La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se alista para formular imputación contra nueve directivos de OCESA y de la empresa de seguridad privada LOBO, en el marco de la investigación por la muerte de Berenice Giles y Miguel Rojas durante el festival Axe Ceremonia 2025.
La audiencia inicial está prevista en los próximos días y será el momento procesal en el que el Ministerio Público presente formalmente las acusaciones y datos de prueba contra los directivos señalados por su responsabilidad en fallas de organización, supervisión y medidas de seguridad durante el evento.
De acuerdo con la investigación, las indagatorias apuntan a omisiones en protocolos de protección civil, instalación de estructuras y supervisión de condiciones de riesgo. Las autoridades buscan establecer responsabilidades específicas dentro de la cadena de mando tanto de la empresa promotora como de la compañía encargada de la seguridad privada.
No obstante, el representante legal de la familia Giles Rivera ha expresado preocupación ante lo que consideran un historial de investigaciones que se diluyen cuando involucran a grandes corporativos. Señala que, aunque la imputación representa un avance, temen que en la audiencia la Fiscalía no sostenga con firmeza la acusación o que se presenten argumentos técnicos que impidan vincular a proceso a los señalados.
El 11 de febrero, el equipo jurídico de la familia denunció ante el Ministerio Público a nueve personas físicas que no se encontraban originalmente señaladas en la carpeta de investigación. Según acusa la familia de Giles Rivera y su defensa, la Fiscalía habría favorecido a estos corporativos responsables de la instalación ilegal de las grúas que colapsaron en el evento. Para los representantes legales esta omisión inicial evidenciaría posibles irregularidades en la integración del expediente.
La audiencia inicial será clave para definir si el juez considera que existen elementos suficientes para vincular a proceso a los directivos. Para las familias, más allá de la etapa procesal, lo fundamental es que se establezca una responsabilidad clara y que el caso no quede como un episodio más de tragedia sin consecuencias penales para quienes tomaron decisiones operativas y administrativas.
Deja un comentario