Israel ha comenzado a preparar de manera operativa la implementación de la pena de muerte para personas palestinas detenidas, tras la aprobación en primera lectura de un proyecto de ley que amplía el uso de la pena capital en casos relacionados con “terrorismo”, una decisión que no solo rompe con estándares internacionales de derechos humanos, sino que consolida un sistema penal abiertamente discriminatorio y de carácter punitivo contra la población palestina.
El impulso de esta reforma proviene directamente del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, figura ultraderechista. Su iniciativa, aprobada en primera lectura en la Knéset, busca ampliar la pena capital para casos catalogados como “terrorismo”, una categoría aplicada de manera selectiva y casi exclusiva a palestinos, mientras que israelíes que cometen actos de violencia contra civiles palestinos rara vez enfrentan consecuencias equivalentes. Esto revela no solo un doble rasero jurídico, sino la voluntad explícita de convertir la ley en herramienta de castigo étnico y político.
La gravedad del proyecto radica en que Israel no ha aplicado la pena de muerte desde 1962, cuando ejecutó al criminal nazi Adolf Eichmann. Ahora, en lugar de avanzar hacia la abolición como la mayoría de democracias contemporáneas, el gobierno israelí retrocede hacia prácticas propias de regímenes autoritarios, normalizando la ejecución estatal en un contexto donde los palestinos ya enfrentan detenciones arbitrarias, juicios militares y condiciones carcelarias denunciadas por múltiples organismos internacionales.
Naciones Unidas ha advertido que esta medida viola el derecho a la vida y el debido proceso, especialmente en un sistema judicial donde miles de palestinos permanecen encarcelados sin juicio formal bajo la figura de “detención administrativa”. El Alto Comisionado de Derechos Humanos ha calificado la iniciativa como incompatible con el derecho internacional, señalando que podría constituir un mecanismo de represión política más que de justicia.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado durante años torturas, malos tratos, aislamiento prolongado y muertes bajo custodia en cárceles israelíes, lo que vuelve aún más alarmante la posibilidad de ejecuciones legales. En lugar de investigar estas violaciones, el Estado israelí avanza hacia un marco que legitimaría la eliminación física de opositores palestinos bajo el manto de la “seguridad nacional”.
El trasfondo de esta decisión es un proyecto político que busca consolidar el control sobre los territorios ocupados mediante el miedo y el castigo ejemplar. La llamada “Green Mile israelí” no es solo una instalación penitenciaria: es el símbolo de un sistema que criminaliza la existencia palestina y endurece el apartheid institucional denunciado por la ONU, académicos y organizaciones civiles alrededor del mundo.
Por: Jesica Ochoa
Deja un comentario