La presidenta recorrió más de 104 mil kilómetros por todo el país, priorizando inauguración de hospitales, supervisión de obras y entrega de programas sociales.
Durante 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió más de 104 mil kilómetros en giras de trabajo por el territorio nacional, una distancia equivalente a ocho vueltas al diámetro ecuatorial de la Tierra, informó la propia mandataria durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.
Sheinbaum detalló que 84 mil 407 kilómetros fueron vía aérea y 19 mil 965 por carretera, como parte de una agenda enfocada en salud, infraestructura, programas sociales y supervisión de obras estratégicas. “Ocho vueltas a la Tierra le dimos este año”, expresó al destacar la intensidad de su actividad territorial.
La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informó que, en lo que va del año, se han recorrido 84 mil 407 kilómetros por vía aérea y 19 mil 95 kilómetros por vía terrestre, lo que suma más de 104 mil kilómetros, equivalentes a ocho vueltas completas a la Tierra. pic.twitter.com/yQ8e9i2sVX
La presidenta visitó todas las entidades del país, con mayor presencia en la Ciudad de México, donde encabezó 22 eventos, seguida por Estado de México, Hidalgo y Veracruz, con 10 actividades cada uno. También realizó múltiples giras en Puebla (9), Campeche (5), Oaxaca (5), Guerrero (6), Querétaro (6), Quintana Roo (6) y Morelos (6), entre otros estados.
En el balance anual, Sheinbaum subrayó la inauguración e inicio de obras de hospitales y clínicas, entre los que destacan el Hospital de la Niñez Poblana, el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, el Hospital General de Baja California, el Hospital General de Tlajomulco, Jalisco, el Hospital General Zona 14 de Septiembre en Chiapas y la Clínica de Medicina Familiar en Pachuca.
Además de los proyectos de salud, las giras incluyeron la inauguración de carreteras, la entrega directa de programas sociales y la supervisión de obras federales, como parte de la estrategia de presencia permanente del Gobierno de México en los estados.
En la Región Carbonífera de Coahuila, el aire suele estar cargado de polvo y promesas rotas. Allí, donde la tierra es explotada hasta el cansancio, la justicia parece seguir la misma lógica de extracción: se vende al mejor postor.
La historia de Brisa Isela Castellanos Márquez, una niña de apenas 12 años, es el retrato más crudo de un Estado que no solo llega tarde, sino que, cuando lo hace, es para estrechar la mano del verdugo.
Una campeona sin refugio
Brisa no era una cifra más en las estadísticas de abandono. Era una estudiante de sexto de primaria con notas de excelencia y un cuerpo atlético forjado en el gimnasio.
El boxeo fue su santuario, el único lugar donde los golpes tenían reglas y ella podía defenderse. Fuera del ring, la realidad era distinta: un hogar fracturado por la violencia, la drogadicción de su padrastro y una miseria que la empujaba a las calles de Nueva Rosita.
Cinco veces fue reportada como desaparecida en los últimos meses. Cinco veces Brisa huyó de los golpes de Juan de Dios Tavares, su padrastro, buscando un respiro con sus amigas.
La respuesta institucional fue siempre la misma: un formato de Alerta Amber y una inacción que bordeaba la negligencia. El 11 de junio de 2025, el reloj de su suerte se detuvo. Brisa no regresó.
La celda de la perdición
El destino de Brisa se selló días antes de su muerte, en un lugar donde se supone que debería haber estado segura: la cárcel municipal. En un acto de absoluta ilegalidad, la policía la detuvo junto a una amiga por “andar en la calle” de noche. En lugar de contactar a sus padres o a instancias de protección infantil, los agentes las encerraron de jueves a sábado en celdas compartidas con adultos.
Fue en ese submundo donde conocieron a Luis Ángel Gutiérrez Cortés, alias “El Tornado”. Con 28 años y el oscuro antecedente de haber sido policía ministerial de la entonces Procuraduría de Justicia, Gutiérrez Cortés conocía perfectamente las grietas del sistema. Lo que para Brisa fue una detención arbitraria, para “El Tornado” fue una oportunidad de caza.
