Con una inversión de 3 mil 300 millones de dólares, se instalará en Topolobampo, Sinaloa, la planta Mexinol, que será la más grande del mundo dedicada a la producción de metanol, también conocido como hidrógeno verde, combustible clave para la transición energética.
El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que este proyecto, respaldado por Estados Unidos, el Banco Mundial y empresas como Samsung, Techint y Grupo Maire, no solo representa un avance ambiental, sino un impulso económico y social para el norte del estado, especialmente para comunidades indígenas.
Rocha destacó que el metanol podrá sustituir combustibles fósiles como la gasolina y el diésel, al tiempo que reduce emisiones contaminantes. “Es una inversión histórica que posiciona a Sinaloa como epicentro de la industria verde global”, dijo.
El mandatario atestiguó la firma de los convenios junto a representantes de Italia, Corea del Sur y EE.UU., en un acto que marca el inicio de un proyecto clave para la descarbonización energética en México.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) notificó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezado por Martín Esparza, el cobro de más de 16 millones de pesos por un bimestre de consumo eléctrico ilegal detectado en instalaciones de El Oro, Estado de México. El hallazgo corresponde a una conexión directa sin contrato que habría alimentado una presunta granja de criptomonedas.
Según la CFE, entre febrero y abril de 2025 se consumieron casi seis millones de kilowatts-hora de manera clandestina. La paraestatal dio un plazo de tres días para pagar, o se aplicarán intereses moratorios.
Ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro señalan que el robo no es reciente, y que otras granjas similares habrían operado en inmuebles del SME en Puebla, Hidalgo y la CDMX. A pesar de las evidencias, sólo se reclama el pago de un bimestre y no se ha confirmado si se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
La dirigencia de Esparza, recientemente reelecta por otros cinco años, ha sido señalada por el uso de estas instalaciones para actividades que podrían vincularse al lavado de dinero. Disidentes piden que no se brinde más impunidad y se investigue el llamado “huachicoleo eléctrico” como un delito federal.
México registra una caída histórica del 81% en detenciones de migrantes durante los primeros cinco meses de 2025, con 113 mil 612 personas aseguradas, comparado con 590 mil 690 en el mismo periodo de 2024, año récord con más de 1.2 millones de detenciones.
El descenso mensual es sostenido, pasando de más de 63 mil en enero a poco más de 5 mil en mayo. La mayoría proviene de Venezuela, seguida por Colombia, Ecuador y países centroamericanos.
Solo el 4.6% de los migrantes ha sido retornado asistidamente a sus países, mientras que un 74% recibe un procedimiento administrativo para salir voluntariamente de México.
Especialistas atribuyen la baja al endurecimiento de políticas migratorias en EE.UU. y al cierre de la app CBP One, que ha frenado el flujo y provocado un retorno sistemático hacia sus países de origen.
Este fenómeno refleja un cambio sin precedentes desde la posguerra, con México como último punto de tránsito para quienes buscan llegar a Estados Unidos.
Puebla se suma a la campaña nacional “Unidos contra la Extorsión” encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con acciones preventivas y de combate a este delito.
El gobernador Alejandro Armenta destacó la reducción de delitos en la entidad gracias al trabajo conjunto entre sociedad y gobiernos, e invitó a denunciar de forma anónima al 089. “Hay que denunciar, porque si lo hacen nosotros podemos atender un posible delito. Tenemos tecnología, hemos estado invirtiendo para tener un mayor margen de maniobra”, resaltó.
Como parte de la estrategia, se creará la Unidad Estatal Antiextorsión para investigación y atención a víctimas, además de realizar operativos en centros penitenciarios para confiscar equipos telefónicos usados en extorsiones.
🚨🚔 Avances de Seguridad. 📜✍🏼 Ley de Extorsión del @GobiernoMX. 🚫📞 Propuesta Estatal contra la Extorsión.
