Una investigación periodística del medio El CEO reveló que empresarios cercanos a Adán Augusto López han recibido contratos millonarios del Centro Nacional de Gas Natural. Las irregularidades y vínculos familiares generan sospechas sobre la transparencia en las licitaciones.
Recientes investigaciones revelan que empresas vinculadas al senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, recibieron contratos por 795 millones de pesos de parte del Centro Nacional de Gas Natural (Cenagas).
La licitación en cuestión benefició a CM Ingeniería y Asesoría, encargada del mantenimiento y rehabilitación de sistemas de transporte de gas en la región de Cárdenas. Kléber José Guillermo Quintero, exdirector ejecutivo de recursos materiales de Cenagas, firmó los contratos, un vínculo que despierta preocupaciones sobre conflictos de interés.
Entre los beneficiarios de estos contratos está Óscar Emilio Guillermo Quintero, hermano de Kléber y fundador de CM Ingeniería. También se menciona a Miguel Vicente Solís Erosa, amigo cercano de López Hernández y socio en esta empresa. Además, el consorcio interactúa con Manuel Alberto Pinto Castellanos, exconcuño del senador y actualmente bajo investigación.
Las dudas se agravaron cuando se descubrió que Miguel Solís Erosa transfirió 11.5 millones de pesos a Pinto Castellanos por “servicios profesionales”. Esta transferencia ocurrió poco tiempo después de la licitación, lo que aumenta las sospechas de nepotismo y corrupción.
Los lazos entre los miembros del consorcio ganador son inquietantes. Grupo Sodi, otro de los ganadores, tiene conexiones con Abraham David Alipi Mena, exdirector de Cenagas y amigo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Constructora Elvic también obtuvo contratos, y tiene vínculos con la familia de Hernán Bermúdez Requena, quien enfrenta acusaciones graves durante la gestión de Adán Augusto como gobernador de Tabasco.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) había advertido en 2024 sobre las irregularidades en Cenagas. Se descubrieron 620 millones de pesos desaparecidos en un proyecto anterior. Además, de 1,279 millones solicitados a la Secretaría de Hacienda, solo fueron comprobados 659.5 millones, lo que sugiere problemas de gestión.
Las declaraciones de Adán Augusto, quien afirmó “no recordar” la empresa CM Ingeniería cuando se le cuestionó, también generan escepticismo. Este tipo de incidentes manchan la imagen de la administración actual y plantean serias preguntas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
La situación exige una atención inmediata. Los ciudadanos merecen claridad sobre cómo se manejan los contratos y los vínculos entre el sector público y empresarios privados. La confianza en las instituciones se basa en la transparencia y la rendición de cuentas.
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