Días después, el horror se materializó. Testigos describen una escena que hiela la sangre: en el baño de una vivienda, “El Tornado” se encontraba hincado frente al cuerpo de Brisa. Ella estaba boca arriba, con un cable de extensión eléctrica rodeándole el cuello. La niña que soñaba con ser campeona había perdido su última batalla contra la depravación.
La maquinaria de la impunidad
Sin embargo, el feminicidio no fue el final del calvario para la familia Castellanos Márquez.
De acuerdo con las revelaciones de la periodista Sanjuana Martínez, el aparato del estado de Coahuila se ha movilizado no para castigar, sino para encubrir.
Las acusaciones son directas y escalofriantes: las investigaciones de Sanjuana Martínez sostiene que el gobernador Manolo Jiménez ha permitido la liberación de María Elisa Padilla Cortés, una maestra de secundaria señalada como cómplice necesaria en el crimen.
Pero la red de complicidad llega más profundo. Se asegura que la Fiscalía de Coahuila, bajo el mando de Federico Fernández, despojó a la madre de la víctima de su representación legal, aislándola para forzar un “acuerdo” monetario que garantice el silencio.
La coacción del fiscal no busca la reparación del daño, sino la libertad del feminicida. Al ser “El Tornado” un exmiembro de la corporación, la justicia en Coahuila parece haber cerrado filas. El mensaje es claro: en la Carbonífera, la vida de una niña de 12 años puede ser canjeada por un cheque y un pacto de caballeros en los despachos del poder.
Hoy, mientras el nombre de Brisa Isela se suma a la larga lista de deudas pendientes de México, su caso se convierte en un espejo incómodo para el gobierno de Coahuila.
Terrible la historia de esta niña que huyó de su casa para encontrar la muerte en manos de un expolicía, y que ahora, después de muerta, vuelve a ser abandonada por un sistema que prefiere el dinero a la justicia.
Caracas acusa a Washington de ejecuciones extrajudiciales, bloqueo petrolero y operaciones armadas que amenazan la estabilidad regional y global.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó a jefes de Estado de América Latina, el Caribe y a los países miembros de la ONU sobre una “escalada de agresiones de extrema gravedad” por parte del gobierno de Estados Unidos, acciones que —advirtió— no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz regional e internacional.
En una carta difundida por la Cancillería, Caracas llamó a la comunidad internacional a condenar explícitamente los actos de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales, así como a exigir el cese inmediato del despliegue militar estadounidense, el bloqueo económico y los ataques armados en el Caribe. El gobierno venezolano pidió activar mecanismos multilaterales de investigación y sanción.
Maduro denunció que la operación militar estadounidense “Lanza del Sur” constituye una amenaza directa del uso de la fuerza, prohibida por la Carta de la ONU, y viola acuerdos regionales como la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz y el Tratado de Tlatelolco. Subrayó que Venezuela no ha cometido ningún acto que justifique una intimidación militar.
El documento acusa a fuerzas estadounidenses de 28 ataques armados contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 104 personas ejecutadas extrajudicialmente, muchas de ellas náufragas, lo que —sostiene— viola convenios internacionales de derechos humanos y derecho humanitario.
Además, Caracas denunció el secuestro en alta mar de dos buques petroleros venezolanos, con cerca de cuatro millones de barriles, y el bloqueo a las exportaciones energéticas, acciones que calificó como actos de piratería y agresión internacional. Maduro advirtió que estas medidas impactarán el suministro global de petróleo, elevarán la inestabilidad de los mercados y golpearán a las economías más vulnerables.
El detenido tenía una orden de aprehensión vigente por otro homicidio y habría participado directamente en el ataque armado contra Raymundo Cabrera Díaz.
Fuerzas federales y estatales detuvieron en Chilpancingo, Guerrero, a Francisco “N”, presunto implicado en el homicidio de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del programa IMSS-Bienestar en Tlacotepec, asesinado el pasado 21 de diciembre de 2025 en la capital del estado.