Por la tranquilidad y bienestar de las y los poblanos, seguimos firmes con la Estrategia Nacional de Seguridad de nuestra… pic.twitter.com/Dlifeppduk
— Alejandro Armenta (@armentapuebla_) July 8, 2025
También se firmarán convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el sector privado para capacitar a personal bancario, hotelero y operadores del 089 en prevención y manejo de casos.
El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, aclaró que Puebla no está entre los estados con mayor incidencia en extorsión (solo 108 carpetas en lo que va de 2025), pero subrayó la importancia de actuar de manera preventiva para proteger a la población y al sector productivo.
En la presente administración, 6 municipios concentran el 70% de las extorsiones denunciadas en el estado, estos son Puebla Capital (55), San Andrés Cholula (08), San Martín Texmelucan (04), Amozoc (03), Tehuacán (03) y Huauchinango (03), por lo que en estos se llevará a cabo atención prioritaria y se desplegarán grupos especializados con énfasis en inteligencia, operatividad y atención a víctimas.
El senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que México está dispuesto a dejar atrás controversias con España para construir una relación basada en respeto, cooperación y confianza renovada.
Durante una conferencia, reconoció que aunque persisten algunas tensiones diplomáticas, existe una oportunidad real para retomar el diálogo entre ambos países. Cuestionó que, mientras el Vaticano ya ofreció disculpas por agravios históricos, España aún no lo ha hecho.
En su reunión con Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en México, se abordaron temas clave de la relación bilateral. Duarte destacó el liderazgo democrático de México con la elección de su primera presidenta mujer y calificó el vínculo entre ambas naciones como una “relación de familia” con siglos de historia compartida.
Fernández Noroña reiteró la apertura total de México al diálogo, siempre bajo principios de soberanía e igualdad, y subrayó que la política exterior del país avanza hacia una visión multilateral que no excluye alianzas históricas. “No queremos cambiar un imperialismo por otro, sino establecer relaciones equitativas y de beneficio mutuo”, afirmó.
El embajador español propuso crear un grupo de amistad interparlamentario y convocar una próxima reunión binacional, iniciativa celebrada por Fernández Noroña como un paso hacia una reconciliación y un fortalecimiento de los lazos económicos, culturales y legislativos.
La marcha contra la gentrificación celebrada el viernes en la Ciudad de México expuso el creciente malestar por el alza de rentas, los desalojos y la expulsión de residentes en zonas céntricas, pero también encendió tensiones con Estados Unidos. Algunos manifestantes lanzaron mensajes xenófobos contra extranjeros, lo que provocó una respuesta irónica del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense en redes sociales.
Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los discursos de odio y reiteró que México es un país solidario y abierto al mundo. “No se puede tomar una causa legítima para incitar al rechazo por nacionalidad”, declaró. Por su parte, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, llamó a no replicar actitudes discriminatorias: “México es un santuario para quienes quieran venir”.
La manifestación se desarrolló principalmente en colonias como Roma y Condesa, donde el fenómeno de la gentrificación ha sido más visible por la llegada de nómadas digitales y el incremento desmedido de rentas. Cravioto anunció la realización de asambleas vecinales para escuchar propuestas y construir soluciones desde lo colectivo.
Expertos advierten que el problema de vivienda no solo es urbano ni exclusivo de la capital: desde Tijuana hasta Oaxaca y Valladolid, el turismo, la especulación y las plataformas de alquiler han impactado el acceso a la vivienda. Resolverlo, señalan, exige acciones profundas más allá del debate internacional.
Un tribunal federal absolvió al excomandante Juan Sánchez Moreno, al determinar que no existen pruebas que acrediten su participación en la tortura cometida contra la periodista Lydia Cacho en 2005. El fallo revoca la sentencia de siete años y ordena emitir una absolutoria en 24 horas.
Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Quintana Roo otorgó un amparo liso y llano al exfuncionario, al concluir que no hay evidencia contundente que destruya su presunción de inocencia ni que lo vincule como autor mediato del delito.
Cacho denunció haber sido detenida y trasladada de Cancún a Puebla tras revelar una red de pederastia. En 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) ejerció acción penal contra Sánchez Moreno y otros implicados, entre ellos el exgobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif.
