Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno toman cartas en el asunto para protección de datos personales

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno llevó a cabo el Foro de Diálogo sobre la necesidad de actualizar y modernizar el marco normativo en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La secretaría anticorrupción, Raquel Buenrostro, indicó que se busca el acompañamiento de todos los sectores involucrados para actualizar la legislación en la materia y fortalecer la cultura de protección de datos. Por otra parte, pretende incorporar mejores prácticas internacionales para colocar a México a la vanguardia. También llamó a los responsables del tratamiento de datos a ejercerlos de manera correcta y con mayor rigor, ya que cada uno de los titulares de datos depositan en ellos un voto de confianza.

El subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, destacó que México busca alinearse a los estándares internacionales más avanzados en protección de datos personales. Asimismo, reconoció que este reto va más allá y que lo urgente es modernizar una normatividad congelada desde 2010. “Desde el gobierno, nuestra tarea es clara: poner las leyes al día y asumirnos como una autoridad garante honesta, eficiente y que brinde certeza a todas las partes a través del diálogo y de la responsabilidad compartida con los sujetos regulados, desde una perspectiva de prevención, mejora continua y fortalecimiento de capacidades”, aseguró.

Por su parte, el titular de la Unidad de Protección de Datos Personales, José Vicente Peredo Vázquez, presentó los principales componentes de esta reforma y la ruta propuesta para fortalecer, desde la corresponsabilidad, la protección de los datos personales en México. Adelantó que, en sus propias palabras, “se incluirán herramientas donde nosotros podamos prever, capacitar y revisar cualquier tipo de tratamiento intensivo de datos”.

El objetivo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es impulsar, en todos los sectores de la sociedad, una reforma que retome los estándares internacionales, incorpore las mejores prácticas y ordene un marco normativo que durante años estuvo disperso, para contar con una ley clara, coherente y vanguardista, a la altura de los desafíos actuales.

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