en coordinación con Fever, y fue anunciado públicamente por el propio alcalde, quien pretende mantenerlo durante seis meses dentro del Parque Lira, es decir: dentro de un espacio público que pertenece a las vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo. Y Tabe dirá que no, que no es así, que se están tergiversando las cosas. Pero no es así. Tabe quiere montar un evento privado en un espacio público. Y esos son los hechos. Tanto así que los boletos ya se encuentran a la venta.
Infelizmente, nada de esto nos sorprende.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se otorgaron miles de concesiones mineras a empresas privadas, destacando la entrega de derechos de exploración y explotación a grupos como Peñoles y Grupo México.
Y es la misma escuela que trae Mauricio Tabe.
Lo que pretende hacer el alcalde de Miguel Hidalgo es una privatización de proximidad“. Y ese evento “Alicia: experiencia inmersiva” no es, para nada, una oferta cultural; es la ocupación de una Zona de Conservación Patrimonial por capital privado sin ninguna legalidad administrativa.
A los panistas les importa un cacahuate la sociología. Pero lo que está sucediendo en el Parque Lira es un ejemplo de cómo el capital privado, apapachado por el panismo, está intentando colonizar el “espacio vital” de la ciudadanía. El irresponsable Mauricio Tabe debería saber que, cuando un parque se cierra para un evento de seis meses, se desgarra el tejido social y se golpea al ecosistema local.
El PAN quiere convertir el patrimonio nacional en una barata de temporada. Pero los blanquiazules deberían saber que el ciudadano no es un cliente, ni el espacio público es una mercancía.
El auge de la inteligencia artificial (IA) no solo representa una revolución tecnológica, también viene acompañado de impactos ambientales crecientes que ya están chocando con comunidades locales y redes de recursos naturales. La infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar modelos de IA consume cantidad extraordinaria de electricidad y agua.
Consumo insaciable de electricidad y agua
Aunque solemos tener una imagen “virtual” o “invisible” de la IA, detrás de cada modelo hay un enorme aparato físico: centros de datos llenos de servidores que funcionan 24/7. Estos centros gigantes requieren gigavatios de energía eléctrica y millones de litros de agua para enfriarse y mantener temperaturas óptimas de operación.
A nivel global se proyecta que los centros de datos podrían triplicar su consumo de agua para 2027, superando los 6 mil 600 millones de metros cúbicos al año —más que el consumo anual de agua de Dinamarca entera—, solo para su refrigeración.
En Estados Unidos, los centros de datos consumieron unos 64 mil millones de litros en 2023, y se espera que esta cifra crezca significativamente.
Un centro de datos grande puede usar hasta 1.5 millones de litros de agua al día únicamente para enfriar sus sistemas.
En cuanto a electricidad, se estima que los centros de datos representan ya una proporción sustancial del consumo energético global y podrían duplicar su demanda hacia 2030.
La razón de este voraz apetito por agua y energía radica en el propio funcionamiento de los servidores: el hardware genera mucho calor y sin sistemas de enfriamiento —que suelen usar agua— la operación se vuelve inestable.
Comunidades locales ya están librando batallas reales
Las tensiones entre la expansión de infraestructura para IA y las comunidades no se quedan en datos abstractos, pues ya hay casos en que pueblos y regiones han protestado o detenido proyectos por sus impactos ambientales:
Monterey Park, California (EUA): Un proyecto de centro de datos del tamaño de cuatro campos de fútbol fue frenado por un movimiento ciudadano que logró una moratoria de 45 días, preocupados por el estrés sobre la red eléctrica, aumentos de tarifas y preocupaciones ambientales.
Imperial Valley, California: Una zona rural con altos índices de desempleo se ha convertido en campo de batalla legal por dos proyectos de centros de datos valorados en más de $15 mil millones, debido al miedo de residentes y grupos ambientalistas de que el consumo masivo de agua y energía degrade aún más su entorno.
The Dalles, Oregón (EUA): Este pueblo de unos 16 mil habitantes estuvo a punto de quedarse sin agua potable debido al enorme consumo de instalaciones de Google que soportan cargas de IA, impulsando protestas y llamados a limitar el uso de recursos hídricos para proteger a la comunidad y la agricultura local.
