El pasado lunes, el nuevo gobierno colombiano dio su primer gran paso político y económico. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó en la Cámara de Representantes una reforma tributaria ambiciosa. Busca recaudar 26 billones de pesos adicionales en 2023, el 1,78% del PIB o unos 6 mil millones de dólares, y lo hace esencialmente cargando más a las personas de mayores ingresos, a empresas financieras y del sector extractivo, y a productos poco saludables o contrarios al ambiente.
En su presentación, Ocampo resaltó que la reforma busca mantener la estabilidad fiscal del país y reducir la desigualdad y la pobreza, dos metas alineadas con el discurso del primer gobierno elegido por la izquierda en el país.
Aclaró que el cálculo es que la reforma reduciría el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad, en el que 0 sería la igualdad perfecta y el 1 la concentración de todo en una sola persona) de 0,514 a 0,491, la primera vez desde que se calcula en la que el país quedaría por debajo de 0,5. También resaltó que la propuesta, de ser aprobada como está por el Congreso, solo afectará a las personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes, el 2% de los colombianos. Eso marca una distancia con las reformas presentadas por el gobierno anterior, que afectarían a más personas.
La propuesta no modifica el IVA, el impuesto al valor agregado que se cobra a los consumidores e impacta a todos los consumidores, elimina a los muy criticados días sin IVA y crea un impuesto del 10% a la venta de bebidas azucaradas y a alimentos ultraprocesados. “Esto no es para generar plata, el recaudo ideal de estos impuestos es cero” dijo Ocampo, este lunes, sobre estos llamados impuestos saludables.
En cambio, la reforma se concentra en aumentar los impuestos de renta y ganancias ocasionales solo para los de mayores ingresos, y crear un impuesto permanente el patrimonio para quienes tengan más de 3.000 millones de pesos, algo así como 700 mil dólares. Con todos esos cambios Hacienda espera recoger más de 8 billones en 2023, el 0,56% del PIB o alrededor de 1.860 millones de dólares.
El resto del recaudo llegaría de impuestos a empresas concretas. No es un aumento general de la tarifa del impuesto de renta, como hicieron en el pasado los gobiernos, ya que son altos en comparación con otros países. En especial, haría permanente una sobretasa del 3% al impuesto de renta que hoy paga el sector financiero, pero de forma temporal. También busca cobrar un 10% a las exportaciones mineras y petroleras cuando el precio internacional de cada producto esté muy alto y reduciría los beneficios de las Zonas Francas, entre otras.
Además de los impuestos saludables, la reforma busca crear impuestos ambientales a plásticos de un solo uso y al carbono, con lo que refuerza el mensaje de protección ambiental que está en el corazón de Gobierno de Gustavo Petro.
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