CCH Sur inicia toma de fotografía digital para más de 11 mil alumnos; paros y denuncias continúan en varias facultades ante agresiones y protocolos de seguridad.
La inactividad académica persiste en diversas facultades y colegios de la UNAM, pese a los recorridos del rector Leonardo Lomelí Vanegas. Ayer se activó el Protocolo de Actuación ante Posible Agresión en la Facultad de Filosofía y Letras, tras un mensaje en redes sobre una supuesta agresión a estudiantes, situación que se replicó en la Facultad de Economía, derivando en denuncias penales.
Los paros continúan en las facultades de Contaduría y Administración, Arquitectura, Medicina y Odontología, mientras que en Química no hubo clases debido a la toma de instalaciones en repudio al regreso a clases presenciales. En el CCH Vallejo, el paro fue motivado por la agresión de un vigilante contra una estudiante y su madre en la puerta 1, luego de una supuesta obstrucción vial.
(Foto: Cuartoscuro/Pedro Valtierra)
Ayer, la Dirección de Personal de la UNAM sostuvo una mesa de diálogo con trabajadores de vigilancia, movilidad y protección civil, donde se solicitó la destitución de cuatro mandos de la DGAPSU, medida que no prosperó por limitaciones legales, y se acordó una nueva reunión para el próximo lunes.
En el CCH Sur, inició la toma de fotografía digital a más de 11 mil 300 alumnos, trámite que se realizará hasta el 12 de noviembre y será requisito para el ingreso cuando regresen a clases presenciales. El procedimiento incluyó revisión ocular de mochilas y verificación de cita, sin generar molestias significativas entre los estudiantes.
Algunos alumnos expresaron emociones encontradas: alegría por reencontrarse con compañeros, pero también miedo y zozobra por el tiempo sin clases presenciales. Padres acompañaron a sus hijos por precaución, mientras las obras para torniquetes y cámaras de detección facial avanzan lentamente, poniendo en duda la reanudación de actividades el 18 de noviembre.
La última acción militar estadounidense de este jueves dejó tres muertos; la ONU alerta sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y pide investigaciones independientes.
El ejército de Estados Unidos hundió este jueves una nueva embarcación en aguas del mar Caribe, lo que elevó a 18 el número de lanchas destruidas en apenas dos meses y a 69 el total de muertos en el marco de la llamada operación contra el narcoterrorismo, según confirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
En su cuenta de la red social X, Hegseth aseguró que el ataque, autorizado por el presidente Donald Trump, se llevó a cabo contra una nave operada por una “organización terrorista designada”, y calificó a los tres hombres fallecidos como “narcoterroristas”, sin revelar sus identidades ni el tipo de droga que transportaban. El ataque ocurrió en aguas internacionales, subrayó el funcionario.
As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.
Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD
“Los ataques navales contra los narcoterroristas continuarán hasta que cesen sus actividades de envenenamiento del pueblo estadounidense. Si siguen traficando con drogas mortales, los mataremos”, advirtió Hegseth.
Expertos internacionales y la ONU han cuestionado la legalidad de estas acciones, señalando que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que ninguna de las víctimas representaba una amenaza inminente. La organización internacional pidió investigaciones rápidas, independientes y transparentes para procesar a los responsables.
Estados Unidos mantiene un despliegue militar masivo en aguas internacionales del Caribe, en el límite con Venezuela, con más de 10.000 soldados, una decena de barcos y un submarino, al que pronto se unirá el portaaviones Gerald Ford. Trump ha adelantado que la operación podría pasar a una segunda fase en tierra, en un contexto que algunos analistas vinculan con su intento de debilitar al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar un narcoestado y por quien ha ofrecido 50 millones de dólares de recompensa.
Horas antes del ataque, el Senado de EUA rechazó una resolución que habría limitado las acciones militares en territorio venezolano, dejando vía libre al gobierno de Trump para continuar su campaña extraterritorial contra el narcotráfico.
El agresor enfrenta tres denuncias de acoso y agresión sexual en el Centro Histórico; hoy será presentado ante un juez de control.
A dos días de su detención, Uriel “N”, de 33 años, fue trasladado al Reclusorio Norte, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, tras ser acusado de acoso y agresión sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum y otras dos mujeres en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El traslado estuvo a cargo de agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y responde al cumplimiento del plazo legal dictado por el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales, quien consignó al imputado ante un juez de control.
La primera denuncia que enfrenta Rivera corresponde a la agresión sexual contra Sheinbaum, ocurrida mientras la Presidenta se encontraba en el Centro Histórico tomándose fotos con la ciudadanía. Según explicó Sheinbaum, no percibió el tocamiento indebido en el momento, pero interpuso la denuncia para garantizar que el ataque no quedara impune.