Tucson, Arizona: Un proyecto de centro de datos valorado en $3.6 mil millones enfrentó rechazo masivo por parte de la comunidad que argumentó que el uso de agua —especialmente en un desierto— pondría en riesgo el río local y agotaría recursos críticos.
En México,Querétaro ya muestra cómo la expansión de la infraestructura de IA puede agravar crisis locales, pues el gobernador panista Mauricio Kuri y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebraron la inversión de 4 mil 800 millones de dólares de la empresa estadounidense CloudHQ para construir un megacampus de centros de datos en el municipio de Colón, presentado como un proyecto de desarrollo y generación de empleo. Lo que omitieron explicar es que CloudHQ opera infraestructura para Apple, Google, Amazon y Facebook, y que este tipo de instalaciones requieren miles de servidores que consumen enormes cantidades de agua y electricidad para su enfriamiento.
El problema es que Querétaro enfrenta una severa crisis hídrica y el municipio de Colón padece escasez de agua desde 2024, pese a que la CONAGUA ha advertido desde 2015 que los acuíferos de la región están en déficit. Aun así, la trasnacional no ha transparentado cuánta agua utilizará, mientras las autoridades locales guardan silencio. Para las comunidades, el balance es claro: el impacto ambiental y el estrés hídrico se quedarán en Querétaro, mientras los beneficios del procesamiento de datos fluirán hacia el extranjero.
Residuos y huella de carbono
No es solo el consumo directo lo que preocupa. La infraestructura de IA también genera:
Desechos electrónicos tóxicos — la fabricación masiva de chips y hardware utiliza minerales raros y deja residuos con sustancias peligrosas.
Emisiones de carbono y contaminantes del aire, tanto durante la operación de los centros de datos como en su ciclo de vida completo.
Competencia por recursos hídricos en zonas donde ya hay escasez, agravando desigualdades ambientales.
Organizaciones ambientales han denunciado que las grandes tecnológicas no revelan completamente el uso real de agua y energía de sus operaciones, utilizando cláusulas de confidencialidad y reportes opacos que dificultan evaluar el verdadero impacto. Esto no solo afecta la planificación pública, sino que deja a muchas comunidades sin información clara para defender sus recursos frente a proyectos de infraestructura masiva, como en el caso de Querétaro.
La inteligencia artificial, como herramienta, tiene el potencial de transformar economías y resolver problemas complejos. Pero esa promesa no puede ocultar la realidad física detrás de su funcionamiento: miles de millones de litros de agua siendo utilizados para enfriar servidores, redes eléctricas estresadas, explosión de demanda energética y comunidades cuestionando si el avance tecnológico vale el precio pagado en recursos naturales y calidad de vida.
El PAN en Guanajuato huele a cuero y a corrupción. Lamentablemente, en ese estado, el partido conservador no tiene vergüenza. Y es que, en Guanajuato, los panistas han hecho de la desfachatez su moneda de uso corriente.
Pero déjeme contarle esta historia, con datos duros.
Ocurre que al diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim, le pareció muy divertido jactarse de ser el dueño de una empresa que, según él, es la que fabrica más chamarras de piel en México.
El panista, con un tono fanfarrón, dijo que su compañía exporta 1200 chamarras a la semana. Y haciéndose el gracioso, agregó que no sabe qué está haciendo como diputado. ¿No me cree? Escúchelo usted:
Lamentablemente, entre los panistas, la línea entre el servicio público y el éxito empresarial se ha desdibujado hasta volverse invisible.
El diputado Miguel Ángel Salim no es un ciudadano de a pie; es un legislador, un diputado federal, y sus palabras caen tan pesadas como un yunque. ¿Y sabe por qué? Porque lo hace desde una posición de cinismo legislativo.
El panista no se da cuenta de que su bufunería invalida el contrato social con sus electores. A Salim le importa más ser empresario que servidor público. Al panista le importa un camote el pueblo, porque prefiere el negocio, el negocio que le da más.
