En un nuevo intento por invalidar la reforma judicial recientemente promulgada, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Norma Piña, aceptó un recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Circuito (Jufed). Este recurso, que busca detener la implementación de la reforma, fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su resolución urgente.
El argumento de los jueces y magistrados es que la reforma judicial “afecta la autonomía del Poder Judicial de la Federación y compromete la independencia de sus miembros”, lo que, según ellos, pone en riesgo el principio de división de poderes. Sin embargo, es evidente que estas acciones no son más que un intento por violar la legalidad y proteger los excesos que han marcado a ciertos sectores del Poder Judicial, todo ello a costa del pueblo.
Reforma judicial: Un cambio necesario ante la resistencia de la élite judicial
La reforma, que ya fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y publicada en el DOF este 15 de septiembre, busca establecer un marco legal más transparente y equitativo, erradicando privilegios que han beneficiado a la élite judicial por años. Sin embargo, desde la promulgación de la reforma, ciertos sectores del Poder Judicial han intentado frenar su avance, utilizando recursos legales y movilizando influencias para mantener el status quo.
El ministro González Alcántara Carrancá deberá determinar si el recurso presentado por los jueces y magistrados tiene carácter de urgente, y elaborar un proyecto de sentencia que posteriormente será votado en el Pleno de la Suprema Corte. Paralelamente, la ministra Lenia Batres tiene pendientes otros dos recursos relacionados con la misma reforma, entre ellos una consulta similar y la revisión de un juicio de amparo que evalúa los desacatos del Legislativo y Ejecutivo respecto a las suspensiones de la reforma.
Intereses judiciales a costa del bienestar del pueblo
Este recurso, promovido por quienes han disfrutado de los excesos dentro del Poder Judicial, representa un claro intento por mantener privilegios y evitar los cambios que la reforma propone, argumentando “defensa de la autonomía”. No obstante, la reforma judicial fue diseñada para garantizar un sistema más justo y accesible, que responda a las demandas de la ciudadanía y combata la corrupción en el sistema judicial.
El pueblo ha dejado claro que está a favor de un cambio en el Poder Judicial, un cambio que termine con la opacidad y proteja los derechos de todos, no solo de unos cuantos privilegiados. Con cada recurso que los opositores promueven, intentan postergar una reforma que ya fue respaldada por el Congreso y que busca beneficiar a la mayoría.
La resolución pendiente
La decisión del ministro González Alcántara Carrancá será clave en los próximos días, ya que definirá si el recurso promovido por los magistrados es procedente y si el Pleno de la Suprema Corte deberá votar sobre la controversia. De ser así, el debate será crucial para determinar si México podrá avanzar hacia un sistema judicial más equilibrado o si continuará siendo controlado por intereses que han priorizado sus beneficios por encima del bienestar general.
La lucha por mantener ciertos privilegios dentro del Poder Judicial sigue, pero las reformas aprobadas representan una oportunidad para el fortalecimiento de la justicia en México.
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