De acuerdo con información oficial, la captura se realizó durante un operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del municipio. Las autoridades señalaron que el detenido habría participado de manera directa en el ataque armado, aunque el móvil del crimen aún no ha sido esclarecido.
Al momento de su detención, Francisco “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, relacionado con un caso distinto, en agravio de Esther “N”, lo que permitió ejecutar de inmediato el mandamiento judicial.
Raymundo Cabrera Díaz fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo en la colonia Villas del Parador, donde sujetos armados lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones. Su automóvil presentó múltiples impactos de bala y quedó varado cerca de una avenida principal. Paramédicos confirmaron que falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación y no descartó la posible participación de grupos criminales que operan en la región, marcada por disputas territoriales y violencia constante.
La coordinación regional del IMSS-Bienestar lamentó el homicidio y expresó su solidaridad con la familia, al tiempo que reiteró la urgencia de fortalecer la protección para quienes laboran en zonas de alto riesgo.
La encuesta nacional revela una reducción histórica en el uso de drogas entre adolescentes y marca el rumbo de las próximas campañas preventivas del Gobierno federal.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 confirman que la campaña nacional “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata” ha dado resultados, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con el estudio, el consumo no médico de fentanilo se redujo de 0.2 a 0.1 por ciento, mientras que el uso experimental de drogas ilegales en adolescentes cayó de 6.2% en 2016 a 4.1% en 2025.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria subrayó que estos datos permitirán orientar las políticas públicas de prevención y atención médica, y anunció que en 2026 la siguiente campaña estará enfocada en el consumo de metanfetaminas, cuyo uso ha mostrado un incremento en los últimos años.
Sheinbaum destacó que la estrategia contra el fentanilo no se limita a mensajes publicitarios, sino que incluye acciones directas en escuelas, con la participación de docentes, madres, padres de familia y autoridades educativas, lo que ha sido clave para reducir el consumo entre jóvenes.
En cuanto a los opioides, la ENCODAT reporta un aumento de 0.1% en 2016 a 1.4% en 2025, fenómeno que —según la Secretaría de Salud— podría estar asociado al uso de tramadol, medicamento que ya fue regulado para evitar su venta sin receta. Además, se reforzará el monitoreo del consumo de alucinógenos y estimulantes.
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que la encuesta se aplicó a 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años. Entre los adolescentes, se observó una disminución en el consumo de cannabis y estimulantes anfetamínicos, así como una reducción en el consumo de alcohol en el último año, que pasó de 28% a 17.8%.
Sobre salud mental, la Presidenta advirtió que persisten altos niveles de vulnerabilidad en adolescentes, como malestar psicológico, conductas suicidas y violencia, por lo que insistió en una estrategia integral entre Gobierno, familias y escuelas para ofrecer alternativas de vida y bienestar a la juventud.
El operativo conjunto permitió asegurar drogas, un arma de fuego, más de 213 mil pesos y dólares en efectivo.
En un operativo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales, fue detenido José Rafael “N”, alias “El Dóber”, señalado como objetivo prioritario del Atlas Delictivo de Quintana Roo e hijo de Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, identificada como lideresa del llamado Cártel Cancún.
La acción se realizó en el municipio de Benito Juárez, en una de las zonas de mayor afluencia turística del estado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, durante el despliegue del Grupo Interinstitucional, también fue arrestada Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N”, quien acompañaba al presunto operador criminal. Ambos fueron interceptados mientras circulaban por el boulevard Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5, durante recorridos de prevención y vigilancia.
En la revisión, los agentes aseguraron presunta mariguana y cocaína, así como un arma de fuego tipo escuadra con cargadores abastecidos, además de 213 mil 370 pesos en efectivo y 5 mil 300 dólares, lo que refuerza la línea de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. También fue decomisada una camioneta RAM 2500, modelo 2017.
Las autoridades subrayaron que “El Dóber” pertenece a un grupo criminal generador de violencia en el municipio de Benito Juárez, por lo que su captura representa un golpe relevante a la estructura delictiva local. Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica dentro del plazo constitucional.