En Guanajuato, el PAN ha consolidado un modelo donde el valor de un individuo no se mide por su vocación social, sino por su eficiencia financiera. Se asume que “saber hacer dinero” califica automáticamente para “saber gobernar”.
Los panistas, infelizmente, piensan que la gestión pública es una mera administración de activos privados.
Y eso está mal, está pésimo por cualquier lado donde se le vea. ¿Y sabe por qué? Porque, de acuerdo con diferentes encuestas de cultura política en México, el 75% de los ciudadanos percibe que los políticos legislan para intereses privados. Y esta clase de declaraciones, como las que hace el panista Salim, no hacen más que validar esa triste percepción.
¿Y quiere saber un secreto? Este panista, el que ve la política como una empresa privada, se ha mostrado muy interesado en contender por la alcaldía de León en 2027. Cabe decir que el tipo fue exsecretario de Economía del Municipio de León.
La intención de Salim de contender por la alcaldía de León en 2027 revela que la política, entre los panistas, es vista como un ciclo de inversión. Y su paso por la Secretaría de Economía y la Cámara de Diputados podría funcionarle como una campaña de relaciones públicas para consolidar un feudo local, utilizando la estructura del PAN como una franquicia comercial.
Miguel Ángel Salim no es un representante; es un gerente de ventas con fuero
Así el comportamiento del diputado “Chamarra”, que tiene más cuero que cerebro legislativo.
Los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein exponen una inversión de más de 36 millones de pesos en bonos de Televisión Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Desde la publicación de los más de tres millones de documentos del caso Epstein, se reveló que Ricardo Salinas Pliego, tuvo cierta cercanía con el magnate que encabezó una red de tráfico y tortura de menores. La relevancia del evasor fiscal mexicano en el caso es innegable.
En la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al buscar “Ricardo Salinas”, el portal arroja 75 resultados. Por otro lado, escribiendo “Salinas Pliego”, se registran 26 coincidencias. Uno de estos archivos tiene el código “EFTA01794970”, y evidencia que Salinas Pliego fue invitado a una cena exclusiva con el traficante en 2011, tres años después de que Epstein se declarara culpable de abuso sexual de una niña en Florida. Otro documento (EFTA00731260) nombra a Salinas Pliego como un “destacado billonario”, en lo que parece una lista de invitados para un evento. El asunto es que, los documentos revelados por el Departamento de Justicia no sólo apuntan a una relación amistosa, sino incluso comercial.
La empresa “TV Azteca” aparece 5 veces en los archivos desclasificados. Son los siguientes: EFTA01289201, EFTA00807456, EFTA00604410, EFTA00604413, y EFTA02686105. El último archivo enlistado sólo hace referencia a la presencia de Sergio Sarmiento, identificado como editor en jefe de TV Azteca, en el Foro Económico Mundial de 2011, pero el resto de los documentos exponen una transacción comercial. De acuerdo al documento “EFTA00604413”, la venta ocurrió el 27 de octubre de 2017. El monto de inversión en TV Azteca SA de CV es de 1,876,000 dólares, equivalente a 36 millones 37 mil 960 pesos mexicanos, considerando el tipo de cambio del cierre de aquel mes (19.21 pesos por dólar de acuerdo al Diario Oficial de la Federación).
Los expuestos lazos comerciales entre Jeffrey Epstein y Ricardo Salinas Pliego no deben ser sorpresivos. Epstein era reconocido por su lucrativo negocio de asistencia empresarial, enfocada en la evasión de impuestos. Epstein se codeaba con las élites económicas, ofreciendo y brindando asesorías para evadir sus responsabilidades fiscales, como lo ha documentado el abogado y profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU), Daniel Hemel.
El diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México, Raúl Torres, integrante de la bancada del PAN, mintió sobre su residencia en Estados Unidos, requisito central para ocupar el escaño que hoy detenta.
