Angélica Sánchez Hernández, jueza de Veracruz, recibió una prohibición total de visitar el Centro de Readaptación Social Pacho, Viejo, donde aún permanece presa, por parte de un juez federal lo que la protege de cualquier posible acto de tortura o maltrato allí.
Hernández aseguró que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, la perseguía por su condición de jueza y que su vida corría peligro dentro del penal.
Al respecto, Roberto Santos Maldonado Morales, juez de control, informó que ordenó a las autoridades del penal respetar los derechos humanos e integridad de la impartidora de justicia, resguardarla en lugar separado de la población de internos y abstenerse de proferir cualquier tipo de maltrato.
Por otra parte, el director del centro penitenciario afirmó que cumplió a cabalidad con la suspensión, por lo que Angélica Sánchez no había sufrido ningún tipo de tortura, maltrato o aislamiento, y que había estado en contacto con su familia, amigos y abogados para proteger su derechos humanos.
Desde que el fiscal estatal ha imputado a Sánchez Hernández por tráfico de influencias y delito contra la fe pública, ella ha abogado por un juicio de amparo contra la prisión preventiva del 16 de junio que le fue impuesta.
En su demanda, la juez apeló la determinación del juez de control de realizar la audiencia inicial de forma privada, lo que aseguró, “constituye un acto de imposible reparación, en el sentido de que se afecta uno de los principios rectores del proceso penal acusatorio sin una justificación válida”.
Incluso mencionó que cuando fue detenida en la Ciudad de México, miembros de la Guardia Nacional (GN) no le mostraron la orden de aprehensión, la cual aseguró no era válida porque fue emitida por una autoridad incompetente por cuestiones territoriales y porque tenía suspensión provisional.
No obstante, dos jueces de distrito se declararon incompetentes para resolver el juicio de amparo. Fabiola Viridiana Ramos Castillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en materia Penal, explicó que la demanda debe ser resulta por Daniela María León Linarte, titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito, toda vez que fue quien le otorgó la suspensión contra la orden de aprehensión.
León Linarte rechazó asumir la competencia, debido a que los actos reclamados en los dos juicios de amparo no guardan relación entre sí, al no derivar de la misma carpeta de investigación o causa penal. El caso se podría turnar a un tribunal colegiado para que resuelva el conflicto competencial.
¿De que se le acusa a la jueza Angélica Sánchez?
La Fiscalía General del Estado de Veracruz imputó a Angélica Sánchez como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público.
Ante esto, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante un año.
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