El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que se ha emitido una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo por presuntos delitos de desvío de fondos relacionados con la construcción de cuarteles de policía en el estado. Aureoles se encuentra prófugo de la justicia, y la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja activamente en su búsqueda y captura. Esta situación refleja un esfuerzo por abordar la corrupción en Michoacán, donde la percepción de impunidad ha sido un tema recurrente.
La investigación, que ha durado varios años, ha revelado irregularidades significativas en la adjudicación de contratos para la construcción de cuarteles, con sobreprecios que alcanzan hasta cinco veces el valor real. Ramírez Bedolla explicó que al asumir el cargo se encontró con una “quiebra técnica” en las finanzas estatales, lo que llevó a presentar denuncias ante la FGR. La detención de varios exfuncionarios de la administración de Aureoles, incluyendo al exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, es un paso importante en la búsqueda de justicia.
— Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) March 3, 2025
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#Vídeo | El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó orden de aprehensión contra el experredista Silvano Aureoles, ahora prófugo de la justicia y señalado de varios delitos en contra del erario público. pic.twitter.com/IumVlTg0gM
La FGR continúa con las investigaciones para cumplimentar la orden de aprehensión, mientras que Ramírez Bedolla ha enfatizado que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el gobierno de Michoacán.
La estafa conocida como “La Licuadora”
En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló detalles sobre la estafa conocida como ‘La Licuadora’, que ha dejado al estado en una situación financiera crítica. Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se encuentra prófugo tras la emisión de una orden de aprehensión por delitos como peculado, administración fraudulenta y asociación delictuosa.
El gobernador destacó que un cuartel se pagó alrededor de 980 millones de pesos, lo que consideró “totalmente ilógico” y “fuera de la realidad”, ya que un cuartel similar no debería costar más de 200 millones de pesos. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se centra en cuestiones financieras y fraude en materia de seguridad pública, relacionado con el arrendamiento y construcción de cuarteles.
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