Este fin de semana se dio a conocer que un grupo de legisladores capitalinos viajó a Estados Unidos para participar en un congreso de gobernantes conservadores. Entre ellos estuvo Raúl Torres, quien ha asegurado públicamente haber vivido 16 años en la Unión Americana. Sin embargo, una investigación de Los Reporteros MX documenta que, durante el periodo en el que afirmaba residir en el extranjero, vivía y hacía política en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Venustiano Carranza.
En publicaciones realizadas en 2021, cuando fue electo por primera vez como diputado migrante, Torres aseguró llevar 15 años viviendo en Estados Unidos, es decir, desde 2006. No obstante, existen múltiples evidencias públicas que muestran su participación activa en la vida interna del PAN capitalino desde al menos 2012.
El 19 de mayo de 2013, desde su cuenta de X (antes Twitter), publicó una imagen en un congreso regional del PAN con el mensaje: “En mi casa, Venustiano Carranza, en la renovación de dirigencia delegacional”. En mayo de 2014 votó en la renovación del comité delegacional de esa demarcación; en septiembre asistió a la inauguración del Comité Delegacional del PAN en Álvaro Obregón y, en octubre, posó junto al líder juvenil del partido en Cuajimalpa.
En 2015, el hoy diputado migrante apareció en diversos eventos públicos de Xóchitl Gálvez, entonces aspirante a la alcaldía Miguel Hidalgo, y en agosto de ese año publicó una fotografía votando en las elecciones federales, en apoyo a Mauricio Tabe y Ricardo Anaya.
Durante 2016 participó en la campaña para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, como lo evidenció en una publicación del 29 de mayo. Ese mismo año apareció junto a Mauricio Tabe en el aniversario 77 del PAN y difundió imágenes del concurso de ofrendas en el Monumento a la Revolución. En 2017 documentó su participación en la campaña de Josefina Vázquez Mota y, en 2018, fue candidato a concejal junto a Magui Fisher, además de asistir a actos públicos en colonias de Miguel Hidalgo.
No fue sino hasta diciembre de 2019 cuando Raúl Torres publicó por primera vez que se encontraba en Nueva York. Posteriormente, en 2021, regresó a la Ciudad de México al ser electo como diputado migrante del Congreso capitalino, cargo que ocupa hasta la fecha.
Las publicaciones del propio legislador evidencian que al menos desde 2012 residía en la Ciudad de México, lo que contradice su versión de haber vivido 16 años en Estados Unidos y pone en entredicho la legitimidad de su representación como diputado migrante. A ello se suma que, en su currículum vitae, Raúl Torres afirma contar con estudios de maestría, así como haber estudiado en Harvard y en París. No obstante, en el Registro Nacional de Profesiones no aparece con ningún grado académico registrado. De ser ciertos dichos estudios, habrían tenido que realizarse antes de 2012, cuando el legislador tenía 21 o 22 años, una edad inusualmente temprana para haber concluido una maestría en dichas instituciones.
Hace poco, el gobernador panista Mauricio Kuri y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salieron a celebrar la inversión millonaria que hará una empresa estadounidense llamada CloudHQ, en Querétaro.
Ambos dijeron, cada uno por su lado, que la trasnacional norteamericana invertiría 4 mil 800 millones de dólares en México.
Detallaron, con tono muy jactancioso y elocuente, que la multinacional estadunidense generaría más de 7 mil empleos directos y, para ello, comenzaría a edificar un megacampus que se situará al oeste del Aeropuerto Internacional de Querétaro, concretamente en el municipio de Colón.
Lo que no explicaron ni Kuri ni Ebrard es que la empresa CloudHQ trabaja, principalmente, para los gigantes tecnológicos Apple, Google, Amazon y Facebook.
Y lo que también omitieron decir es que, desde hace tiempo, Querétaro enfrenta una terrible crisis hídrica. Y se les pasó contarnos que CloudHQ, para funcionar, requiere agua, mucha agua, como una de sus principales fuentes de energía.
Lo que el gobierno panista no le ha explicado a la ciudadanía es que la trasnacional requiere, para su operación, miles de servidores que generan una inmensa cantidad de calor. Por alguna razón, la administración de Mauricio Kuri no se ha tomado el tiempo de explicar que CloudHQ utilizará millones de litros cúbicos de agua para enfriar sus instalaciones a través de torres de enfriamiento y métodos de evaporación.
