Durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, explicó en detalle la propuesta de reforma al Poder Judicial que busca transformar la elección de jueces, magistrados y ministros en un proceso más democrático. Actualmente, los ministros son propuestos por el presidente y seleccionados por el Senado, mientras que los jueces y magistrados son designados a través de un proceso cerrado. La reforma plantea que todos estos cargos sean elegidos por el voto directo, libre y secreto de la ciudadanía, abriendo el proceso a todos los abogados con licenciatura, altas calificaciones, cartas de recomendación y ensayos que respalden su candidatura.
Además, la reforma incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con amplias facultades para investigar y sancionar a los juzgadores que no actúen con probidad. Este tribunal, integrado por magistrados electos por voto popular, tendría la autoridad para imponer sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución.
La evaluación del desempeño de jueces y magistrados también es un pilar fundamental de la propuesta. Se contempla que, cada nueve años, los funcionarios judiciales sean ratificados mediante voto popular y, durante el primer año de su encargo, sean evaluados con la posibilidad de ser destituidos en caso de mal desempeño.
En cuanto a la austeridad y transparencia, la reforma establece la eliminación de privilegios y haberes de retiro, topando los sueldos a la remuneración presidencial. También se eliminarían los fideicomisos, cuyo capital se reintegraría para implementar la reforma y asegurar que los derechos laborales de los trabajadores estén garantizados.
Finalmente, se anunció un proceso electoral extraordinario que se llevará a cabo en dos etapas, iniciando en junio de 2025, donde se renovarán los cargos de ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina, y otras posiciones clave dentro del Poder Judicial. Las campañas de los candidatos serán cortas y no podrán recibir financiamiento público o privado, pero se les garantizarán tiempos en radio y televisión para exponer sus propuestas. La paridad de género será un criterio esencial en la asignación de estos cargos, alternando entre hombres y mujeres según los resultados de la votación.
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