El ascenso político de Manolo Jiménez Salinas, actual gobernador de Coahuila, no puede entenderse sin observar el otro rostro de su carrera: el de empresario inmobiliario a costa de las tierras de Coahuila.
De regidor a empresario: la doble carrera de Manolo Jiménez
Nacido en Saltillo, Manolo Jiménez ha transitado por todos los peldaños del poder local: regidor, diputado, alcalde reelecto y secretario estatal antes de convertirse en gobernador. Pero mientras su carrera política avanzaba, también lo hacía su faceta empresarial… y no de manera muy honesta que digamos. En paralelo a sus cargos públicos, Jiménez se asoció en dos firmas del ramo inmobiliario: Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios Dimasa, de la que posee el 50%, y JISA Bienes Raíces, donde controla el 15%.
Ambas empresas se vincularon directamente con contratos y permisos otorgados por gobiernos priistas, incluido el suyo. JISA, por ejemplo, apareció en el Padrón de Proveedores del Gobierno de Coahuila y de la Universidad Autónoma del estado, entre 2016 y 2019, lo que ha sido interpretado por observadores como un caso de tráfico de influencias. Mientras tanto, Dimasa participó en el desarrollo de fraccionamientos y obras privadas que prosperaron bajo su administración municipal.
Terrenos “donados” y propiedades inexplicables
En su declaración patrimonial de 2023, Jiménez reportó cinco inmuebles con un valor total de 3.6 millones de pesos. Lo más llamativo es que dos de ellos le fueron “donados”: un terreno de 692 metros cuadrados valuado en 1.2 millones de pesos y otro de 681 metros cuadrados con un precio de 1.1 millones. Ambos ingresaron a su patrimonio el 23 de diciembre de 2014, cuando el priista aún era diputado local. Sin embargo, en la documentación presentada no se detalla quién realizó las “donaciones” ni el motivo.
De igual manera, el resto de sus propiedades tampoco pasa inadvertido: un terreno adquirido por 255 mil pesos en 2011, una casa de 809 metros cuadrados por apenas 131 mil pesos, y otra de 115 metros cuadrados por 900 mil pesos. Todas las compras se realizaron durante su paso por el Congreso local, en un periodo en el que su salario no explicaría adquisiciones de ese tipo.
El cártel inmobiliario: negocios familiares bajo protección política
De acuerdo con diversas investigaciones y denuncias políticas, el “cártel inmobiliario” que hoy encabeza Jiménez no nació con él, sino con su abuelo, Luis Horacio Salinas, conocido en los años setenta como “la Rata del Desierto” por haberse apropiado de terrenos públicos durante su gestión como delegado agrario. La estructura familiar, sostienen críticos y opositores, se ha mantenido intacta durante tres generaciones, con una estrategia de acaparamiento de tierras, manipulación de permisos y expansión de capital hacia Estados Unidos.
Durante su gestión como alcalde de Saltillo (2018-2022), el municipio otorgó 18 permisos de construcción a empresas ligadas a su familia, entre las cuales se encuentran:
- Verjip Constructores Inmobiliarios: de su padre Manuel Jiménez Flores, con seis licencias
- Jiménez Bienes Raíces: de su tío Jorge Alberto Jiménez, con ocho
- JISA Bienes Raíces: su propia empresa, con cuatro permisos.
Cabe mencionar que una de las construcciones de JISA estuvo involucrada en un accidente mortal en el que tres agentes de la Fiscalía perdieron la vida tras la explosión de un tanque de gas. El peritaje reveló que la casa carecía de cimientos, pero la investigación judicial fue archivada sin consecuencias.
De Saltillo a Texas: las huellas del dinero
Los señalamientos más graves apuntan a que la red familiar de Jiménez traspasó las fronteras mexicanas. De acuerdo con denuncias presentadas en 2023, la familia es propietaria del Peninsula Island Resort & Spa, LLC, en South Padre Island, Texas, valuado en 25 millones de dólares, además de otros inmuebles en Brownsville y zonas aledañas.