El segundo caso involucra a una mujer de 25 años, quien denunció haber sido tocada sin su consentimiento en la misma zona. El tercer hecho señala a otra víctima, también acosada entre las calles Bolívar y Tacuba, aunque la forma exacta del ataque no fue detallada en el informe de la SSC.
Uriel “N” aún no ha sido vinculado a proceso, pero su audiencia inicial ante el juez de control se realizará hoy, donde se determinará su situación jurídica y el tiempo que podría permanecer en prisión mientras continúa la investigación.
Las autoridades recuerdan que el acoso sexual es un delito tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México, con penas que pueden alcanzar hasta tres años de prisión, reforzando la obligación de las víctimas de denunciar y del Estado de garantizar justicia.
El presidente francés fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente y sostendrá con Claudia Sheinbaum su primera reunión bilateral, la primera de la Presidencia con un líder europeo desde que asumió la Presidencia.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, arribó la madrugada de este viernes a la Ciudad de México para sostener una reunión bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en impulsar los lazos económicos, culturales y tecnológicos entre ambas naciones.
El mandatario francés fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 00:50 horas por el canciller Juan Ramón de la Fuente, acompañado de su comitiva oficial. Este encuentro marca el inicio de las actividades rumbo al 200 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Francia, previsto para celebrarse en 2026.
De acuerdo con la Presidencia, la reunión con Macron será la primera visita oficial de un líder europeo al país desde que Sheinbaum asumió el cargo en 2024. La mandataria destacó que la cita busca reforzar el acuerdo comercial con la Unión Europea, que será renovado en 2026, y ampliar la cooperación en ciencia, cultura e innovación.
📸 El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), y a su comitiva, quienes arribaron a las 00:50 hrs. a nuestro país.
El presidente Macron realiza una visita oficial a nuestro país y sostendrá una… pic.twitter.com/beamofrrDJ
“Vamos a hablar de relación económica, del acuerdo comercial con la Unión Europea y de la colaboración con Francia en temas de ciencia, cultura e innovación”, explicó Sheinbaum.
Además de los temas económicos, el encuentro incluirá una agenda cultural clave: México solicitará formalmente la devolución de los códices mexicas de Azacatitlán y el Borbónico, actualmente resguardados en instituciones francesas, como parte del compromiso de ambos países por preservar y revalorizar el patrimonio histórico compartido.
Para esta reunión, Sheinbaum instruyó la participación de varias dependencias federales, entre ellas las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura, Hacienda y Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la presencia de la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.
El encuentro entre Sheinbaum y Macron representa un nuevo capítulo en la relación México–Francia, que buscará fortalecer los vínculos de cooperación y abrir oportunidades para empresarios mexicanos y franceses interesados en invertir en sectores estratégicos como energía limpia, inteligencia artificial y cultura.
Los Reporteros MX.- Desde antes de que Manolo Jiménez asumiera el gobierno de Coahuila, resaltaron sus problemas de honestidad.
Durante la campaña, fue señalado varias veces por la posesión de empresas que se habían beneficiado de gobiernos del estado, en manos del PRI, sin que esto impidiera que asumiera funciones como gobernador en uno de los últimos bastiones de su partido.
Poco después, ya cuando Jiménez se sentía cómodo en su puesto, Marko Cortés, el entonces presidente del PAN, balconeó a la coalición con la que ganaron el estado, al reclamar que no había sido justo el reparto de notarías entre ambos partidos. ¡Exhibiendo el pacto descarado de cuotas políticas!
Sin embargo, las irregularidades en el gobierno de Jiménez no acabaron ahí, como revela una investigación de Los ReporterosMX: la empresa JISA Bienes Raíces, de la que el gobernador es socio, recibió jugosas condonaciones (tres en total) ni más ni menos que de otro gobierno priísta: el del municipio de Arteaga, manejado por Ana Karen Sánchez Flores, militante tricolor.
Sánchez Flores incluso ha ido a eventos “en nombre” de Manolo Jiménez, como ella misma lo presumió en sus redes sociales:
“En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas como invitada de honor estuve presente en la graduación de la Secundaria Técnica No. 33 Othon Salazar Ramírez del Ejido Tunal 👩🏻🎓👨🏻🎓🎓”, escribió el 5 de julio de 2024.
Esta condonación está registrada en documentos de transparencia del propio municipio coahuilense de Arteaga. El perdón de estas deudas por parte de la Unidad Catastral municipal fue por diversas cantidades por el concepto de “Actualizaciones y accesorios” de la empresa. El contrato no está disponible.
