En noviembre de 2011, durante el último tramo del ominoso sexenio de Felipe Calderón, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advertía sobre la violencia que se aplicaba como política de Estado, y de la reinante impunidad que llevaba al naufragio a grandes sectores del pueblo de México:
“Como muestra están los hechos de impunidad muchas veces desconocidos, pero que a diario se suman a los ya consagrados por la denuncia social: el asesinato de estudiantes en 1968 en la ciudad de México; la desaparición forzada de incontables personas durante la guerra sucia en territorio mexicano; la muerte de niñas y niños en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo; el asesinato de mujeres por motivos de género en Ciudad Juárez; la muerte de casi 60 mil personas en todo el país que como saldo deja hasta hoy la estrategia federal contra el narcotráfico… En cada uno de estos casos atroces el Estado mexicano ha violado sistemáticamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas, cuyo respeto y pleno ejercicio es indispensable para abatir la impunidad”.
(CDHDF-2001)
Se trata de un recuento histórico de agravios, donde los sucesivos gobiernos del PRI y del PAN, solo supieron ejercer la violencia como único recurso para atender las legítimas demandas de amplios sectores de la población que exigían democracia, libertad y justicia; y también se trata de un diagnóstico a contracorriente del discurso oficial -de lucha contra la delincuencia-, se evidenciaba una estrategia que estigmatizaba la pobreza de las víctimas, y mantenía vigente la impunidad judicial de los victimarios que pudieran comprar su libertad:
“Es desafortunado que en México esta situación, ya de por sí de alerta, se agrave por el actual contexto de violencia exacerbada y el uso desmedido de la fuerza del Estado, lo cual reafirma la urgencia de enfocar nuestro sistema de justicia penal hacia una perspectiva de derechos humanos, porque la corrupción y la ineficacia procesal del sistema inquisitorio –vigente aún en gran parte del país– incrementa la inoperancia de las autoridades responsables de garantizar un debido proceso a quienes son inculpados y de proteger integralmente a las víctimas, dando como resultado que, de acuerdo con diversos estudios realizados por organizaciones civiles y universidades del país, en promedio 98.5% de los delitos cometidos en México no sean adecuadamente investigados ni sancionados.”
Aquel era un momento de oscuridad total en la vida pública de México, el pueblo se encontraba atrapado en medio de dos fuegos de una guerra inútil y absurda emprendida por Felipe Calderón -que hoy comprobamos lo que desde entonces se sospechaba y documentaba-, aquella guerra no fue para combatir a la delincuencia sino para favorecer a facciones criminales que proveían cuantiosos recursos a los operadores del propio presidente panista.
Calderón tuvo como socio en el poder no un día o una temporada, sino largos años con sus noches y sus días donde las denuncias de miles de víctimas e inocentes no eran ni siquiera tomadas en cuenta por un aparato propagandístico bien aceptado entre instituciones, medios convencionales y ONG’s. Porque cuando una víctima denunciaba un atropello, a coro se repetía en tono de sorna: “algo estarían haciendo…”
Desde 2020, ya cuando Genaro García Luna se encontraba bajo el escrutinio de la justicia, la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson declaró que el gobierno de Felipe Calderón tuvo en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal.
El reciente martes 21 de febrero, las autoridades judiciales de Estados Unidos, han informado que Genaro García Luna, el encargado de dirigir la lucha contra el narcotráfico durante el Gobierno de Felipe Calderón, ha sido declarado en Nueva York culpable de todos los cargos por los que se le juzgaba: Conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína; delincuencia organizada y dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización al declarar que no había cometido ningún delito.
Bien dicen que a explicación no pedida, culpabilidad confesa: Una vez realizado el anuncio del veredicto unánime del jurado de Nueva York, mientras sus correligionarios panistas escondían la cara como avestruz en la Cámara de Diputados, el ex presidente Calderón ha publicado un tweet cargado de cinismo donde con puros dichos pretende deslindarse de su segundo a bordo, e intenta escupir al cielo ante lo irrefutable: por supuesto que es responsable por acción y omisión de generar un Estado fallido que sumió en la violencia a México, para intentar ocultar su origen espurio, mientras él y su equipo cercano aprovecharon para hacer negocios con la delincuencia organizada, en medio de la tragedia que desbordaba a los mexicanos.
En aquel sexenio de la ignominia, Felipe Calderón traicionó a las instituciones mexicanas y a sus socios norteamericanos solapando las actividades ilícitas de su principal colaborador, al mismo tiempo que traicionaba la confianza y la integridad de las familias de los servidores públicos honestos, de buena fe, que arriesgaron o perdieron la vida cumpliendo su deber, mientras en las altas esferas del gobierno federal se desplegaban perversas estrategias de complicidad e impunidad para favorecer a quienes se decía combatir.
Pero a pesar de su carácter de autoridad espuria, que llegó al poder por vía de un fraude electoral, su mayor traición fue al pueblo de México, al que solo de nombre intentó representar; es un traidor por ser cómplice de todas las facciones criminales que lograron amplia influencia dentro de las instituciones mexicanas para garantizar sus privilegios de grupo y usar la violencia del Estado para acabar con sus competidores comerciales. Calderón era la cabeza de esta estructura criminal.
A las viudas y huérfanos de aquellos soldados, marinos, policías, fiscales, jueces que actuaron con congruencia y amor a la Patria, mientras García Luna negociaba con el crimen, a todos ellos Calderón debe rendir cuentas. No más impunidad, más justicia para las víctimas. Calderón sí sabía.
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