El gobierno federal descartó el impuesto del 8% a videojuegos con presunto contenido violento por su compleja aplicación y anunció una estrategia preventiva enfocada en la construcción de la paz.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la eliminación del impuesto a los videojuegos con contenido violento, al reconocer que no existe un criterio claro ni una autoridad capaz de clasificar ese tipo de entretenimiento, lo que vuelve inviable su aplicación. La decisión fue informada durante la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional.
Sheinbaum explicó que distinguir qué videojuegos son violentos y cuáles no resulta altamente subjetivo, por lo que imponer un gravamen generaría más problemas que soluciones. “Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia? Por eso tomamos la decisión de que no se cobre”, afirmó.
Con ello, la mandataria cerró la polémica generada por la propuesta incluida en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que contemplaba un impuesto del 8% a videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, tanto en formato físico como digital.
La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) aseguró que no se aplicará un impuesto a los videojuegos y que, en su lugar, se impulsarán campañas dirigidas a niñas, niños y adolescentes para informar sobre los posibles efectos de los videojuegos y las conductas de violencia que… pic.twitter.com/QNu9RAsa7L
En lugar del gravamen, el gobierno federal impulsará una campaña de prevención y construcción de la paz, dirigida principalmente a niñas, niños y adolescentes, similar a la estrategia contra las adicciones. Sheinbaum alertó que muchos videojuegos son en línea, generan adicción, implican gastos económicos y pueden normalizar conductas violentas, por lo que se optó por un enfoque educativo y preventivo.
El secretario de Salud, David Kershenobich, respaldó la medida y señaló que el componente de violencia en los videojuegos es un fenómeno relativamente nuevo, con mayor presencia que en 2016. Al presentar la Encuesta Nacional de Adicciones 2025, indicó que en varios casos de violencia también existe consumo de alcohol y drogas, por lo que se requiere análisis y regulación responsable del contenido, sin recurrir a impuestos de difícil ejecución.
La presidenta reiteró que la prioridad será informar y prevenir, no sancionar, y adelantó que la campaña buscará orientar a las juventudes sobre los riesgos del uso excesivo de videojuegos y promover valores de convivencia y paz.
El diputado priista Guillermo Valencia volvió a mostrar el viejo estilo del PRI: decidió “celebrar” las fiestas decembrinas regalando mochilas rojas cargadas con caguamas, churros y salsa Valentina a sus compañeros legisladores.
El Congreso de Michoacán vivió una escena digna del PRI de antaño, cuando Guillermo “Memo” Valencia, diputado local del Partido Revolucionario Institucional, decidió “celebrar” las fiestas decembrinas regalando mochilas rojas cargadas con caguamas, churros y salsa Valentina a sus compañeros legisladores. Sí, el mismo PRI que gobernó décadas con despensas hoy presume mochilas cerveceras… pero ahora dentro del Congreso.
El gesto, lejos de pasar desapercibido, provocó burlas, risas y comentarios festivos entre diputados, quienes recibieron el obsequio. Las mochilas, claramente identificadas con el logo del PRI y el nombre de Michoacán, fueron repartidas como si el recinto legislativo se hubiera transformado en posada sindical, más que en un espacio de debate público.
En un video difundido por el propio Valencia en redes sociales, se observa cómo cada “memochila” incluía tres caguamas, una bolsa de churros salados y una salsa Valentina, todo cuidadosamente acomodado y protegido. El legislador explicó, en tono burlón, que el paquete estaba pensado para “llegar bien preparados a las posadas”, confirmando que, para el PRI, la política sigue teniendo aroma a botana y cerveza.
Valencia incluso celebró que las mochilas “pintaron de rojo el Congreso”, una metáfora perfecta de un partido que insiste en llamar la atención con ocurrencias.
Como cereza del pastel, el diputado aseguró que las caguamas no estaban “quemadas”, sino “bien muertas”, reafirmando el tono ligero que tanto gusta al tricolor.