Según estos documentos, se perdonó esta deuda debido al pronto “pago de la empresa”, sin que se revelara si cumplió con el periodo establecido dictado por la institución. En total, se perdonó un total de 10 mil 235.45 dólares, lo que equivale a 189 mil 969.95 pesos.
Esta no es la única “ayuda” o relación que JISA Bienes Raíces continúa teniendo con el estado de Coahuila, pese a prácticamente estar fichada desde campaña como una empresa beneficiada con contratos públicos a favor de Manolo Jiménez.
La Universidad Autónoma de Coahuila, en su primer informe de actividades 2024-2025, divulgó que se hizo un convenio de prácticas profesionales con esta empresa, sin que se especifiquen los beneficios del trato.
Octavio Pimentel Martínez, el rector de la universidad, es cercano a Manolo Jiménez; el gobernador incluso estuvo presente en el primer informe del académico y lo felicitó por su “gran trabajo” al frente de la institución.
Cabe recordar que en 2015, la empresa firmó un contrato con esta misma universidad que depende de fondos públicos del estado. Esta actividad fue revelada por medios como Sin Embargo y aún se encuentra disponible en transparencia.
En esa ocasión, la empresa recibió varios contratos millonarios por los siguientes montos:
🔴 1 millón 128 mil 999.28 pesos. 🔴 2 millones 948 mil 611.51 pesos. 🔴 6 millones 882 mil 233.92 pesos. 🔴 2 millones 351 mil 727.04 pesos.
JISA Bienes Raíces sigue operando impunemente, pese a que los rastros de su corrupción están a la vista de todos, en los registros de transparencia de los gobiernos coahuilenses. Otra muestra son sus contratos con el gobierno del estado cuando estaba al frente Rubén Moreira Valdez, quien hoy es uno de los diputados más participativos del PRI a nivel federal.
No hay nada nuevo bajo el sol: las actividades y negocios del PRI siguen operando bajo la sombra de la impunidad. Manolo Jiménez aún se beneficia de ayudas estatales, que aunque sutiles, no dejan de mostrar su verdadera cara frente a la ciudadanía. Así se las gastan los gobiernos de la oposición.
A casi nueve años de su detención en Guatemala, el exgobernador priista Javier Duarte podría recuperar la libertad pese a ser uno de los mayores símbolos de corrupción política en México. La Fiscalía se opone, pero la jueza ya analiza su caso.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría salir de prisión en cuestión de semanas. A casi nueve años de su detención en Guatemala, el político priista busca obtener libertad anticipada tras cumplir con más del 70% de su condena y argumentar “buen comportamiento”.
La audiencia que definirá su futuro fue fijada para el 12 de noviembre, y estará a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien deberá resolver si procede su salida antes de abril de 2026, fecha en la que concluiría formalmente su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Aunque el beneficio legal podría concedérsele, la Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado la solicitud, al considerar la magnitud del daño económico y social causado durante su administración. Sin embargo, tras ser absuelto en 2024 del delito de desaparición forzada, Duarte ya no enfrenta procesos adicionales.
El símbolo de corrupción
Nacido en 1973, Javier Duarte pasó de ser un político con un currículum brillante a uno de los rostros más reconocibles de la impunidad mexicana. Gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, bajo el amparo del PRI y de su mentor Fidel Herrera, prometiendo modernidad y desarrollo. Pero en realidad construyó una de las redes de saqueo público más grandes en la historia reciente.
De acuerdo con investigaciones de la extinta PGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su gobierno se desviaron más de 73 mil millones de pesos del erario estatal. El dinero circuló a través de 73 empresas fantasma creadas para simular contratos por obras y apoyos sociales inexistentes. En los domicilios fiscales se hallaron casas vacías, terrenos baldíos y pequeños locales falsos.
A esto se suman 35 mil millones de fondos federales y estatales desaparecidos, y más de 14 mil millones de daño patrimonial. Incluso la Cruz Roja fue afectada, al no recibir nueve millones de pesos recaudados mediante la tenencia vehicular.
Infancias: el precio de la corrupción
Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, se descubrió uno de los escándalos más indignantes de corrupción en el sistema de salud mexicano: el uso de agua destilada en lugar de medicamentos para niños con cáncer atendidos en hospitales públicos.
La denuncia fue hecha por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes, quien calificó el hecho como un “pecado brutal”. Además, exfuncionarios de salud revelaron que la administración de Duarte también habría comprado miles de pruebas falsas de VIH y medicamentos pirata o caducados, lo que evidenció una red de negligencia y desvío multimillonario de recursos públicos en perjuicio de la población más vulnerable.
