La reciente supervisión del fiscal estatal, Salvador González de los Santos, en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, ha generado un amplio debate sobre la eficacia de la administración del gobernador Pablo Lemus y su equipo en la atención a los casos de personas desaparecidas en el estado.
Supervisión y reconocimiento de fallas
Las declaraciones del fiscal, que reconocieron la insuficiencia de los trabajos de búsqueda y la necesidad de investigar posibles omisiones de autoridades, han puesto de relieve una preocupante falta de acción y respuesta ante una crisis humanitaria que afecta a cientos de familias en Jalisco.
La situación se ha vuelto aún más alarmante tras el reclamo del Colectivo Buscadores Guerreros de Jalisco, que evidenció la ineficacia de la Fiscalía del Estado en sus labores de búsqueda. A pesar de que la primera búsqueda de restos humanos se llevó a cabo el 19 de septiembre, el fiscal admitió que los esfuerzos iniciales fueron claramente inadecuados y que se están llevando a cabo investigaciones para determinar las responsabilidades de las autoridades involucradas. Esta falta de diligencia plantea serias interrogantes sobre la capacidad y la voluntad del gobierno estatal para enfrentar la realidad de la violencia y la desaparición en Jalisco.
Dependencia de la intervención federal
Además, la invitación de González de los Santos a las autoridades federales para que se sumen a las investigaciones, aunque suena a un intento de mayor transparencia, también puede interpretarse como un reconocimiento tácito de que la Fiscalía Estatal no ha sido capaz de manejar la situación de manera efectiva. Es preocupante que la administración de Lemus, que prometió un enfoque renovado hacia la seguridad y los derechos humanos, aún dependa de la intervención federal para abordar un problema de tal magnitud.
Urgencia de una respuesta eficaz
Los hallazgos recientes de pertenencias, incluyendo prendas y artículos de higiene personal en el rancho, subrayan la urgencia de una respuesta más eficaz. Si bien el fiscal ha garantizado que se seguirán realizando análisis forenses y que se tratará cada hallazgo con el debido respeto, la realidad es que la comunidad ha estado clamando por acción y resultados concretos desde hace tiempo. La falta de un seguimiento adecuado y la tardanza en la respuesta a las denuncias de desapariciones han dejado a muchas familias en un limbo de dolor y desesperación.
Falta de compromiso con la justicia
Es inaceptable que, a más de tres años de la implementación de políticas públicas para enfrentar la desaparición de personas en Jalisco, las evidencias de omisiones y negligencias sigan saliendo a la luz. La administración de Pablo Lemus y su fiscal deben rendir cuentas y demostrar que están verdaderamente comprometidos con la búsqueda de justicia y la atención a las víctimas, en lugar de permitir que la burocracia y la ineficiencia sigan dictando el rumbo de las investigaciones.
Exigencias de la ciudadanía
La ciudadanía exige acciones concretas y un cambio real en la forma en que se manejan estas tragedias. La falta de respuestas claras y efectivas no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que también socava la confianza en las instituciones que deberían proteger sus derechos y su dignidad. La situación en Jalisco es crítica, y es momento de que los responsables actúen con la urgencia y el compromiso que la grave situación demanda.
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