Por Nathael Pérez
A doce meses del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, su segundo mandato ha resultado en aranceles agresivos, deportaciones masivas, abusos documentados en el sistema migratorio, tensiones internacionales y acusaciones de autoritarismo.
A un año de haber iniciado su segundo mandato, Donald Trump ha reactivado y endurecido las políticas más rancias de su primer periodo. ¿El resultado? Un país más polarizado, con una agenda económica proteccionista, una política migratoria sin precedentes y señalamientos crecientes por violaciones a derechos humanos.
Aranceles: economía como arma política
Desde enero de 2025, Trump retomó una estrategia comercial basada en imponer aranceles generalizados. La Casa Blanca impuso o amenazó con la imposición de tarifas de hasta 25% a productos de socios estratégicos y llegó a plantear aranceles de 200% a vinos y bebidas europeas en disputas diplomáticas. Estas medidas provocaron represalias de la Unión Europea y una nueva escalada en la guerra comercial.
Informes del Congreso de EUA documentan múltiples acciones arancelarias durante 2025, mientras análisis económicos vinculan esta política con volatilidad en los mercados, caída de inversiones extranjeras —en algunos casos de hasta 45%— e incertidumbre para empresas y consumidores.
Deportaciones: cifras récord y presión sistemática
La política migratoria se convirtió en el eje central del gobierno. Datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que durante el primer año del segundo mandato se registraron más de 600 mil deportaciones directas, además de cerca de 1.9 millones de salidas forzadas indirectas: personas que abandonaron el país ante el endurecimiento de las medidas.
El sistema de detención migratoria alcanzó niveles históricos, con más de 70 mil personas bajo custodia de ICE en promedio, la cifra más alta desde la creación del DHS en 2001. El propio gobierno estableció como objetivo político un millón de deportaciones anuales, meta que, aunque no se cumplió plenamente, aceleró y endureció las operaciones.
ICE: muertes, violencia y protestas
El aumento de redadas y detenciones trajo consecuencias graves, pues registros oficiales y reportes periodísticos documentaron un incremento inédito de muertes bajo custodia migratoria, superando en un solo año las registradas en varios periodos anteriores combinados.
A ello se sumaron casos de uso letal de la fuerza por parte de agentes de ICE, incluido el asesinato de una ciudadana estadounidense durante un operativo, hecho que detonó protestas masivas y reavivó el debate nacional sobre la continuidad y supervisión de la agencia.
Violación a los derechos humanos
Organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, calificaron la situación en EUA como una emergencia de derechos humanos, en lo que describen como una erosión de libertades civiles, persecución sistemática de comunidades migrantes y concentración del poder en el Ejecutivo.
Durante este primer año, Trump firmó más de 220 órdenes ejecutivas, muchas de ellas relacionadas con migración, seguridad y economía, lo que generó críticas por debilitar los contrapesos institucionales y el papel del Congreso.
Un país sumido en protestas
Las políticas del segundo mandato provocaron movilizaciones nacionales en los 50 estados, rechazo de gobiernos locales y una caída sostenida en los indicadores de aprobación presidencial, especialmente en los rubros de economía e inmigración, donde la desaprobación supera ampliamente el 50%.
En el plano internacional, EUA enfrenta relaciones deterioradas con aliados históricos, un liderazgo cuestionado y un entorno comercial cada vez más hostil.
