Una investigación reveló que el gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo deportaciones secretas de migrantes hacia países africanos, usando aviones militares y sin notificar a abogados ni familias. Los traslados, marcados por el secretismo y denuncias de abusos, forman parte de una estrategia para disuadir la migración irregular.
La Administración de Donald Trump ha intensificado una política migratoria sumamente agresiva y opaca, la cual incluye la deportación de decenas de migrantes hacia países africanos donde no tienen vínculos ni garantías legales. De acuerdo con una investigación de El País y The New York Times, el gobierno estadounidense ha presionado a más de 30 naciones africanas para que acepten recibir migrantes, y al menos cinco (Ghana, Esuatini, Sudán del Sur, Ruanda y Uganda) ya han firmado acuerdos secretos con Washington.
El caso de K. S., un ciudadano de Gambia que emplea un pseudónimo por razones de seguridad, refleja la crudeza de esta práctica. El pasado 4 de septiembre, fue sacado por sorpresa de un centro de detención en Luisiana, esposado de manos, cintura y tobillos, y subido a un avión militar junto con otras 13 personas. Cuatro de ellas fueron forzadas a portar camisas de fuerza por negarse a abordar sin hablar con sus abogados. El grupo fue trasladado a Ghana, donde quedó abandonado sin documentación ni recursos. Algunos, de acuerdo a testimonios, fueron deportados posteriormente a Togo, Malí o Nigeria, sin que se conozca su paradero actual.
Los migrantes deportados incluyen personas con permisos humanitarios, como K. S., que había huido de Gambia por ser bisexual, una preferencia sexual penalizada con cadena perpetua en su país. Pese a ello, las autoridades estadounidenses lo entregaron con documentos falsos y fue devuelto al mismo lugar del que escapó. “Nos dieron 100 euros y nos abandonaron en la frontera”, declaró uno de los deportados a su abogado.
Human Rights First documenta más de mil 500 vuelos de deportación ejecutados por EUA entre enero y septiembre, seis de los cuales tuvieron como destino países africanos a los que los migrantes no pertenecían. Las autoridades justifican estas acciones bajo el argumento legal de que la ley migratoria permite la deportación a terceros países cuando no es posible retornar al país de origen
Los acuerdos, de los cuales poco se conoce oficialmente, incluyen incentivos económicos y políticos. Un documento filtrado por The Handbasket reveló que Ruanda solicitó concesiones diplomáticas y hasta 100 mil dólares por aceptar deportados. Esuatini habría recibido 5.1 millones de dólares a cambio de alojar a 160 migrantes.
Diversas organizaciones humanitarias y abogados denuncian que los deportados permanecen detenidos en condiciones precarias, sin contacto con sus familias ni acceso a defensa legal. La Unión Africana ha criticado públicamente la práctica, al acusar a Estados Unidos de “exportar sus responsabilidades migratorias” y usar a los migrantes como moneda de cambio diplomática.
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