Al menos 74% del armamento ilegal que llega a México entra por la frontera norte, principalmente desde Texas, Arizona y California, revelan informes oficiales de México y Estados Unidos. A pesar de esta evidencia, el gobierno estadounidense ha recortado personal y presupuesto a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), debilitando el combate al tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos, según información publicada en el diario El País, en un artículo de Elia Castillo Jiménez y Patricia San Juan Flores.
Especialistas y autoridades mexicanas denuncian que, aunque ambas naciones conocen las rutas y orígenes del armamento, EE.UU. no implementa medidas efectivas para frenar el contrabando. Alejandro Celorio, excoordinador de la estrategia legal mexicana contra fabricantes estadounidenses de armas, critica la falta de acción: “El gobierno de EU sabe bien de dónde vienen las armas, pero no hace nada”.
Los datos coinciden: Texas concentra el 43% del armamento ilegal rastreado, seguido por Arizona con 22%. La mayoría de las armas decomisadas se encuentran en estados con fuerte presencia de cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, clasificados como organizaciones terroristas por Donald Trump.
Por otro lado, el presidente Trump impulsa recortes que reducirán en dos tercios el personal de la ATF y disminuirán su presupuesto en un 25%, mientras flexibiliza la compra de armas y elimina controles clave. Esto, advierten activistas como John Lindsay Poland, aumenta la capacidad de los cárteles para armarse y mina la seguridad regional.
A pesar del conocimiento detallado sobre las rutas y la procedencia del armamento, México enfrenta un panorama complicado para lograr justicia o un mayor control, dado el contexto político en Estados Unidos y la falta de voluntad para frenar el tráfico, el cual sigue siendo un tema pendiente que atraviesa la relación bilateral, con consecuencias directas en la violencia y la seguridad en ambos lados de la frontera.
