Avanza reforma electoral de AMLO

El pasado 6 de diciembre de 2022, con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, la reforma constitucional en materia electoral propuesta por nuestro Presidente de México Licenciado Andrés Manuel López Obrador fue rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados Federal.

Los legisladores de oposición desecharon la reforma electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al no alcanzar la votación de mayoría calificada que consta de dos tercios de los votos a favor y que se requiere en la Cámara de Diputados para poder modificar nuestra Constitución.

0Dado que la falta de consensos era iminente, el Presidente AMLO trabajó en una propuesta que no modifica la Constitución; pero sí modifica un paquete de leyes secundarias y sólo necesita de una mayoría simple para ser aprobada; cuota de votos que el partido político Morena, junto con sus aliados el Partido Verde y el Partido del Trabajo, logran alcanzar en la Cámara Baja. Es decir en vez de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), este nuevo intento reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Este “plan B” obliga a una reestructuración y ajuste de la tabla de remuneraciones para que ningún consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), gane más que el salario del Presidente de la República. Elimina seguros de gastos médicos mayores, exhorta a que todos los trabajadores sean considerados en el régimen de confianza e inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Compacta la estrutura del Tribunal Electoral y del INE; en este último también liquida los fideicomisos que le permitían retener recursos públicos previstos para trabajadores, plantea que los órganos distritales pasen de 300 a 260 en toda la República y que éstos tengan carácter temporal y no permanente.

Desaparece el servicio profesional de carrera, elimina o fusiona diversas áreas técnicas.Con el proyecto del Plan B Electoral, el gobierno propone en los siguientes rubros un ahorro de 5 mil millones de pesos aproximadamente, distribuidos de la siguiente forma:

Desaparición de vocales distritales: 4 mil mdp

Eliminación de 36 de las 300 juntas distritales: 1 mil mdp

Cancelación de credencialización de mexicanos en el extranjero: 74.5 mdp

Desaparición del PREP: 17.6 mdp

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que se busca eliminar, da tendencias de las votaciones a partir de muestras estadísticas, se busca desaparecerlo y que en su lugar el cómputo de resultados finales se dé a conocer en tiempo real desde el día de la votación.

La propuesta modificatoria de leyes secundarias, plantea el derecho al voto de personas en prisión preventiva y personas con discapacidad que no puedan desplazarse a las urnas, así como agilizar el trámite de sufragios de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, que podrían votar con su pasaporte y no sólo con su credencial elector, además de hacerlo por medio del voto electrónico vía internet.

En estas Leyes secundarias se elevaría a rango de ley la inclusión de candidaturas de grupos minoritarios y/o vulnerables, candidaturas impulsadas por el INE en pasados comicios electorales.

Pese a que los Diputados Federales votaron a favor el poder trasladarse votos entre partidos que contenden en coalición, el Senado de la República elimina esa parte de la reforma y retoma las reglas actuales: “…según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. En ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.

Otro aspecto que los Senadores defienden, es que los partidos políticos que no obtienen al menos el 3% de la votación en elecciones federales no pueden conservar su registro nacional.

Así mismo restablece: “para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales debe obtener el 3% de la votación válida emitida en la elección de diputaciones de Congresos locales en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate”.

Todas estas modificaciones aprobadas el pasado 7 de diciembre en la Cámara de Diputados, y que se encuentran en revisión por la Cámara de Senadores, toman relevancia para las próximas elecciones de junio 2023 a celebrarse en Coahuila y el Estado de México, la renovación de cuatro de los 11 asientos del Consejo del INE prevista para abril 2023 y la elección del nuevo o la nueva presidenta de México en julio de 2024.

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