Y es que el enfriamiento por evaporación, el método más común por su bajo costo operativo, consume millones de litros de agua dulce para evitar que los servidores de Google o Amazon se fundan.
Es tal la cantidad de agua que consumirá la planta de CloudHQ, en Querétaro, que la trasnacional no ha querido desglosar públicamente esta información. Solo han dicho, muy escuetamente, que para minimizar el impacto en el suministro local un poco de tecnología de “enfriamiento sin agua”. ¿Cómo lo harán? No se sabe porque, hasta ahora, no se han tomado la molestia de explicarlo.
Lo alarmante es que, justamente, en el municipio de Colón, donde se está edificando el megaproyecto de la trasnacional estadounidense, desde 2024, se está padeciendo una terrible crisis por falta de agua.
Y Gaspar Trueba Moncada, presidente municipal emecista de Colón, lo sabe perfectamente, pero ha callado ante la edificación del megaproyecto CloudHQ en el municipio que mal gobierna. La población, indignada, asegura que Trueba Moncada, que es un político expriista, actualmente tiene una relación muy cercana, incluso de subordinación, con el gobernador Mauricio Kuri e, incluso, con el exgobernador panista Francisco Domínguez.
Cabe destacar que, a pesar de que desde 2015 la CONAGUA advirtió que los cuatro acuíferos de la región están en déficit, la entrega de licencias para edificar esta clase de megaproyectos no se ha detenido en Querétaro.
Lamentablemente, cada bit procesado por CloudHQ representará una gota de agua menos para el consumo humano y agrícola del municipio de Colón.
Por otro lado, cabe señalar que la dichosa promesa de los 7 mil empleos directos es una falacia estadística. Y es que CloudHQ solo ofrecerá puestos de alta especialidad que la población local de Colón, con rezagos educativos históricos, difícilmente podrá ocupar.
La “carretera para la IA”, en Querétaro, será un acueducto por donde se extraerán millones de litros de agua para enfriar servidores que procesarán datos para Apple, Google y Amazon, mientras las comunidades locales seguirán padeciendo tandeos y escasez.
Las y los queretanos aseguran que el municipio de Colón se convertirá en una periferia funcional para el núcleo de Silicon Valley. Y, lamentablemente, parecen tener razón. El costo ambiental (calor residual, estrés hídrico) se quedará en Querétaro; y los beneficios (procesamiento de datos y utilidades) fluirán hacia Nueva York, donde está la sede de la trasnacional que tanto emociona a Mauricio Kuri.
La realidad, más allá de los discursos triunfalistas del panismo, es cruel: Querétaro entregará su recurso vital para que una élite global pueda subir fotos a una “nube”.
Con la llegada del centro de CloudHQ, Querétaro pasará de ser un estado con soberanía a una colonia esclava de los gigantes tecnológicos. Y es que los recursos naturales (tangibles) serán intercambiados por servicios digitales (intangibles) que, en realidad, no pertenecerán al pueblo mexicano, sino a los mismos capitales transnacionales de siempre.
Pero, lamentablemente, a los gobiernos panistas y emecistas no les importa convertir a Querétaro en una “zona de sacrificio” ambiental para sostener la infraestructura de las multinacionales extranjeras. ¡Qué canallas! Pretenden robarnos el agua para darnos espejitos digitales.
Desde que Samuel García asumió la gubernatura de Nuevo León, el estado enfrenta una grave crisis de contaminación del aire que ha detonado protestas ciudadanas y alertas sanitarias. Ante una pésima gestión, los niveles de partículas contaminantes se mantienen elevados y el problema escaló hasta investigaciones de The Guardian.
La crisis de contaminación en Nuevo León se agravó desde el inicio del actual gobierno estatal, pues los registros de calidad del aire muestran que, de manera recurrente, la zona metropolitana de Monterrey presenta concentraciones de partículas PM2.5 y PM10 por encima de los límites recomendados para la salud humana. En distintos periodos, estos niveles han duplicado e incluso triplicado los valores sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, con impactos directos en enfermedades respiratorias y en la salud.