Las investigaciones señalaron que el propio Duarte estaba al tanto de las irregularidades, pese a que su gobierno intentó encubrirlas. Se comprobó que, desde 2010, durante el mandato de su antecesor Fidel Herrera, ya se habían adquirido lotes falsos de medicamentos a empresas vinculadas con operadores políticos del PRI. Aún cuando la farmacéutica Roche advirtió que los productos eran falsos, el gobierno de Duarte continuó comprando y suministrando los fármacos hasta 2013.
El daño, además del financiero —más de 2,500 millones de pesos desviados de hospitales y centros médicos—, dejó una profunda huella ética y humanitaria que convirtió a Duarte en símbolo del abuso político y la descomposición institucional en México.
Huida, captura y juicio negociado
En noviembre de 2016, cuando las investigaciones lo cercaban, Duarte huyó del país. Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, junto a su esposa Karime Macías, recordada por su frase “Sí merezco abundancia”.
Tras su extradición, enfrentó cargos por delincuencia organizada, pero la acusación fue reclasificada a asociación delictuosa, permitiéndole un procedimiento abreviado. Fue condenado a nueve años de prisión y una multa de apenas 58 mil pesos, sin obligación de reparar el daño.
Organizaciones civiles, como TOJIL, calificaron el acuerdo como un acto de corrupción judicial, ya que el exmandatario recibió un trato preferencial pese a la magnitud del desfalco.
La sombra de la impunidad
Si la jueza concede la libertad anticipada, Duarte saldría libre sin devolver un solo peso de los miles de millones desviados y sin enfrentar nuevos cargos. La mayoría de sus excolaboradores siguen prófugos o protegidos por el fuero legislativo.
El caso Duarte no solo representa uno de los mayores escándalos financieros del “Nuevo PRI”, sino también un símbolo de cómo la impunidad sigue marcando la vida política mexicana.
Claudia Sheinbaum anunció el Centro Público de Formación en IA, que capacitará a 10 mil jóvenes en 10 estados y busca convertir al país en potencia tecnológica mundial.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA), el cual se proyecta como la escuela de IA más grande de América Latina. El evento se realizó en el Instituto Tecnológico de Tláhuac, en la Ciudad de México, donde la mandataria destacó que esta iniciativa colocará a México “en el camino para convertirse en una potencia científica, tecnológica y humanista”.
El programa, impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ofrecerá 20 trayectos de especialización certificados por el sector público y privado, con sedes presenciales en 10 ciudades del país: Ciudad de México, Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit. La primera generación estará conformada por 10 mil jóvenes, quienes podrán inscribirse a través del portal labmexia.gob.mx.
Durante la presentación, el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, subrayó que “hoy nace la escuela de IA y código más grande del continente”, destacando que no existe otro esfuerzo de formación tecnológica pública de esta magnitud en América Latina.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el objetivo es convertir a la capital y al país entero en una potencia digital, al reconocer que la inteligencia artificial es la nueva infraestructura del desarrollo.
El Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, que coordina el proyecto, busca democratizar el acceso al conocimiento digital y fortalecer la vinculación entre educación, tecnología e innovación, en colaboración con la iniciativa privada.
Sheinbaum destacó que el programa marca un nuevo capítulo en la transformación educativa del país, orientado a preparar a las nuevas generaciones para los retos del futuro: “Vamos a hacer de México una potencia científica, tecnológica y humanista, un país aún más grandioso del que tenemos hoy”, expresó ante cientos de jóvenes que asistieron al acto inaugural.
El dictamen impulsado por el gobierno de Clara Brugada y aprobado por unanimidad busca frenar los despojos con penas más severas, nuevas agravantes y sanciones a notarios negligentes.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones un dictamen de reforma que endurece las penas contra el delito de despojo, con sanciones de seis a once años de prisión y multas superiores a 113 mil pesos para quienes incurran en esta práctica.
La iniciativa, propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y respaldada por legisladores de diversas bancadas, incluye reformas al Código Penal, Código Civil, Ley Registral y Ley del Notariado capitalinos. El objetivo es cerrar el paso a fraudes inmobiliarios, suplantación de identidad y actos simulados utilizados para despojar a familias de sus viviendas o terrenos.
Entre las nueve nuevas agravantes, el dictamen contempla penas más altas cuando el despojo se cometa con documentos falsos o alterados, cuando lo perpetre un funcionario público, o cuando las víctimas sean personas adultas mayores. También se sancionará con mayor severidad si el acto ocurre en Áreas Naturales Protegidas o involucra usurpación de identidad.