Así, el PRI demuestra que, aunque cambien los tiempos, las mañas, el folclor y el espectáculo barato siguen siendo su sello, incluso dentro del Poder Legislativo.
El hombre asesinado en un restaurante de la colonia Juárez contaba con una ficha de búsqueda internacional y era señalado como lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
El sujeto ejecutado en un restaurante de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue identificado como Óscar Noé Medina González, presunto operador de alto nivel de la facción de ‘Los Chapitos’ del cártel de Sinaloa, quien contaba con una recompensa de 4 millones de dólares ofrecida por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se realizó una consulta con instancias federales para confirmar que el hombre abatido era requerido por agencias estadounidenses desde abril de 2023. Medina González, alias “El Panu”, era señalado como principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y presuntamente estaba involucrado en conspiración para importar y distribuir fentanilo en Estados Unidos.
El ataque ocurrió la noche del domingo, alrededor de las 20:18 horas, en el restaurante de comida china Luaú, ubicado en calle Niza 38, entre Hamburgo y Londres. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un sujeto vestido de negro ingresó al local y disparó de manera directa, sin mediar palabra. En el sitio fueron localizados 12 casquillos calibre 9 milímetros.
La víctima se encontraba acompañada de una mujer y un hombre. Ella, identificada como María José RS, de 26 años, dijo ser pareja sentimental del fallecido. El acompañante, Fabián VM, de 22 años, resultó lesionado por impacto de bala en el glúteo derecho y fue trasladado a un hospital para su atención médica.
Testigos señalaron que el agresor huyó inicialmente a pie; sin embargo, reportes policiacos indican que escapó a bordo de una motocicleta, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planeado y dirigido.
Autoridades judiciales confirmaron que el cuerpo fue entregado a familiares la tarde del lunes. El dictamen forense estableció que la causa de muerte fueron impactos de arma de fuego en cráneo y tórax, mientras continúan las investigaciones para ubicar a los responsables.
Moscú ratificó su respaldo político y diplomático a Caracas y condenó las acciones de Washington, al advertir que violan el derecho internacional y elevan la tensión en el Caribe.
El Gobierno de Rusia reafirmó su respaldo total a Venezuela frente al bloqueo de Estados Unidos contra buques petroleros, luego de una conversación telefónica entre el canciller venezolano Yván Gil y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en la que se revisó el actual escenario de hostigamiento contra el país sudamericano.
A través de redes sociales, Gil informó que ambos funcionarios reiteraron la relación estratégica de cooperación, respeto y hermandad entre Moscú y Caracas, al tiempo que denunciaron agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional cometidas en el Caribe, entre ellas ataques a embarcaciones, actos de piratería y ejecuciones extrajudiciales, atribuidas al gobierno estadounidense.
Durante el diálogo, Lavrov expresó la solidaridad de Rusia con el pueblo venezolano y con el presidente Nicolás Maduro, y sostuvo que las acciones impulsadas desde Washington “no pueden ser toleradas”, al representar una amenaza directa a la estabilidad regional. Asimismo, reiteró el apoyo ruso a las gestiones de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, postura que ya había sido respaldada previamente por China.
El pronunciamiento se da tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien ordenó un bloqueo naval contra embarcaciones petroleras sancionadas que entren o salgan de Venezuela, como parte de una estrategia de presión política y económica contra el gobierno bolivariano, al que Washington califica como una “organización terrorista”.
Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado un contingente militar sin precedentes en el Caribe Sur, bajo el argumento del combate al narcotráfico. Sin embargo, en semanas recientes, la narrativa oficial ha escalado hacia acusaciones sobre una supuesta apropiación de “petróleo, tierras y activos” estadounidenses por parte de Venezuela, afirmaciones que no han sido acompañadas por evidencia alguna.
Caracas ha denunciado que estas acciones constituyen una escalada peligrosa, mientras Rusia advierte que el uso de la fuerza y las sanciones unilaterales profundizan la inestabilidad y vulneran los principios básicos del orden internacional.