Lejos de, a diferencia de otras urbes, ser episodios aislados, los días con mala o muy mala calidad del aire son el único resultado constante de este gobierno. Plataformas internacionales de monitoreo documentan que la población de Monterrey y municipios industriales como Santa Catarina, García y Cadereyta respira aire contaminado durante buena parte del año, situación que especialistas califican como un riesgo crónico para la salud.
La inconformidad social no tardó en crecer, ya que desde 2022 se multiplicaron las quejas ciudadanas y, para 2024 y 2025, las protestas tomaron las calles. Colectivos ambientales y vecinos se manifestaron frente al Palacio de Gobierno con consignas como “sin aire no hay futuro”, exigiendo sanciones reales a las industrias contaminantes, información transparente y acciones inmediatas ante las respuestas gubernamentales insuficientes.
La ineptitud gubernamental no se quedó en el estado, sino que escaló el ámbito internacional al llegar hasta el periódico gringo The Guardian, medio que recientemente expuso la gravedad de la contaminación industrial en Nuevo León, incluidos altos niveles de metales pesados en zonas cercanas a áreas habitacionales y escuelas. Su artículo denunció cómo Monterrey se convirtió en el ejemplo perfecto donde el crecimiento industrial avanza sin controles ambientales a costa de la salud y bienestar de la población.
Aunque el gobierno de Smog García anunció agencias, comisiones y acuerdos con el sector privado, los resultados son prácticamente imperceptibles. Activistas y especialistas coinciden en que las medidas llegaron tarde, carecen de fuerza coercitiva y no han logrado reducir la contaminación. Mientras tanto, la ciudadanía sigue respirando aire sucio y acumulando afectaciones a la salud.
La desconexión entre el gobierno y la realidad de la población también se reflejó en la polémica protagonizada por Mariana Rodríguez. En medio de una contingencia ambiental, la influencer y esposa del gobernador promovió en redes sociales el uso de un purificador de aire Dyson como solución al problema. El mensaje fue duramente criticado por trivializar una emergencia ambiental que afecta a millones de personas que no pueden “comprar” aire limpio en la ciudad con el peor aire en toda América Latina.
A más de tres años del inicio del actual gobierno, Nuevo León sigue atrapado en una crisis ambiental sin salida y Samuel García parece importarle poco, apostando a que pasearse en un Tesla basta para salvar al estado del smog. El caso ya es observado desde el extranjero y la realidad es innegable: muchos anuncios, pocas acciones efectivas y un aire cada vez más irrespirable.
Mientras en Querétaro llamó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum frente a presiones externas y afirmó que México no acepta dictados extranjeros, el gobernador Mauricio Kuri mantiene una relación cordial con la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha descalificado las demandas de disculpa por la Conquista.
En el marco del 109 aniversario de la Constitución, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, pronunció un mensaje de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que afirmó que “México no acepta dictados extranjeros” y que el país “jamás” claudicará en su dignidad, al tiempo que llamó a cerrar filas ante lo que calificó como momentos de acoso externo.
Sin embargo, ese discurso de firmeza contrasta con la postura que el propio mandatario sostuvo apenas una semana atrás en España, donde se reunió con la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, a quien elogió públicamente y extendió una invitación para visitar Querétaro, destacando la necesidad de fortalecer lazos y abrir espacios de cooperación.
La incongruencia se acentúa al recordar que en noviembre del año pasado, la legisladora española afirmó que México debería agradecer a España por la Conquista y rechazó la exigencia de una disculpa a los pueblos originarios, postura que ha sido cuestionada por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum por minimizar la violencia histórica del proceso colonial.
Así, mientras en territorio nacional Kuri apela al discurso de la dignidad, la soberanía y el rechazo a presiones externas, en el extranjero normaliza y legitima el diálogo político con una figura que ha desestimado abiertamente esas mismas demandas históricas. La distancia entre ambos mensajes deja ver un doble rasero político que pone en duda la coherencia del gobernador queretano entre lo que proclama en México y lo que respalda fuera del país.
