En una edición vespertina del 16 de julio, la Presidencia de la República publicó once decretos en el Diario Oficial de la Federación, con los que entran en vigor las leyes aprobadas durante el reciente periodo extraordinario del Congreso.
Entre ellas destacan la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la nueva Ley General de Población, que plantea la creación de una Plataforma Única de Identidad con CURP biométrica. Las dependencias de los tres niveles de gobierno tendrán 90 días para adecuarse y definir mecanismos de interoperabilidad.
También se expidieron nuevas leyes en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, seguridad pública, inteligencia, vida silvestre, competencia económica, burocracia y ferrocarriles. Desde mañana inician los plazos para su implementación.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un presunto narcocampamento entre Teuchitlán y Ahualulco, donde encontraron fragmentos óseos calcinados y casquillos de alto calibre. A través de una transmisión en vivo, denunciaron que el sitio sería usado por grupos criminales para entrenamientos, tortura y quema de cuerpos.
Aunque no revelaron la ubicación exacta, afirmaron haber llegado tras recibir denuncias anónimas. En el lugar, se observaron árboles quemados y restos óseos —principalmente cráneos— a ras del suelo. La fundadora del colectivo, Indira Navarro, aseguró que el escenario coincide con prácticas de cremación a cielo abierto.
La Fiscalía estatal acudió al sitio el miércoles, pero evitó confirmar el hallazgo. Anunció que este jueves dará su postura oficial.
En marzo, el colectivo encontró el rancho Izaguirre, también en Teuchitlán, señalado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por ese caso, diez personas ya fueron sentenciadas a más de 100 años de prisión. Entre los detenidos se encuentran el alcalde de Teuchitlán, Ascensión Murguía, y el presunto líder criminal José Gregorio Lastra, alias “Comandante Lastra”.
La violencia contra la prensa en México no da tregua. De enero a julio de este año, nueve periodistas han sido asesinados en distintos puntos del país, según un informe de Reporteros Sin Fronteras citado por el periodista Carlos S. Maldonado en El País. Ocho de los crímenes estarían directamente relacionados con su labor informativa.
Las víctimas, en su mayoría reporteros de medios locales o comunitarios, cubrían temas de alto riesgo: crimen organizado, corrupción, desapariciones forzadas y conflictos territoriales. Desde Guanajuato y Puebla hasta Sonora y Quintana Roo, el mapa de la violencia se expande sin distinción geográfica.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió en Cozumel, donde fue hallado sin vida el periodista Melvin García, quien había regresado tras exiliarse por amenazas derivadas de un libro en el que denunciaba a un exgobernador. En Acapulco, dos comunicadores fueron ejecutados; uno de ellos, minutos después de transmitir en vivo un hecho local. En Guanajuato, otros dos periodistas que investigaban desapariciones fueron asesinados en marzo.
Incluso quienes estaban bajo protección oficial han sido alcanzados por la violencia, como Calletano de Jesús Guerrero, inscrito en un programa federal desde 2014 y asesinado en enero en el Estado de México. Para Reporteros Sin Fronteras, esto demuestra fallas estructurales en los mecanismos institucionales de resguardo.
El informe también advierte sobre un patrón regional preocupante: en solo siete meses, los asesinatos de periodistas en América Latina ya superan el total registrado en todo 2024. “La impunidad y la falta de voluntad política alimentan esta violencia. Exigimos a los Estados garantizar condiciones reales de seguridad y justicia para el ejercicio periodístico”, advirtió Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina en una entrevista realizada por El País.
La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en la Mañanera del Pueblo que México cuenta con capacidad técnica, financiera y de generación para garantizar el suministro de electricidad en todo el país, incluso en los meses de mayor demanda. “No va a faltar la energía”, afirmó.
Durante un informe sobre las acciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se detalló que ya operan dos nuevas plantas de generación y se prevé inaugurar tres más en 2025 y cinco en 2026, como parte del Plan Nacional y el Plan México.
Luz Elena González, secretaria de Energía, explicó que el sistema eléctrico atiende tres retos inmediatos: generación insuficiente, fallas en el suministro y factores no previsibles como fenómenos naturales o actos vandálicos.
Entre las medidas se encuentran la coordinación del sector, refuerzo a transmisión y distribución, estrategias para asegurar el abasto de combustible y un seguimiento puntual ante emergencias. Se detalló que de aquí a 2030 se incorporarán 29 mil 74 MW mediante inversiones públicas y privadas, con una inversión estimada de 7 mil millones de dólares.
Por su parte, Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacó que gracias a la integración vertical de la empresa se ha mejorado la respuesta ante fallas, se retomaron los mantenimientos preventivos y se incrementó la inyección de energía a la red.
Actualmente se cuenta con una reserva operativa superior al 12% y una reserva fría del 6%, además de que el sistema de transmisión tiene una disponibilidad del 99.5%, con más de 111 mil km de líneas y hay 64 proyectos prioritarios para modernizar la red, en beneficio de más de 15 millones de personas. En lo que va del año se han invertido mil 400 millones de pesos en el sector.
Calleja subrayó que el 9 de junio se alcanzó la mayor demanda instantánea de electricidad, con un margen de reserva del 9.69%. Pese a ello, no se han registrado apagones, y cualquier interrupción no se debe a falta de capacidad.
En la Mañanera del Pueblo, Grupo Bimbo anunció una inversión de 2 mil millones de dólares en México, destinada a modernizar plantas de producción y ampliar su flota vehicular baja en emisiones. Los recursos se distribuirán en siete estados —entre ellos Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán y Puebla— y en nueve municipios.
La empresa prevé generar 2 mil empleos directos y más de 10 mil 800 indirectos con este plan, que forma parte de la estrategia de prosperidad compartida impulsada por el gobierno federal. Este portafolio de inversión ya suma más de mil 666 proyectos con un valor superior a los 270 mil millones de dólares.