Estas propiedades, estiman las investigaciones, forman parte de una fortuna que podría superar los 30 millones de dólares, presuntamente levantada con recursos provenientes del uso de información privilegiada, favoritismos institucionales y donaciones poco transparentes.
El respaldo del poder y la impunidad estructural
El ascenso de Jiménez no puede explicarse sin el respaldo de los viejos caciques del moreirismo y del aparato priista que ha gobernado Coahuila por más de ocho décadas. Ricardo Mejía Berdeja, excandidato del PT, lo acusó de contar con el respaldo del llamado “cártel del cristal”, una red de mandos policiales y funcionarios estatales señalados por corrupción, tráfico de drogas y extorsión.
Pese a la gravedad de las denuncias, ninguna autoridad federal o estatal ha abierto una investigación formal sobre las propiedades o las empresas de Jiménez. Las instituciones encargadas de la fiscalización —la Secretaría de Fiscalización y la Fiscalía General del Estado— han mantenido silencio, reproduciendo un patrón de impunidad selectiva que ha caracterizado a la política coahuilense.
Un nuevo rostro para el mismo viejo PRI
Hoy, Manolo Jiménez encarna la “renovación” aparente del PRI, un rostro joven para una estructura que conserva sus viejas prácticas: tráfico de influencias, enriquecimiento patrimonial y control de los organismos públicos. Su trayectoria muestra que en Coahuila, la política y el negocio inmobiliario siguen siendo dos caras del mismo poder.
Detrás del discurso de modernidad y desarrollo urbano, persiste un modelo de privilegio heredado que concentra la riqueza, manipula la planeación urbana y utiliza la función pública como vehículo para el enriquecimiento familiar.
El llamado “cártel inmobiliario” no solo es una metáfora. Es, como muestran los documentos y las denuncias, un sistema institucionalizado de poder y propiedad, cuyo epicentro se encuentra en los apellidos Jiménez y Salinas, y cuya sombra se extiende desde los cerros de Arteaga hasta las costas de Texas.
Epílogo: el político que perdió el control
Ya en 2025, Manolo Jiménez enfrenta un desgaste político visible. En un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Torreón, los abucheos contra el gobernador obligaron a la mandataria a intervenir para calmar a sus simpatizantes. Lo ocurrido en la inauguración del Hospital Regional del ISSSTE reflejó no solo el malestar creciente entre los coahuilenses, sino también el aislamiento político del único gobernador priista que sobrevive en el mapa nacional.
En apenas un año, su aprobación cayó de casi 70% a poco más del 50%, impulsada por la inseguridad creciente, la opacidad en el gasto público y la pérdida de calidad en los servicios estatales. A ello se suma la ingobernabilidad en regiones clave del estado, donde grupos criminales han empezado a disputar corredores industriales y carreteros.
Mientras tanto, Jiménez parece concentrado en su futuro político nacional. Se le menciona como posible líder del PRI una vez que Alejandro Moreno “Alito” deje el cargo, aunque hay quienes aseguran que el coahuilense ya coquetea con Morena y busca ganarse el favor de Sheinbaum para mantenerse vigente.
Para lograrlo, habría instruido a su administración a movilizar todo el aparato estatal de cara a las próximas elecciones de jueces, buscando demostrar que Coahuila puede entregar votaciones ejemplares. Sin embargo, su apuesta por congraciarse con el poder federal podría resultar costosa: su popularidad se erosiona al ritmo que se multiplican los cuestionamientos sobre corrupción, inseguridad y control político.
A casi dos años de haber asumido el poder, Manolo Jiménez Salinas enfrenta el mismo dilema que ha hundido a tantas figuras del viejo PRI: sostener el poder a cualquier precio, incluso si eso implica cambiar de camiseta. Su historia, tejida entre negocios familiares, lealtades políticas y ambiciones personales, sigue siendo el reflejo más nítido de un sistema que se niega a morir, aunque sus cimientos —como las casas de su constructora— parezcan ya resquebrajarse.
