La alcaldía Cuauhtémoc enfrenta un aumento alarmante de desalojos extrajudiciales. En el último año, se incrementó la cifra de ciudadanos de la alcaldía gobernada por el PAN, que son desplazados silenciosamente sin respaldo de orden judicial, donde aparte de perder su vivienda, se pierde tejido social, memoria comunitaria y espacios identitarios.
Las quejas por violaciones a derechos humanos relacionadas con desalojos en la Ciudad de México se han multiplicado en los últimos años, y la alcaldía Cuauhtémoc, (gobernada actualmente por Alessandra Rojo de la Vega) concentra el mayor número de expedientes entre las demarcaciones de la capital ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con 30 de los 81 casos registrados desde 2023 hasta finales de 2025.
Vecinos han denunciado la llegada de grupos armados o particulares que, sin orden judicial ni notificación previa, han expulsado a residentes de sus casas, acumulando muebles y objetos personales en la vía pública, mientras los afectados han tenido que bloquear calles en protesta por estos desalojos ilegales.
Estas expulsiones han ocurrido con presiones inmobiliarias y alza en los precios de renta, que impulsan la gentrificación de zonas como las colonias Roma y Condesa, desplazando a familias de sectores populares a otras partes de la ciudad o periferia. Todo esto con intereses de desarrollo que priorizan proyectos comerciales y habitacionales de alto valor por encima de la permanencia de comunidades con arraigo histórico.
Durante 2025, el Poder Judicial de la Ciudad de México contabilizó 352 procesos civiles de arrendamiento que concluyeron en desalojos en distintos puntos de la capital, sin contar los casos que no se registran de forma legal. A ello se suma que, cada año, alrededor de 100 mil personas se ven obligadas a abandonar sus viviendas por incremento en rentas y costo de vida en la ciudad.
La colonización de espacios por usos turísticos, comerciales o de servicios de alto costo no solo sube las rentas, sino que reconfigura el paisaje social, generando pérdida de memoria urbana y ruptura de lazos comunitarios que han dado vida a mercados, talleres, estudios culturales y espacios de intercambio vecinal.
Al día de hoy, la alcaldesa Rojo de la Vega, no ha garantizado transparencia ni intervención oportuna para evitar abusos, lo que muestra la ausencia de una política pública que armonice el desarrollo urbano teniendo como prioridad la protección de las comunidades residentes. Haciendo que estos desalojos silenciosos amenacen con transformar no sólo el paisaje físico de la Cuauhtémoc, sino también su esencia social y cultural.
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