El plan migratorio de Donald Trump para trasladar a migrantes a países centroamericanos comienza a fracturarse. En El Salvador, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusa al gobierno de Nayib Bukele de posibles delitos de desaparición forzada y tortura contra 238 venezolanos recluidos en el penal de máxima seguridad CECOT. En Costa Rica, la Corte Suprema ordenó la liberación de 28 migrantes detenidos arbitrariamente tras ser deportados por Estados Unidos.
Los señalamientos contra el gobierno salvadoreño surgen a partir de una carta firmada por 12 expertos de Naciones Unidas, que exige a Bukele explicar la situación legal y médica de los migrantes detenidos desde marzo. El documento —enviado en abril y dado a conocer esta semana— advierte que su gobierno podría estar incurriendo en violaciones graves al derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas.
El texto señala que los venezolanos se encuentran en un limbo legal, sin acceso a abogados, sin información sobre cargos y sin claridad sobre la base jurídica de su reclusión. “Ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han revelado los nombres, ni su situación legal, ni si existe una investigación penal en su contra”, denuncia el documento.
Además, la ONU recuerda que ninguna emergencia, ni siquiera un régimen de excepción como el que rige en El Salvador, justifica la desaparición forzada. Tampoco se ha permitido el acceso a organizaciones independientes de derechos humanos ni al consulado venezolano, con quien Bukele rompió relaciones diplomáticas desde 2019.
Mientras tanto, en Costa Rica, la Sala Constitucional determinó que el Gobierno violó los derechos de 28 migrantes de origen asiático al retenerlos sin justificación en albergues cerrados. Ahora exige su liberación inmediata.
Los acuerdos para convertir a países centroamericanos en “terceros países seguros” —firmados este año con EE. UU. bajo presión de Trump— han sido duramente cuestionados. En el caso de El Salvador, el pacto se ha mantenido en secreto, sin aprobación del Congreso ni publicación oficial. Versiones periodísticas revelan que el interés de Bukele no sería económico, como ha dicho públicamente, sino obtener la deportación de líderes de la MS-13 que podrían incriminarlo en una corte de Nueva York.
De confirmarse, se trataría de una negociación política a costa de los derechos de cientos de migrantes.