El excomandante fue sentenciado en 2020, pero tras una larga batalla legal, el tribunal concluyó este 4 de julio que no se comprobó su responsabilidad penal. La periodista aún exige justicia por los hechos.
Un juez federal en Baja California rechazó suspender la orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr., pendiente desde 2023 por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, con supuestos vínculos al Cártel de Sinaloa.
El juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez concedió una suspensión limitada: si Chávez Jr. es detenido en México, deberá ser presentado de inmediato ante el Ministerio Público y no podrá ser incomunicado ni maltratado.
La demanda de amparo enfrenta riesgo de ser desechada si no se ratifica en un plazo máximo de tres días. Además, su abogado debe aclarar en qué juzgado continuará el proceso, ya que inicialmente fue presentada ante un tribunal en la Ciudad de México.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que Chávez Jr. ha promovido hasta seis amparos para evitar su detención al ingresar al país, pero negó que se le haya concedido alguna suspensión provisional.
Gertz Manero acusó también a autoridades estadounidenses de proteger al boxeador, quien vivía libre en ese país y contrajo matrimonio, a pesar de la orden de captura vigente en México desde 2023.
El caso Pegasus vuelve a estar en el centro de la conversación nacional, luego de revelarse en un juicio en Israel que empresarios vinculados al software espía habrían pagado hasta 25 millones de dólares en sobornos para facilitar su entrada a México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las acusaciones, que ya han sido negadas por el expresidente, abren nuevamente el debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia.
Las revelaciones se dan justo en el arranque del nuevo gobierno federal y en medio del análisis del paquete de reformas en seguridad impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque las iniciativas buscan fortalecer las capacidades del Estado en la investigación de delitos, diversas organizaciones de la sociedad civil han llamado a establecer mecanismos claros de supervisión y control.
Durante una reciente conferencia, la presidenta Sheinbaum expresó sorpresa ante lo publicado por medios internacionales, y respaldó que Peña Nieto haya dado su versión. No obstante, colectivos como Artículo 19, R3D y SocialTIC han solicitado una investigación independiente y transparente sobre la adquisición y el uso de Pegasus en administraciones anteriores.
El software fue utilizado durante el sexenio de Peña Nieto para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas y figuras de oposición. También existen registros de su uso en los primeros meses del sexenio de López Obrador, pese a declaraciones oficiales que aseguraban lo contrario.
Las reformas en discusión prevén la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, la integración de bases de datos públicas y privadas, y el uso de datos biométricos en documentos oficiales. El gobierno federal ha reiterado que cualquier intervención requerirá autorización judicial.
Organizaciones civiles señalan que es fundamental establecer garantías suficientes para evitar abusos. Si bien reconocen la necesidad de herramientas para combatir el crimen, advierten que el respeto a los derechos humanos y la privacidad debe estar en el centro de toda política de seguridad.
El caso Pegasus deja una lección importante: la tecnología debe estar al servicio de la justicia, no de la persecución. Por ello, expertos y defensores piden que el Estado mexicano avance con transparencia, legalidad y rendición de cuentas en el uso de estas herramientas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía de la consejera jurídica, Ernestina Godoy Ramos, anunciaron que se firmó hoy una iniciativa para modificar el artículo 73 constitucional, con el fin de establecer una legislación que unifique las penas penales por delitos como secuestro, desaparición forzada y extorsión.
La propuesta incluye a la extorsión como delito grave y busca que todas las entidades federativas cuenten con tipos penales y sanciones mínimas homogéneas para combatir eficazmente este delito, junto con otros como Trata de Personas y tortura.
La Presidenta destacó que la extorsión es uno de los crímenes que no ha disminuido y, por ello, se creó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, basada en tres pilares: el 089 como número único para denuncias; la investigación inmediata tras la denuncia; y que el Estado persiga el delito de oficio, sin que la víctima tenga que denunciar.
La iniciativa abarca todas las modalidades de extorsión, incluyendo el cobro de piso, y busca aliviar la carga sobre las víctimas para fortalecer la acción estatal en contra de este delito.