José Manuel González Guzmán, director general de Bimbo, destacó que en estos 80 años la empresa ha crecido junto con México, generando miles de empleos directos. Aseguró que la compañía respalda los proyectos de riqueza compartida que propone la Presidenta Claudia Sheinbaum y adelantó que esta inversión fortalecerá la economía nacional.
Con esta apuesta, Bimbo reafirma su compromiso con el desarrollo económico y ambiental del país.
En una llamada telefónica, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron en fortalecer los lazos entre ambos países, con énfasis en el respeto al T-MEC y la organización conjunta del Mundial de la FIFA 2026.
Durante la conversación, ambos mandatarios abordaron las recientes amenazas arancelarias de Donald Trump —35% a Canadá y 30% a México—, así como las estrategias compartidas para afrontarlas. Sheinbaum reiteró que el tratado comercial debe respetarse y destacó la coordinación trinacional frente a estos desafíos.
Fue un gusto conversar nuevamente, primer ministro. Vamos a fortalecer aún más la amistad entre nuestros países, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA 2026. Le agradezco su reconocimiento a la valiente y generosa labor de más de 200 combatientes mexicanos de incendios, quienes… https://t.co/DTObuai7R8
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2025
La mandataria también subrayó el interés común en impulsar la cooperación en sectores clave como la transición energética, ciencia, tecnología y desarrollo sustentable, temas que —según dijo— se comenzaron a delinear en la Cumbre del G7, donde ambos coincidieron en junio pasado.
Además, celebraron la cooperación bilateral en temas como el combate a incendios forestales, con más de 200 brigadistas mexicanos apoyando en Canadá, y reafirmaron su compromiso con el éxito del Mundial. Carney recordó el balón wixárika que Sheinbaum le obsequió en el G7 y anunció que visitará México próximamente.
La Secretaría de Hacienda aclaró que no existen pruebas contundentes de actividades ilícitas por parte de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusiera multas históricas por 185 millones de pesos a estas instituciones entre el 25 y el 30 de junio.
Las sanciones, señaló Hacienda, derivan de incumplimientos administrativos, y no de vínculos probados con lavado de dinero, como sugirió en su momento el Departamento del Tesoro de EE.UU. La dependencia federal reiteró que, de contar con evidencia de delitos financieros, se actuará con todo el peso de la ley.
El comunicado busca mantener la confianza en el sistema financiero y aclarar que las multas reportadas por la CNBV no son nuevas, sino parte del mismo proceso informado desde el 25 de junio, cuando se impusieron las primeras sanciones por 134 millones de pesos. Los 50 millones restantes corresponden a revisiones previamente notificadas.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó que los cárteles mexicanos tienen un “tremendo control” sobre México, incluyendo a políticos y funcionarios electos. Aseguró que las autoridades están “petrificadas de ir a trabajar” por miedo a los grupos criminales.
Durante la firma de la Ley contra el Tráfico de Fentanilo, Trump afirmó que el Cártel de Sinaloa es uno de los más duros del mundo y que su gobierno no puede permitir que sigan operando impunemente. Presentó la nueva legislación como una “derrota” para los narcotraficantes.
La ley endurece las penas contra el tráfico de fentanilo y sus variantes sintéticas, clasificándolas como sustancias altamente peligrosas. Trump exigió castigos más severos para los responsables de su producción y distribución, incluyendo cadena perpetua.
También señaló que los narcotraficantes han recurrido a nuevas estrategias, como el uso de submarinos, tras el cierre de la frontera sur.
El Pentágono anunció la desmovilización de dos mil soldados de la Guardia Nacional enviados a Los Ángeles para contener las protestas contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump.
La presencia militar, desplegada en junio sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, tenía como objetivo proteger edificios federales y apoyar a las fuerzas del orden durante las manifestaciones. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, algunas derivaron en choques con la policía.
Además de la Guardia Nacional, el gobierno federal envió a 700 infantes de marina. La decisión provocó tensiones con la administración de California, que calificó el despliegue como un uso político de las tropas. Un tribunal federal avaló que Trump mantuviera el control de los soldados, pese a la oposición estatal.
El gobernador Newsom criticó duramente la operación: “Las tropas han sido usadas como peones políticos. Aún quedan elementos sin misión, sin dirección y lejos de sus comunidades”, señaló. Exigió al presidente y al Departamento de Defensa el retiro completo de las fuerzas desplegadas.
Investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas, el Brookings Institution y el Peterson Institute for International Economics advierten que las políticas de deportación masiva de migrantes impulsadas por el gobierno de Donald Trump reducirán el crecimiento económico de EE.UU. hasta 2028. Las proyecciones señalan que el impacto podría restar entre 0.4 y 2.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
El análisis del Dallas Fed, citado en una investigación de Yolanda Morales para El Economista, advierte que sectores clave como la agricultura, los servicios y la manufactura —altamente dependientes de mano de obra migrante— serán los más afectados. De 2021 a 2024 llegaron a EE.UU. más de 7 millones de migrantes sin documentos; si se concreta la expulsión de al menos 2.4 millones, como contempla la política actual, el PIB podría caer entre 0.8 y 1.4 puntos porcentuales.
El Peterson Institute, por su parte, estima que una deportación anual de 1.3 millones de personas podría dejar el crecimiento económico prácticamente en ceros durante una eventual segunda administración de Trump. En tanto, el Brookings Institution proyecta una pérdida constante de 0.4% del PIB anual bajo un escenario de cierre de fronteras y endurecimiento migratorio.
Los expertos coinciden en que estas medidas no solo impactarán el empleo y la productividad, sino que también traerán consecuencias económicas impredecibles para empresas y hogares en Estados Unidos.