En materia civil, la reforma introduce el concepto de “mala fe” cuando la posesión derive de un acto jurídico simulado, de un título inválido o de un contrato no inscrito cuyo propósito sea obtener un beneficio indebido o perjudicar a un tercero. Además, los notarios públicos serán responsables si, por negligencia o mala fe en la verificación de documentos, facilitan un despojo.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, señaló que el despojo no sólo implica la pérdida de un bien material, sino también la afectación emocional y económica de las víctimas. Denunció que este delito es cometido frecuentemente por redes delictivas coludidas con autoridades o notarios, quienes utilizan violencia y vacíos legales para apropiarse de inmuebles.
De igual manera, recalcó que combatir el despojo requiere acción colectiva y compromiso institucional para proteger el derecho de propiedad y garantizar la legalidad en la capital. El dictamen fue aprobado por unanimidad en las comisiones unidas y turnado a la Mesa Directiva del Congreso capitalino para su discusión y votación en el pleno.
El Congreso peruano acusa a la mandataria mexicana de “injerencia política” tras otorgar asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, cercana al expresidente Pedro Castillo.
El Congreso de la República del Perú declaró, otra vez, persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que su gobierno otorgara asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del destituido mandatario Pedro Castillo. La moción fue aprobada con 63 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones, reflejando una nueva tensión diplomática entre ambos países.
El documento aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores sostiene que las declaraciones y acciones de Sheinbaum constituyen una “intromisión en los asuntos internos del Perú” y una ofensa al sistema democrático de ese país. Según el texto, la mandataria mexicana habría mantenido una postura “hostil” hacia Lima desde que asumió la presidencia en octubre de 2024, al defender públicamente a Pedro Castillo y respaldar a su exfuncionaria Betssy Chávez, detenida por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022.
¡El Perú se respeta! 🇵🇪 El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/1qTvFC85OR
Durante el debate parlamentario, legisladores de derecha calificaron el asilo como una provocación diplomática, mientras que los congresistas de izquierda defendieron la decisión mexicana bajo el argumento del derecho humanitario y la protección política internacional. Algunos criticaron que el Parlamento peruano solo condene a líderes de izquierda, citando los casos de Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil, quienes también han ofrecido refugio a perseguidos políticos.
El texto aprobado advierte que la postura de Sheinbaum podría afectar las relaciones bilaterales en materia de comercio, seguridad y migración, y recuerda que la Doctrina Estrada, adoptada históricamente por México, rechaza la intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Desde que Sheinbaum asumió el poder, Lima y Ciudad de México han mantenido una relación marcada por la tensión política. La presidenta mexicana ha calificado a Pedro Castillo como “el legítimo presidente del Perú” y ha pedido en reiteradas ocasiones su liberación.
Con esta nueva resolución, el Parlamento peruano repite el mismo show diplomático que en 2023 adoptó contra Andrés Manuel López Obrador por sus críticas contra la exmandataria Dina Boluarte y su negativa de entregarle el liderazgo de la Alianza del Pacífico.
La Secretaría de Marina interceptó embarcaciones con 2.5 toneladas de cocaína, equivalente a 5 millones de dosis, en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y la FGR.
Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) lograron el aseguramiento de aproximadamente 2.5 toneladas de cocaína durante una operación marítima frente a las costas de Michoacán, afectando así al crimen organizado con pérdidas estimadas de casi 980 millones de pesos.
De acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los patrullajes de vigilancia marítima y aérea permitieron detectar una embarcación con 47 bultos de cocaína que sumaban 1,354 kilogramos, y una segunda carga con 40 bultos adicionales, con 1,196 kilogramos, alcanzando así un total de 2.5 toneladas decomisadas.
La Secretaría de Marina @SEMAR_mx en una operación marítima en las costas de Michoacán, aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína. Con este resultado, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar, evitando que millones… pic.twitter.com/sEwKqVyHZM
La Marina destacó que esta acción evitó que alrededor de 5 millones de dosis de droga lleguen a la sociedad, consolidando de esta manera un golpe significativo al narcotráfico en el Pacífico mexicano. Desde el inicio de la actual administración, las autoridades han asegurado un total de 51 toneladas de cocaína en operaciones de altamar.
El operativo fue coordinado por la SEMAR, en colaboración con la Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la SSPC, reforzando las acciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre para garantizar el Estado de derecho en aguas nacionales y prevenir actividades delictivas.
De esta manera, las autoridades federales reiteran su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada a través del Gabinete de Seguridad, con el objetivo de impedir que sustancias ilícitas lleguen a manos de la población y fortalecer la seguridad en el territorio nacional.
