En un desarrollo judicial significativo, la jueza de control Patricia Sánchez Nava vinculó a proceso a cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por una serie de delitos graves que incluyen peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los imputados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública. Estos exfuncionarios han sido mantenidos en prisión preventiva debido al daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos que se les atribuye.
La audiencia, que se prolongó durante casi 22 horas, concluyó con la determinación de un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Este período permitirá a las partes involucradas recopilar pruebas adicionales y profundizar en el análisis de los datos presentados en la carpeta de investigación. La complejidad del caso y la necesidad de un análisis exhaustivo justifican este plazo, que busca asegurar que todas las evidencias sean consideradas adecuadamente.
El caso en cuestión se centra en la adquisición irregular de inmuebles para siete cuarteles policíacos en diferentes municipios de Michoacán, como Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Las autoridades federales han detectado que estos inmuebles fueron arrendados y posteriormente comprados a través de una empresa llamada Inmobiliaria Dip, que fue creada en 2015 y recibió la encomienda por adjudicación directa. Esto ha generado sospechas sobre la mala administración de los recursos públicos.
Los estudios posteriores realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales revelaron sobreprecios significativos en las transacciones. Por ejemplo, en Apatzingán se pagó un sobreprecio de 76 millones de pesos; en Huetamo, de 37.4 millones; en Jiquilpan, de 90.4 millones; en Lázaro Cárdenas, de 163.4 millones; en Uruapan, de 64.2 millones; en Coalcomán, de 116 millones; y en Zitácuaro, de 103.8 millones. Estos hallazgos han fortalecido las acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos.
En una audiencia posterior, los abogados de Antonio Bernal, Mario Delgado y Elizabeth Pineda solicitaron el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a libertad provisional. Sin embargo, la juez Patricia Sánchez Nava negó este cambio para Mario y Antonio, mientras que la defensa de Elizabeth se desistió de su solicitud. Por lo tanto, los cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles permanecerán en prisión y serán juzgados por todos los delitos que se les imputan.
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